Ciudad de México, 06/10/26 (Más).- Mientras la relación con Estados Unidos se tensa, la presidenta Claudia Sheinbaum mantiene una posición severa frente a las acciones estadounidenses y una postura laxa ante los políticos pertenecientes al Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) que han sido señalados por presuntos vínculos, protección o relaciones con grupos criminales.
El contraste volvió a manifestarse con la Academia Internacional de Capacitación Policial de Querétaro: ante la participación estadounidense en ese proyecto, la mandataria cuestionó inmediatamente el procedimiento y exigió el cumplimiento de las disposiciones federales, mientras que en casos que han alcanzado a figuras de su movimiento, como Adán Augusto López Hernández o Rubén Rocha Moya, ha condicionado cualquier señalamiento de responsabilidad a la presentación de pruebas y a las investigaciones de las fiscalías.
La controversia por la academia policial surgió después de que el gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri González, y el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, participaran el 2 de octubre de 2026 en la colocación de la primera piedra del proyecto. Cuatro días después, el 6 de octubre, durante su conferencia matutina en el Salón Tesorería de Palacio Nacional, en la Ciudad de México, Sheinbaum sostuvo que la academia no tenía las autorizaciones correspondientes para desarrollar un esquema de cooperación internacional en seguridad y resumió su postura con una exigencia: “No es que se esté en contra de algún apoyo internacional, pero hay que cumplir la ley”.
La presidenta sostuvo ese mismo 6 de octubre en Palacio Nacional que la colaboración de gobiernos estatales con agencias o instituciones extranjeras en asuntos relacionados con seguridad debe sujetarse a los mecanismos establecidos por el Gobierno federal. “Lo que pedimos a los gobernadores de los estados, al embajador y al gobierno de los Estados Unidos es que se cumplan las leyes mexicanas para todo lo que tenga que ver con la cooperación internacional”, declaró al referirse específicamente al proyecto queretano. Su posición no consistió en rechazar toda asistencia estadounidense, sino en establecer que ésta debe canalizarse mediante las instituciones federales mexicanas competentes.
El cuestionamiento había comenzado un día antes. El 5 de octubre de 2026, también durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, Sheinbaum reprochó que al acto relacionado con la academia no hubieran sido convocados representantes de instituciones federales mexicanas. “No invitaron a la Secretaría de la Defensa Nacional, no invitaron al Gabinete de Seguridad federal, no invitaron a la Secretaría de Relaciones Exteriores. Se invitó al embajador de Estados Unidos”, expresó. En esa misma conferencia sostuvo que Kuri debía explicar el proyecto y advirtió: “Tiene que dar explicaciones el gobernador, porque no puede poner una academia internacional sin la autorización del gobierno de México”.
Aunque Sheinbaum aclaró entonces que no consideraba que Kuri hubiera cometido un delito por invitar al diplomático estadounidense, sí ordenó que la Cancillería estableciera comunicación con el gobernador y con Johnson para conocer los alcances del proyecto. Su inconformidad se concentró en que una colaboración internacional vinculada con seguridad se hubiera presentado públicamente sin que las autoridades federales responsables de las relaciones exteriores y de la política nacional de seguridad participaran en el procedimiento. “Es muy importante exhibirlo y decirlo, porque si no se hace, algo normal y no es normal”, manifestó el 5 de octubre en Palacio Nacional.
La posición se inscribe en un discurso que Sheinbaum ha sostenido frente a Washington en otros episodios. El 26 de junio de 2025, durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, defendió la autonomía del Gobierno mexicano frente a decisiones estadounidenses y declaró: “México no se subordina a nadie. Somos un país libre, soberano e independiente. Nos coordinamos, colaboramos —lo hemos dicho muchas veces—, pero no nos subordinamos”. En aquella ocasión agregó: “La relación con Estados Unidos es de iguales, no de subordinación, de iguales. No somos piñata de nadie. A México se le respeta”.
La exigencia de respetar las reglas mexicanas para las operaciones o actividades de agencias estadounidenses volvió a aparecer el 7 de julio de 2026. Desde Palacio Nacional, al ser interrogada sobre una eventual participación del FBI en hechos relacionados con la captura de Ismael “El Mayo” Zambada, Sheinbaum estableció: “Las agencias de Estados Unidos tienen que cumplir con la Ley de Seguridad Nacional y la Constitución Mexicana”, y explicó que su relación con las autoridades mexicanas debe desarrollarse institucionalmente y con los permisos otorgados por la Secretaría de Relaciones Exteriores.
El lenguaje utilizado por la presidenta frente a Estados Unidos contrasta con el empleado cuando los cuestionamientos han alcanzado a personajes relevantes de Morena. Uno de los principales casos ha sido el de Adán Augusto López Hernández, exgobernador de Tabasco, exsecretario de Gobernación y senador morenista, después de que Hernán Bermúdez Requena, quien fue secretario de Seguridad y Protección Ciudadana durante su administración estatal, fuera señalado por las autoridades por su presunta relación con el grupo criminal La Barredora.
El 15 de julio de 2025, durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, Sheinbaum fue interrogada directamente sobre la posibilidad de investigar a López Hernández por los acontecimientos relacionados con Bermúdez Requena. “No, no se está investigando, de parte del gobierno no…”, respondió. Ante una segunda pregunta puntualizó: “No se ha pedido ninguna investigación”. La mandataria sostuvo que correspondía a las fiscalías realizar las indagatorias y añadió: “Y nosotros no protegemos a nadie, no… De parte nuestra no hay ninguna acusación; si la Fiscalía tuviera algo, pues que investigue”.
Dos días después, el 17 de julio de 2025, nuevamente en Palacio Nacional, la presidenta fue cuestionada sobre la eventual responsabilidad de López Hernández por haber tenido a Bermúdez Requena como responsable de la seguridad pública de Tabasco. Sheinbaum evitó atribuir responsabilidad al senador y remitió nuevamente el asunto a una eventual investigación ministerial: “La Fiscalía, en todo caso, con las investigaciones tendría que ver si hay algo que demuestre que hubo algo relacionado con Adán Augusto”. Después fijó con mayor claridad su postura: “Entonces, nosotros no cubrimos a nadie, pero tiene que haber pruebas, no un dicho, no una suposición, de cualquier persona y, particularmente, del senador, Adán Augusto”.
La posición presidencial no cambió conforme aumentaron los cuestionamientos políticos. El 29 de septiembre de 2025, durante otra conferencia en Palacio Nacional, Sheinbaum aseguró: “No hay ninguna investigación en torno a Adán Augusto, hasta el momento”. Dos días después, el 1 de octubre, también desde Palacio Nacional, fue cuestionada sobre la permanencia y responsabilidad política del senador dentro de Morena y respondió repetidamente que era indispensable acreditar cualquier acusación: “Tiene que haber pruebas, compañero, tiene que haber pruebas”. Ante la insistencia sobre el costo político del caso, agregó: “Entonces, si hay una prueba, adelante”.
En esa conferencia del 1 de octubre de 2025, Sheinbaum extendió el criterio a cualquier integrante de su partido. “Si hay una prueba en el caso de Adán, en cualquier otro caso, de alguna gente de Morena que esté involucrado en un acto ilícito, tiene que responsabilizarse frente a la Fiscalía”, declaró en Palacio Nacional. Con ello, la mandataria sostuvo públicamente que la pertenencia partidista no debía representar protección, aunque rechazó que una controversia mediática o política fuera suficiente para establecer una responsabilidad sin elementos probatorios.
Un tratamiento semejante se presentó ante los señalamientos que han rodeado a Rubén Rocha Moya, político de Morena y gobernador de Sinaloa, en medio de cuestionamientos derivados de la situación de violencia y de distintas versiones relacionadas con integrantes del Cártel de Sinaloa. El 13 de mayo de 2026, durante la conferencia presidencial realizada en Palacio Nacional, Sheinbaum fue cuestionada directamente sobre si Rocha había sido investigado desde el inicio de su administración. “No, que yo tenga conocimiento”, respondió.
En esa misma conferencia del 13 de mayo de 2026 se plantearon a Sheinbaum declaraciones realizadas anteriormente por Rocha sobre la relación que los gobiernos podían mantener con organizaciones criminales y se le preguntó si esas expresiones podían constituir una prueba. “Pues no. Es una opinión de él; yo no estoy de acuerdo”, respondió la presidenta desde Palacio Nacional. Inmediatamente estableció una diferencia entre una declaración y la acreditación de un vínculo: “Pero de ahí a decir ‘que eso significa que él tenía acuerdos’, pues es muy distinto”.
Sheinbaum sostuvo entonces que los hechos debían ser investigados por la autoridad competente y recordó que una acusación pública no equivale por sí misma a una responsabilidad penal. Días antes, el 7 de mayo de 2026, también en Palacio Nacional, había fijado prácticamente el mismo criterio al ser interrogada sobre acusaciones contra el mandatario sinaloense: “nosotros no protegemos a nadie, absolutamente a nadie. Si hay pruebas, adelante. Pero tiene que haber pruebas. Así de sencillo: pruebas”.
La diferencia entre ambos posicionamientos se encuentra fundamentalmente en la reacción política y en la naturaleza de los asuntos. En el caso de la academia de Querétaro, Sheinbaum cuestionó públicamente el procedimiento, pidió explicaciones al gobernador y al embajador estadounidense y exigió que cualquier cooperación se sujetara a la legislación mexicana. Frente a las acusaciones o señalamientos que han involucrado a figuras de Morena, ha evitado atribuir responsabilidades mientras no existan pruebas que puedan ser procesadas por una fiscalía. Esa diferencia no implica que los casos sean jurídicamente equivalentes: la controversia queretana se refiere al cumplimiento de procedimientos para la cooperación internacional, mientras que atribuir protección o vínculos con organizaciones criminales supone posibles responsabilidades penales que requieren un estándar probatorio distinto.
Los dos escenarios, sin embargo, permiten observar las diferencias en el discurso presidencial. Ante actuaciones estadounidenses que considera fuera de los mecanismos institucionales mexicanos, Sheinbaum ha recurrido de manera inmediata a conceptos como soberanía, subordinación, respeto a las leyes y defensa de las atribuciones del Estado mexicano. Cuando las preguntas se refieren a morenistas señalados por posibles relaciones, omisiones o protección de grupos criminales, la mandataria ha centrado sus respuestas en otro principio: que las acusaciones deben sustentarse en pruebas, que corresponde investigar a las fiscalías y que un señalamiento público, por sí mismo, no demuestra responsabilidad.
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