La desaparición de la periodista Roxana Berenice Guzmán en Veracruz volvió a colocar bajo escrutinio las condiciones de riesgo que enfrentan comunicadores locales en México. Organizaciones defensoras de la libertad de expresión exigieron investigar el caso considerando como línea principal su labor informativa
Ciudad de México, 06/06/26 (Más).- El secuestro de la periodista Roxana Berenice Guzmán, ocurrido en Nanchital, Veracruz, volvió a exhibir las condiciones de riesgo en las que se ejerce el periodismo local en México, especialmente en comunidades donde informar sobre seguridad, política municipal, corrupción y denuncias ciudadanas puede significar una amenaza directa.
De acuerdo con información publicada por Emeequis, Roxana fue privada de la libertad el 2 de junio, cuando hombres armados y encapuchados ingresaron por la fuerza a su domicilio, la sacaron frente a familiares, entre ellos una bebé, y la subieron a un automóvil blanco.
El caso provocó la exigencia de organizaciones nacionales e internacionales como CPJ, Artículo 19, Cimac y Amnistía Internacional, que pidieron investigar su desaparición tomando como línea prioritaria su trabajo periodístico. La demanda central ha sido localizarla con vida y esclarecer si el ataque estuvo relacionado con su labor informativa.
Roxana dirigía Pulso Informativo del Sureste, una página local de Facebook con alrededor de 21 mil seguidores, desde donde difundía denuncias ciudadanas, problemas de servicios públicos, temas de seguridad y asuntos de la política municipal. Ese tipo de cobertura, cercana a la vida cotidiana de las comunidades, suele colocar a los periodistas frente a poderes locales y actores criminales.
La presidenta Claudia Sheinbaum abordó el caso en su conferencia matutina del 5 de junio, luego de ser cuestionada sobre el secuestro. Señaló que la prioridad era encontrar a Roxana y que el gobierno federal daba seguimiento junto con las autoridades de Veracruz.
Más tarde, Rubicelia Ramírez Posada, madre de la periodista, se acercó a la mandataria durante una visita a Coatzacoalcos para pedirle apoyo en la búsqueda de su hija. La escena reflejó la desesperación de una familia que, además de enfrentar la desaparición, tuvo que acudir directamente a las autoridades para exigir atención.
La Fiscalía de Veracruz informó que identificó el vehículo utilizado en el secuestro y que estableció rutas de búsqueda en Nanchital, Moloacán y Cuichapa. Aunque se han reportado avances en la investigación, la exigencia principal permanece sin cumplirse: encontrar a la comunicadora viva y en buen estado.
El contexto de Veracruz agrava la preocupación, pues organizaciones defensoras de la libertad de expresión han documentado altos niveles de agresiones contra periodistas en la entidad, incluidos asesinatos de comunicadores. Por ello, el caso de Roxana no puede leerse como un hecho aislado, sino como parte de un patrón de violencia contra quienes informan desde lo local.
La situación también evidencia una falla institucional más amplia. México cuenta con mecanismos de protección para periodistas, pero las medidas suelen llegar tarde o resultar insuficientes frente a amenazas, acoso, ataques armados y desapariciones. En muchos casos, la reacción oficial ocurre cuando el daño ya está consumado.
A la violencia criminal se suma otro riesgo: el uso de leyes, fiscalías y tribunales para presionar o silenciar voces críticas. Casos recientes en San Luis Potosí, Puebla y Campeche muestran que el periodismo local enfrenta una doble amenaza: de un lado, la violencia directa; del otro, el poder público que puede usar herramientas legales como mecanismo de intimidación. Sin periodistas locales, avanzan la impunidad, la corrupción y los pactos que la ciudadanía necesita conocer para defender su vida diaria.
Descubre más desde Más Información
Suscríbete y recibe las últimas entradas en tu correo electrónico.