Señor Miss Universo se asoció con funcionarios para delinquir

El empresario Raúl Rocha Cantú es señalado como financiador de una red criminal dedicada al tráfico de armas, combustible y otros delitos. Funcionarios de la Fiscalía y del Ejército colaboraban con la organización

Ciudad de México, 02/12/25 (Más).- Raúl Rocha Cantú, empresario regiomontano y actual dueño del certamen Miss Universo, es señalado como socio financiero de una amplia red criminal que operaba actividades de contrabando de combustible y tráfico de armas, con apoyo de funcionarios públicos.

De acuerdo con una investigación de la Fiscalía, Rocha habría aportado al menos cinco millones de pesos al entramado liderado por Jacobo Reyes León, alias ‘Yaicob’, y sus socios Jorge Enrique Ponce, alias ‘Yoryi’, y Daniel Roldán Morales, alias ‘El Inge’.

Según reveló el portal El País, la red utilizaba una estructura empresarial en apariencia legal, basada en compañías de seguridad privada, para encubrir actividades ilícitas en varias entidades del país, incluyendo el Estado de México, Querétaro, Ciudad de México y zonas fronterizas con Guatemala.

Las operaciones, además del tráfico de armas y huachicol, incluían despojo de inmuebles, venta de drogas y manipulación de documentos oficiales, todo con el respaldo de elementos del Ejército y funcionarios de la Fiscalía General de la República.

Jacobo Reyes León, con pasado como funcionario de seguridad en Acolman, Estado de México, y excandidato del PRD, es identificado como el operador político y judicial de la red. De acuerdo con las autoridades, mantenía contacto directo con una funcionaria de la Fiscalía Especializada, a quien pagaba para recibir alertas sobre investigaciones.

Las llamadas intervenidas por las autoridades muestran su coordinación directa con los demás implicados para la operación de venta de armas y combustible robado.

Jorge Ponce, alias ‘Yoryi’, fungía como coordinador del tráfico de combustible desde Guatemala y del suministro de armamento que se vendía a organizaciones criminales en Tamaulipas. Parte de su tarea era falsificar registros de armas para eludir controles de la Secretaría de la Defensa Nacional. También operaba una red de despojo inmobiliario, que le permitió acumular propiedades por valor de al menos 160 millones de pesos, las cuales eran luego utilizadas como garantías financieras.

Daniel Roldán Morales, ‘El Inge’, ingeniero mecánico, estaba a cargo de la logística del combustible robado, desde su adquisición en el extranjero hasta su venta en México, valiéndose de empresas fachada y predios como La Espuela y El Patio en Querétaro. Estos sitios, además de almacenar hidrocarburos, servían como puntos de encuentro entre los líderes de la organización.

En esta operación también figura Sergio Hurtado Perea, propietario de Ferropolymers, la fachada legal utilizada para esconder la operación de almacenamiento y comercialización de gasolina ilegal. Hurtado facilitaba la infraestructura física para el funcionamiento de la red. Por su parte, Elizabeth Muzquiz Pineda, ‘La Licenciada’, se encargaba de la contabilidad, facturación y logística de esta operación, trabajando bajo las órdenes de Roldán y Reyes.

Otro actor clave es Mari Carmen Ramírez Rodríguez, apodada ‘La Fiscal’, funcionaria adscrita a la Fiscalía Especial en Investigación de Delitos en Materia de Hidrocarburos. Según la acusación, mantenía encuentros frecuentes con Reyes León y recibía sobornos para frenar investigaciones contra los miembros de la red criminal, incluso fue vista abordando un vehículo del propio Reyes en Ciudad de México para concretar pagos.

Entre los implicados también figuran Sergio Abraham Lara, operador de ‘Yoryi’, encargado de ejecutar las tomas ilegales de inmuebles y su posterior legalización con documentos falsos; así como Alejandro Jacob Álvarez Arriaga, subordinado de Reyes y Roldán, quien adulteraba combustible y manipulaba la documentación de transporte para ocultar su origen ilícito.

Esta red delictiva, que aparentemente tenía respaldo y protección desde dentro de las instituciones de seguridad, pone en evidencia la forma en que intereses empresariales y criminales convergen en México, involucrando incluso a figuras mediáticas como el actual propietario del concurso Miss Universo.