El Salto, Jalisco, 03/07/2025 (Más) — La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) negó a habitantes del municipio de El Salto, Jalisco, su inclusión en la consulta pública relacionada con la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) del proyecto “El Salto I”, una planta termoeléctrica de ciclo combinado impulsada por la empresa AD Astra Energía S.A.P.I. de C.V., perteneciente al Grupo VAZ.
El colectivo Un Salto de Vida, conformado por ciudadanos de esta comunidad ubicada en las inmediaciones de la zona metropolitana de Guadalajara, había solicitado formalmente participar en el proceso, argumentando que el proyecto podría afectar su salud, medio ambiente y calidad de vida. Sin embargo, el pasado 18 de junio, la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA) respondió negativamente, al considerar que el predio donde se pretende construir la termoeléctrica está en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga y no en El Salto.
Organizaciones como Conexiones Climáticas y Nuestro Futuro A.C. criticaron esta decisión, al señalar que los impactos ambientales no se limitan a divisiones municipales. En conferencia de prensa, la abogada Nora Cabrera, directora de Nuestro Futuro, subrayó que la consulta pública es un derecho ambiental fundamental y que negar el acceso a ella viola principios de participación ciudadana y justicia climática.
La MIA del proyecto, presentada en su modalidad regional, contempla la instalación de la planta en un predio de más de 10 hectáreas sobre la carretera a La Capilla, a menos de 4 kilómetros de la cabecera municipal de El Salto. Aunque la empresa indica en su documentación que el proyecto se localiza en Tlajomulco, registros oficiales del Registro Público de la Propiedad y del Programa Municipal de Desarrollo Urbano de El Salto coinciden en ubicarlo dentro de ese municipio.
La empresa AD Astra Energía ha argumentado que el sitio presenta un cambio de uso de suelo hacia actividades agrícolas y urbanas. La MIA elaborada por la consultora V&A identifica siete tipos de uso de suelo, incluida vegetación de selva baja, pastizales y cuerpos de agua.
Ante la negativa de Semarnat, el colectivo Un Salto de Vida anunció que promoverá un juicio de amparo indirecto para exigir su inclusión en el proceso. Argumentan que el derecho a un medio ambiente sano implica el acceso a la información y la participación efectiva de las comunidades en decisiones que las afectan.
Los colectivos también recordaron que México es parte del Acuerdo de Escazú, el cual garantiza la participación pública en asuntos ambientales. Hicieron un llamado a la titular de Semarnat, Alicia Bárcena Ibarra, a intervenir y permitir que la comunidad sea escuchada.
“Presumen esfuerzos por sanear el Río Santiago, mientras excluyen a la comunidad de decisiones que pueden empeorar su situación ambiental y vulnerar su derecho a la salud”, señalaron.
El caso sigue abierto, en medio de críticas por la falta de inclusión y transparencia en proyectos de infraestructura con posibles implicaciones ambientales y sociales en la región.
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