Ciudad de México, 17/09/24 (Más / IA).- Jueces y magistrados federales decidieron prolongar el paro de actividades que iniciaron el 20 de agosto en protesta contra la aprobación de la reforma judicial.
La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (Jufed) anunció que la suspensión continuará hasta que se establezca una mesa de diálogo con el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), en la que se discutan estrategias para garantizar los derechos laborales del personal judicial.
En un comunicado firmado por la jueza Juana Fuentes Velázquez, directora de la Jufed, se subraya que la protesta no afectará las acciones legales que los jueces y magistrados continuarán realizando contra la reforma judicial.
“La Jufed seguirá garantizando la defensa legal del gremio y mantendrá su derecho de libre manifestación”, enfatizó Fuentes Velázquez.
La reforma judicial, aprobada por el Congreso de la Unión a pesar de las críticas de jueces y magistrados, ha sido motivo de controversia. Los manifestantes argumentan que la reforma contiene imperfecciones que afectan tanto la independencia del Poder Judicial como los derechos laborales de sus trabajadores. A pesar de los esfuerzos de los jueces para frenar el proceso legislativo, el Parlamento aprobó la reforma en un proceso que la Jufed describió como “desaseado”.
El paro afecta principalmente a los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial, exceptuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), los cuales continúan operando de manera regular. No obstante, el Consejo de la Judicatura ha informado que 8 mil 577 asuntos urgentes han sido atendidos desde que inició la huelga, principalmente en juzgados de distrito.

Tras la aprobación de la reforma en el Senado, la Jufed anunció que llevarán el caso a instancias internacionales en un intento por frenar la implementación de los cambios.
La jueza Juana Fuentes también adelantó que en los próximos días se definirán nuevas rutas de acción, con la intención de continuar con las protestas hasta que se logre una resolución favorable para los trabajadores del Poder Judicial.
La reforma judicial también implica un proceso electoral sin precedentes en el país, en el que se elegirán a jueces, magistrados y ministros en elecciones a realizarse en 2025 y 2027. Durante este ejercicio, los ciudadanos deberán elegir entre 42 mil 145 candidatos para renovar más de 6 mil 700 cargos judiciales a nivel federal. Se estima que en 2025 habrá 10 mil 815 candidaturas para cubrir mil 481 puestos, y en 2027, 31 mil 345 candidaturas para 5 mil 229 cargos adicionales.
A diferencia de las elecciones tradicionales, los votantes no marcarán un logotipo partidista, sino que deberán escribir el nombre del candidato de su preferencia. Este proceso tiene un costo aún no determinado, pero se espera que sea considerable, debido al número de candidaturas y la complejidad logística.
La reforma judicial también contempla la creación de un órgano de administración judicial y un Tribunal de Disciplina. El Congreso de la Unión tendrá 90 días para adecuar las leyes federales necesarias y crear leyes secundarias que definan la estructura y procedimientos del nuevo sistema judicial. Las legislaturas estatales, por su parte, tendrán 180 días para modificar sus leyes locales.
El Senado deberá emitir una convocatoria para el proceso de elección de jueces, magistrados y ministros en un plazo máximo de 30 días a partir de la entrada en vigor de la reforma. Las listas de candidatos deberán ser entregadas al Instituto Nacional Electoral (INE) antes del 12 de febrero de 2025.
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