Segalmex, huachicol y Miss Universo, el círculo de corrupción

Una investigación de la FGR ha colocado en la mira a Jorge Enrique Alberts Ponce, empresario ligado a contratos gubernamentales millonarios, por su presunta implicación en redes de robo de hidrocarburos y tráfico de armas. Documentos obtenidos por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad revelan sus conexiones con figuras cercanas al poder

Redacción Más

Jorge Enrique Alberts Ponce, empresario beneficiado con contratos millonarios por parte de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex) y representante de diversas compañías proveedoras del gobierno federal, es ahora objetivo de una orden de aprehensión girada por la Fiscalía General de la República (FGR). La medida judicial se deriva de su presunta participación en una red delictiva dedicada al robo de hidrocarburos –conocido como huachicol– y tráfico de armas, encabezada presuntamente por Raúl Rocha Cantú, empresario regiomontano conocido por ser el actual propietario del certamen internacional Miss Universo.

La orden de captura fue emitida el pasado 15 de septiembre y forma parte de una investigación más amplia sobre delitos de delincuencia organizada, enriquecimiento ilícito, y vínculos con actividades ilegales de alto impacto.

Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) informó que tuvo acceso a una copia del documento judicial y reveló que las autoridades federales ya siguen la pista de Alberts Ponce no sólo por su rol como contratista irregular del gobierno, sino también por su presunto involucramiento en negocios ilícitos que abarcan diversas entidades del país.

MCCI recordó que desde marzo de 2022 había documentado que Alberts Ponce, a través de su empresa Acurgen S.A. de C.V., obtuvo cuatro contratos por un monto total de 6.5 millones de pesos para brindar servicios de sanitización y fumigación en oficinas de Segalmex. Los contratos fueron otorgados durante la gestión de Ignacio Ovalle, pese a que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ya había detectado que Acurgen había participado en los desvíos de la llamada Estafa Maestra durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.

Uno de los datos que llama especialmente la atención en estos contratos es el domicilio fiscal proporcionado por la empresa Acurgen: una casa ubicada en el número 350 de la calle Séneca, en la exclusiva colonia Polanco, en la Ciudad de México, inmueble que, según documentos oficiales revisados por MCCI, es propiedad de Julio Antonio de Regil Abdalá, hijo de Julia Elena Abdalá Lemus, pareja sentimental de Manuel Bartlett Díaz, exdirector general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Además, el folio real del inmueble indica que Abdalá Lemus posee el usufructo vitalicio de la propiedad.

Las conexiones entre Alberts Ponce y la familia Bartlett se extienden más allá de este domicilio. Durante la administración de Manuel Bartlett al frente de la CFE, la paraestatal otorgó contratos a otra empresa vinculada a Alberts: Servicios Especializados de Investigación y Custodia S.A. de C.V. (Seicsa), en la que él figura como representante legal. Esta compañía, que también cuenta entre sus socios con el cónsul honorario de Nicaragua en México, ha sido beneficiada con contratos en distintas dependencias federales por un monto superior a los dos mil millones de pesos.

No obstante, el historial de Alberts Ponce no se limita a contratos gubernamentales y presuntos vínculos con funcionarios influyentes. Tras su incursión en Segalmex, el empresario se asoció con Gregorio Adrián Zamora Flores y Ricardo José Lambretón López Ostolaza para fundar el Grupo Aura, una desarrolladora inmobiliaria que promueve lujosos complejos habitacionales en el estado de Yucatán.

De acuerdo con MCCI, Lambretón también estuvo involucrado en el esquema fraudulento que afectó a Liconsa y logró que la FGR se desistiera de proceder penalmente en su contra tras acogerse a un criterio de oportunidad, relacionado con dos convenios de procesamiento de leche que causaron un quebranto al erario por mil 686 millones de pesos.

Grupo Aura enfrenta en la actualidad diversas denuncias penales ante la Fiscalía General del Estado de Yucatán, presentadas por clientes que acusan a la empresa de fraude y delincuencia organizada, luego de no recibir las propiedades que ya habían sido pagadas en su totalidad. Los casos documentados señalan una operación sistemática de incumplimiento y evasión de responsabilidades por parte de los socios del grupo inmobiliario, entre ellos Alberts Ponce.

Además, el nombre de Alberts Ponce volvió a figurar en expedientes judiciales en septiembre de 2025, cuando promovió un amparo ante un juez federal para evitar el aseguramiento de un inmueble ubicado en el municipio de Pedro Escobedo, en Querétaro. La propiedad, localizada en la comunidad de El Ahorcado, fue asegurada por agentes de la FGR como parte de la carpeta de investigación FED/FEMDO/FEITATA-QRO/0000082/2025. En el operativo, las autoridades localizaron seis carrotanques con hidrocarburo de procedencia ilícita, lo que refuerza las sospechas sobre la participación de Alberts Ponce en operaciones de tráfico de combustible robado, una actividad con vínculos al crimen organizado.

La figura de Jorge Enrique Alberts Ponce ilustra un entramado de intereses entre empresarios, funcionarios públicos y estructuras criminales que han operado al amparo de contratos públicos, redes de protección política y mecanismos de simulación jurídica. El caso también vuelve a colocar en el centro del debate la falta de controles eficaces en las contrataciones gubernamentales y la impunidad con la que operan diversos actores dentro de las estructuras del Estado.

La FGR mantiene activa su búsqueda y se espera que en los próximos días se amplíen las acciones en su contra, incluyendo el congelamiento de cuentas y nuevas órdenes de aprehensión contra sus socios y colaboradores.