Se fue AMLO y cambió política sobre adicciones

Mexicali, 27/12/24 (Más/IA).- La salida del expresidente Andrés Manuel López Obrador marca un posible cambio en la política nacional sobre adicciones, luego de años de enfoques centrados en la criminalización y el prohibicionismo que dejaron un saldo preocupante: detenciones arbitrarias, abusos en centros de rehabilitación, un aumento en las sobredosis y una carencia de estrategias basadas en la reducción de daños.

Durante el sexenio pasado, el Gobierno Federal implementó políticas que priorizaron la abstinencia forzada y la militarización en el combate a las drogas, dejando de lado enfoques que promovieran la salud y los derechos humanos. La falta de programas efectivos para reducir los riesgos asociados al consumo, como el acceso a naloxona para revertir sobredosis, resultó en más de 3,000 muertes relacionadas con sustancias psicoactivas en 2022, la cifra más alta en la historia reciente de México.

Casos como el de Bianca, una joven de Mexicali que fue detenida arbitrariamente y confinada en un centro de rehabilitación donde sufrió abusos, exponen las fallas de un sistema que prioriza el castigo sobre la atención. Tras dos meses de privación de la libertad, Bianca escapó y relató que no recibió tratamiento alguno, solo maltratos y condiciones inhumanas.

La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Baja California documentó al menos cuatro casos similares en los últimos años, revelando una práctica sistemática de internaciones forzadas y terapias de castigo que perpetúan la criminalización de las personas consumidoras.

Organizaciones como Verter AC y Prevencasa han denunciado que las políticas de adicciones en México han ignorado la reducción de daños, un enfoque que busca minimizar los riesgos asociados al consumo sin exigir abstinencia. Lourdes Angulo, directora de Verter, señala que la abstinencia forzada aumenta las probabilidades de recaídas y sobredosis, especialmente en la frontera norte, donde el acceso a drogas como el fentanilo y la xilacina es elevado.

Por su parte, Lilia Pacheco, directora de Prevencasa, critica la militarización de la política de drogas, que estigmatiza a los consumidores y los aleja de los servicios de salud. “Cuando hay policías o soldados en las calles, las personas se sienten limitadas para buscar ayuda. Esto incrementa las muertes por sobredosis y dificulta el acceso a servicios para tratar infecciones como VIH o hepatitis”, explica.

Con la llegada de Claudia Sheinbaum a la presidencia, especialistas y organizaciones civiles instan al nuevo gobierno a adoptar un enfoque más humano y basado en evidencia. Esto incluye:

Desclasificar la naloxona, actualmente catalogada como psicotrópico, su distribución está restringida, dificultando su acceso en emergencias. Adriana Muro, directora de Elementa, enfatiza que es el antídoto que salva vidas ante sobredosis.

Ampliar el acceso a tratamientos efectivos, medicamentos como la metadona y la buprenorfina deben estar disponibles en dosis adecuadas y sostenidas para reducir el consumo de opioides.

Implementar programas de intercambio de jeringas, una medida básica para prevenir infecciones en personas que usan drogas inyectables. Actualmente, la oferta de kits es limitada y de baja calidad, según Verter AC.

El estado de Baja California, uno de los más afectados por la crisis de opioides, ha tomado medidas independientes. La gobernadora Marina del Pilar Ávila presentó en octubre una estrategia trilateral en colaboración con Estados Unidos y Canadá, centrada en la prevención, tratamiento de campo y justicia terapéutica. Esto incluye la capacitación de policías y bomberos en el uso de naloxona intranasal.

Aunque estas medidas son un paso adelante, expertos insisten en que solo un cambio integral en la política nacional permitirá enfrentar de manera efectiva la crisis de adicciones en México. “Es crucial destinar recursos específicos para la reducción de daños y garantizar que las personas consumidoras sean tratadas con dignidad y respeto”, concluye Lourdes Angulo.