Transcribimos la reflexión editorial de Grupo Radio Estéreo Mayrán por reflejar íntegramente la opinión de este medio informativo, opinión en la que deberíamos coincidir todos los que ejercemos el periodismo.
En tiempos en los que la transparencia debería consolidarse como uno de los pilares de la vida democrática, el país se queda sin el Instituto Nacional de Acceso a la Información y de acuerdo a los procedimientos legales, en cada estado del país se deben hacer los ajustes necesarios para armonizar las decisiones tomadas desde la capital.
Localmente, el Congreso de Coahuila a través de los legisladores locales decidieron ampliar de 7 a 15 las causales para clasificar información como reservada. Entre ellas se incluyen conceptos tan como “paz social”, “daño mayor” o “protección de infraestructuras estratégicas”, que, a más de proteger a la ciudadanía, abren también la puerta a la discrecionalidad de la información pública.
Estas decisiones se dan en un estado gobernado por un partido de oposición, lo que confirma una advertencia que diversos especialistas hicieron desde que comenzó la ofensiva contra la transparencia en el ámbito federal: el “contagio” de opacidad no respetaría colores partidistas. Al replicar el modelo de la 4T, por lo ahora conocer el destino de los recursos públicos y el ejercicio del poder por sí mismo, será más difícil de lo que era antes de estas decisiones legislativas.
Con esta reforma, la información ya no será resguardada por un órgano autónomo, sino por una instancia llamada Transparencia para el Pueblo de Coahuila, dependiente de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno. El cuestionamiento radica en la fragmentación y el control, pero también en que el “vigilado” será el vigilante. Además, quienes deseen impugnar decisiones deberán hacerlo en tribunales ubicados en otro estado, dificultando aún más el acceso a la justicia.
Las reformas se presentan como una manera de proteger información sensible, sin embargo, hay temor que los controles externos no sean suficientes, que haya duda en la autonomía institucional y que los servidores públicos cuestionados por abusos o desvíos de recursos encuentren en ello un escudo protector. La transparencia no es un lujo ni una concesión: es una herramienta indispensable para combatir la corrupción y fomentar la rendición de cuentas.
Definitivamente, amigo radioescucha, hay un cierto aliento de esperanza en Coahuila, al reconocer a la ciudadanía como garante de la información, al constituirse los Consejos Ciudadanos que habrán de revisar y proveer la información precisa para evaluar y dar seguimiento al quehacer de los funcionarios y al dinero público. Es responsabilidad de todos —sociedad civil, medios, académicos y ciudadanos— levantar la voz y defender ese el derecho a recibir en tiempo y forma la información que se precisa, de otra manera darán la razón a quienes estiman que estas disposiciones darán carta abierta a los excesos y a la falta de rendición de cuentas.
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