Veracruz, Veracruz, 09/10/25 (Más).- El Sistema Arrecifal Veracruzano enfrenta nuevamente una amenaza ambiental. La Secretaría de Marina (Semar) insiste en avanzar con la ampliación del puerto de Veracruz, pese a una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitida en 2022 que declaró inconstitucionales las autorizaciones otorgadas en 2004 por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) para este megaproyecto, por no considerar el impacto sobre ecosistemas clave como el arrecife La Gallera.
Según lo documentado por Animal Político, la Corte falló a favor de ciudadanas veracruzanas que interpusieron un juicio de amparo colectivo, argumentando la vulneración del derecho humano a un medio ambiente sano. La SCJN estableció que el proyecto de ampliación fue evaluado de forma fragmentada, sin una visión integral ni la mejor ciencia disponible, violando los estándares más altos de protección ambiental exigidos por la ley.
A pesar del fallo, la presidenta Claudia Sheinbaum y el secretario de Marina, almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, anunciaron el inicio de nuevas obras en septiembre, incluyendo la construcción de una escollera sur de más de tres kilómetros. Estas acciones forman parte de una ambiciosa estrategia federal para ampliar seis puertos con una inversión pública de más de 55 mil millones de pesos, de los cuales más de 10 mil millones serán destinados al puerto de Veracruz.
Organizaciones ambientalistas como Territorios para la Vida (Terra Vida), la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) y Earth Justice han alertado que esta insistencia gubernamental ignora los riesgos para los arrecifes coralinos, manglares, humedales y otras zonas de biodiversidad costera. También han señalado la opacidad en torno a los sitios de extracción de piedra para la obra, los cuales podrían ubicarse en áreas naturales protegidas, en abierta contradicción con la sentencia de la Corte.
Francisco Xavier Martínez Esponda, fundador de Terra Vida, recordó que el litigio inició en 2016 ante la fragmentación de los estudios de impacto ambiental. Entre 2014 y 2016, distintas partes del proyecto fueron presentadas como obras individuales: libramientos ferroviarios, zonas logísticas y otras infraestructuras. Esta estrategia diluyó la evaluación ambiental y permitió la aprobación parcial de entre 14 y 16 componentes del megaproyecto.
Una de las pruebas más contundentes presentadas por los defensores ambientales fue la omisión del arrecife sumergido conocido como La Loma, ubicado a 18 metros de profundidad justo en la entrada del nuevo puerto. Su exclusión en la Manifestación de Impacto Ambiental fue uno de los argumentos clave que llevó a la SCJN a invalidar las autorizaciones, al considerar que el estudio no fue serio ni completo.
La Corte ordenó una nueva evaluación ambiental integral que considere todos los impactos acumulados del megaproyecto, incluyendo su efecto sobre los ecosistemas marinos y terrestres, pero hasta la fecha, la sentencia no ha sido plenamente acatada. La continuidad de las obras sin esta evaluación representa, de acuerdo con Terra Vida, un nuevo incumplimiento judicial.
Por ello, organizaciones y defensores ambientales han llamado a la administración de Claudia Sheinbaum y a la Semar a suspender de inmediato las obras hasta que se cumpla cabalmente con lo ordenado por la SCJN. Aseguran que solo una evaluación independiente, holística y científica podrá garantizar la protección real del entorno natural de Veracruz y los derechos ambientales de sus habitantes.
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