Ciudad de México, 11/11/26 (Más).- El salario mínimo en México podría superar los 10 mil pesos mensuales durante 2027, en medio de una negociación entre sindicatos, empresarios y el Gobierno federal, luego de que las organizaciones de trabajadores plantearan un incremento de al menos 12 por ciento, mientras que la iniciativa privada propone un ajuste de entre 5 y 6 por ciento ante el aumento de los costos laborales y las condiciones económicas del país.
De acuerdo con información publicada por El País, las primeras propuestas para establecer el nuevo sueldo básico reflejan diferencias entre los representantes sindicales y empresariales, por lo que la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami) deberá conducir las negociaciones para alcanzar un acuerdo antes de diciembre, cuando se prevé definir el incremento que entrará en vigor el próximo año.
La representación sindical busca mantener el ritmo de aumentos aplicado durante 2026, con un ajuste de 12 por ciento, mientras que los empresarios consideran que las pequeñas y medianas compañías enfrentan dificultades para absorber incrementos de dos dígitos, particularmente por los gastos adicionales que implican otras modificaciones laborales, como la reducción de la jornada semanal.
Actualmente, el salario mínimo general se ubica en 315.04 pesos diarios, equivalentes a poco más de 9 mil 500 pesos mensuales. En la Zona Libre de la Frontera Norte, la remuneración básica alcanza los 440.87 pesos diarios, aproximadamente 13 mil 400 pesos al mes.
Con un aumento de 12 por ciento, el salario mínimo general pasaría a cerca de 352.84 pesos diarios, lo que representaría alrededor de 10 mil 585 pesos mensuales, de acuerdo con el cálculo basado en 30 días. En cambio, si el ajuste se limita a 5 o 6 por ciento, el ingreso mensual se ubicaría aproximadamente entre 10 mil 005 y 10 mil 100 pesos.
La administración de la presidenta Claudia Sheinbaum mantiene como objetivo que el salario mínimo permita cubrir las necesidades alimentarias básicas de una familia integrada por cuatro personas. La meta planteada para el cierre del sexenio consiste en que el ingreso básico alcance para adquirir 2.5 canastas básicas mensuales.
Según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en septiembre pasado el costo mensual de la canasta alimentaria y no alimentaria en las zonas urbanas llegó a 4 mil 951 pesos por persona, mientras que en las localidades rurales ascendió a 3 mil 553 pesos.
Desde el sector empresarial, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) plantea que el aumento salarial se mantenga aproximadamente dos puntos porcentuales por encima de la inflación. Su presidente, Juan José Sierra, señaló que el indicador inflacionario cerró octubre en 3.75 por ciento, por lo que un ajuste de alrededor de 6 por ciento sería más acorde con las condiciones económicas actuales.
El dirigente empresarial advirtió que el estancamiento económico y la reducción de la jornada laboral representan mayores costos para las compañías, especialmente para los negocios de menor tamaño. También señaló que un incremento salarial elevado podría generar dificultades financieras, cierres de establecimientos y un desplazamiento de trabajadores hacia actividades informales.
Por su parte, el abogado laboralista Diego García Saucedo consideró que el aumento de 12 por ciento podría concretarse, como ha ocurrido en ejercicios anteriores, aunque advirtió que los incrementos salariales deben acompañarse de estudios económicos que permitan establecer porcentajes sostenibles para los empleadores.
El especialista señaló que la informalidad laboral constituye uno de los principales problemas asociados con el encarecimiento de la contratación formal. De acuerdo con las cifras citadas en el análisis, en agosto pasado más de 33.4 millones de personas trabajaban en condiciones de informalidad, equivalentes a 55 por ciento de la población ocupada.
García Saucedo planteó que un incremento de entre 7 y 8 por ciento podría representar una alternativa para 2027, al considerar que las empresas también enfrentan aumentos en sus obligaciones laborales y que el encarecimiento de bienes y servicios reduce parte de las ganancias en poder adquisitivo obtenidas mediante los ajustes salariales.
El debate ocurre después de ocho años de incrementos de doble dígito al salario mínimo, una política que comenzó a acelerarse durante el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador. Antes de ese periodo, México mantuvo durante décadas remuneraciones básicas considerablemente inferiores a las de otros países de América Latina.
En 2010, el salario mínimo mexicano rondaba los 56 pesos diarios, mientras que en 2018 se encontraba en aproximadamente 88 pesos, equivalentes a unos 2 mil 600 pesos mensuales. Para 2024, al término del gobierno de López Obrador, la remuneración diaria alcanzó 248.93 pesos en la mayor parte del país y más de 375 pesos en la frontera norte.
El incremento acumulado permitió elevar el ingreso nominal de los trabajadores que perciben el sueldo básico, aunque especialistas mantienen diferencias sobre sus efectos en la inflación, la generación de empleos formales y la capacidad financiera de las empresas.
El experto en Derecho Laboral Manuel Fuentes sostuvo que los aumentos han contribuido a reducir las brechas de desigualdad salarial, combatir la pobreza y fortalecer el consumo interno. También señaló que, pese a los avances registrados, México todavía se encuentra por debajo de los salarios mínimos de países latinoamericanos como Panamá, Costa Rica, Chile, Ecuador, Colombia y Paraguay.
Fuentes agregó que 78 por ciento de la población ocupada percibe ingresos de hasta dos salarios mínimos, situación que refleja las dificultades económicas que enfrentan numerosos hogares para cubrir sus necesidades. Consideró que el salario básico general todavía no alcanza para mantener adecuadamente a una familia de cuatro integrantes.
La discusión para establecer el salario mínimo de 2027 tendrá que conciliar las demandas sindicales de recuperación del poder adquisitivo con las advertencias empresariales sobre los costos de contratación, la informalidad y el crecimiento económico. El porcentaje definitivo se conocerá una vez que concluyan las negociaciones entre los sectores involucrados y las autoridades laborales.
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