Ciudad de México, 05/11/26 (Más).- El Gobierno federal amplió sus señalamientos sobre las presuntas irregularidades en contrataciones electorales durante la gestión de Guadalupe Taddei, al presentar una red de relaciones políticas y empresariales que busca vincular a antiguos funcionarios del Instituto Nacional Electoral (INE), particularmente a su expresidente Lorenzo Córdova, con compañías que recibieron contratos por más de 2 mil 600 millones de pesos.
De acuerdo con información publicada por Animal Político, la secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro, expuso durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum una serie de conexiones entre los hermanos José Alfredo y Raymundo Hernández Casillas, empresarios proveedores de materiales electorales, y Juan Carlos Padilla Aguilar, antiguo funcionario federal que actualmente participa en la organización política Somos, junto con exintegrantes del INE.
La presentación permitió al Gobierno federal extender los cuestionamientos más allá de la administración de Taddei, quien renunció recientemente a la presidencia del organismo electoral en medio de señalamientos sobre presuntos conflictos de interés y contrataciones irregulares, para concentrar parte de la atención en funcionarios que ocuparon cargos durante administraciones anteriores.
Buenrostro explicó que Padilla Aguilar fue superior jerárquico de los hermanos Hernández Casillas en el Registro Nacional de Población y posteriormente en el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari. Años después, los hermanos abandonaron el servicio público y comenzaron a constituir empresas dedicadas al suministro de materiales electorales.
La funcionaria destacó que Padilla Aguilar encabezó en 2022 el Frente Cívico Nacional en el Estado de México y actualmente participa en Somos, organización donde Lorenzo Córdova integra el Consejo Consultivo Ciudadano, Marco Antonio Baños es representante suplente ante el INE y Edmundo Jacobo Molina dirige el Centro de Formación y Profesionalización Política.
La presidenta Sheinbaum retomó estas coincidencias para cuestionar las relaciones entre antiguos funcionarios electorales y el exservidor público. “Bueno, el que los lleva a trabajar al Cisen, el que después se va a trabajar al Estado de México, que es Juan Carlos Padilla Aguilar, que trabaja en los gobiernos del PRI, oh, sorpresa, en 2022 sale en la organización de (Guadalupe) Acosta Naranjo como su representante en el Estado de México y, oh, sorpresa, hoy es uno de los militantes más destacados del partido Somos”, declaró.
Como parte de la exposición, Buenrostro informó que las empresas vinculadas con los hermanos Hernández Casillas obtuvieron contratos por más de 2 mil millones de pesos en 23 de los 32 organismos electorales estatales entre 2014 y 2023, periodo que coincide con la presidencia de Córdova en el INE; entre 2024 y 2025 se identificaron otros 646 millones de pesos en contrataciones con 15 organismos locales.
El Gobierno federal cuestionó que, después de la reforma electoral de 2014, cuando el Consejo General del INE adquirió la facultad de designar a los consejeros de los organismos estatales, continuara la concentración de contratos en un grupo reducido de proveedores. Córdova ha señalado que esas adquisiciones fueron realizadas por los organismos locales y no directamente por el instituto nacional.
Sheinbaum rechazó que esa separación administrativa excluya la necesidad de revisar las responsabilidades de las autoridades electorales de aquel periodo y preguntó: “¿Por qué todos los contratos electorales acaban con las mismas personas desde 1989 y se fortalecen en la época del Consejo General del INE, presidido por Lorenzo Córdova?”.
Además de los vínculos políticos, la Secretaría Anticorrupción presentó indicios de posibles irregularidades empresariales, entre ellas simulación de competencia en licitaciones, participación de compañías relacionadas entre sí y dispersión de recursos públicos mediante empresas que presuntamente carecían de trabajadores o capacidad técnica para realizar las operaciones contratadas.
Entre las compañías mencionadas figuran Formas Finas y Materiales, Cajas Graf, Cerlaz de México y Corporativo SEC. Buenrostro también informó sobre transferencias a personas que podrían haber sido utilizadas como prestanombres y señaló que el Servicio de Administración Tributaria y la Unidad de Inteligencia Financiera mantienen investigaciones sobre las operaciones detectadas.
Aunque la exposición gubernamental estableció coincidencias políticas y temporales entre los empresarios investigados y antiguos funcionarios electorales, no presentó pruebas concluyentes de que Lorenzo Córdova hubiera intervenido directamente en la asignación de los contratos señalados.
La investigación de la Auditoría Superior de la Federación deberá determinar las responsabilidades correspondientes, tanto de funcionarios actuales como de quienes participaron en administraciones anteriores.
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