Ciudad de México, 27 abr (EFE).- La independencia del Poder Judicial en México se ha erosionado de manera sostenida entre 2018 y 2025 a través de ataques discursivos y presiones presupuestales, según un estudio presentado este lunes por la organización México Evalúa.
El informe “Poder Judicial en México, 2018-2025: lecciones y salvaguardas para proteger su independencia” advierte que este proceso sostenido de erosión compromete la capacidad del sistema judicial para garantizar derechos, mantener el equilibrio entre poderes y sostener el Estado de derecho.
“La independencia no es un privilegio, es un bien público”, enfatizó Armando Vargas, coordinador del Programa de Seguridad de México Evalúa, al presentar el informe.
Vargas destacó que el estudio se inserta muy bien en la discusión actual de posponer la elección judicial hacia 2028 en aras de garantizar mejores perfiles.
Uno de los principales hallazgos es la existencia de una estrategia de deslegitimación desde el discurso público, según documentó la ONG al analizar las conferencia presidenciales diarias entre 2018 y 2025.
En ese periodo, se documentaron 2,983 ataques contra el Poder Judicial, más de uno al día en promedio, en los que se le calificaba como “corrupto”, “elitista” o “antidemocrático”.
Estos señalamientos, según el estudio, pasaron de ocho en 2018 a 867 en 2024.
“La deslegitimación no ocurrió en el vacío: funcionó porque encontró un terreno fértil”, explicó Vargas.
Por un lado, la ventaja comunicacional del Poder Ejecutivo permitió posicionar una narrativa de pueblo contra élite, detalló.
A esto se suma la desconfianza hacia el Poder Judicial, en un contexto de polarización social, y a una sociedad receptiva a términos desmoralizantes, que facilitó la amplificación de estos discursos, agregó.
En paralelo, el Poder Judicial enfrentó recortes presupuestales que limitaron su funcionamiento, con menos recursos para infraestructura, tecnología y personal, además de una creciente carga de trabajo en los tribunales, según el informe.
Aunque el recorte promedio fue de 5.6% respecto a lo solicitado, en años clave –como 2024 y 2025– llegó hasta el 17%.
Pese a ello, la productividad aumentó, ya que el número de asuntos resueltos por cada 1,000 funcionarios casi se duplicó entre 2020 y 2023, al pasar de casi 15,000 a 30,000.
Sin embargo, Vargas avisó que la productividad aumentó por intensificación del trabajo, no por fortalecimiento institucional.
Durante un panel posterior, el ministro en retiro, Javier Laynez, advirtió que los riesgos de la reforma judicial ya se están materializando, como la subordinación política y la pérdida de independencia de los jueces.
En ese sentido, la exmagistrada electoral, Janine Otálora, consideró una falacia pensar que la legitimidad de la judicatura se fortalece por el voto popular.
“La legitimación viene de su capacitación, de la manera de impartir justicia y de la independencia con la que actúa”, sostuvo.
Finalmente, el estudio propone salvaguardas para fortalecer la independencia judicial, que incluyen limitar el discurso oficial contra otros poderes, asegurar recursos suficientes y proteger la carrera judicial de la politización.
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