Ciudad de México, marzo 18. Las familias del barrio de San Francisquito, en la ciudad de Querétaro, llevan más de una década enfrentando procesos de gentrificación derivados de proyectos turísticos y de infraestructura impulsados por autoridades estatales y municipales. Su lucha comenzó cuando personal gubernamental apareció en sus calles tomando notas y surgieron rumores sobre obras de “mejoramiento urbano” que, según los habitantes, no buscaban resolver problemas de servicios básicos, sino transformar el barrio para favorecer al turismo y a los empresarios.
De acuerdo con información del portal Animal Político, los vecinos de San Francisquito comprendieron que estas intervenciones podrían desplazar no solo sus viviendas, sino también su vida espiritual, su historia y su tradición conchera.
Los habitantes identificaron que desde hace años se promovían proyectos como un teleférico, un corredor turístico y un eje vial, aprovechando que el barrio, conocido también como San Panchito, se encuentra a solo una avenida del centro histórico. Aunque se trata de una zona con calles irregulares, casas modestas, vecindades y algunos edificios de departamentos, su valor cultural radica en ser la cuna de la tradición conchera, vinculada al antiguo asentamiento otomí-chichimeca en las faldas del cerro del Sangremal.
En 2015, el municipio intentó construir un corredor y una placita donde llegarían camiones turísticos cada domingo, recibiendo a los visitantes con danzas concheras. La propuesta desató un fuerte rechazo: “Esto es una tradición, no es una atracción”, recordaron los danzantes, entre ellos Camila Vera, bióloga y conchera. A partir de ese momento, el barrio entendió que debía organizarse para impedir que la gentrificación avanzara.
Estrategia jurídica y organización vecinal
Para enfrentar la situación, vecinos como Gerardo Bohórquez, historiador y cronista querido en la comunidad, organizaron volanteo casa por casa para alertar sobre los planes gubernamentales. Así nació La Asamblea, antecedente de la Confederación Indígena del Barrio de San Francisquito, integrada por residentes, artistas, jóvenes colaboradores y líderes comunitarios como Trinidad Landa Herrera, conocida como Jefa Triny.
La Asamblea dividió el barrio en cuatro sectores para mejorar la organización y, con el acompañamiento de un abogado del barrio, inició una estrategia jurídica basada en la búsqueda del derecho a la consulta ciudadana. Para acceder a este derecho, primero debían obtener el reconocimiento como barrio indígena.
Resistencia conchera
Uno de los puntos más sensibles para los líderes concheros, como el Jefe Miguel Ángel Martínez Cardona, fue la intención de promover recorridos turísticos por los “cuarteles” o capillas de oración de las mesas concheras. Rechazaron abrir sus espacios sagrados como atracciones turísticas. Cuando el gobierno impulsó la construcción de un eje vial sobre la avenida Zaragoza —lo que cortaría el tradicional desfile de los concheros—, la oposición se intensificó.
Entre mayo y junio de 2019, más de cien concheros danzaron en cuatro ocasiones frente al Palacio de Gobierno con mantas que advertían: “San Francisquito no se vende”. Estas protestas buscaban frenar lo que consideraban un avance paulatino de la gentrificación, expresada también en el aumento de rentas desde 2018, que había obligado a algunas personas a abandonar el barrio. La movilización logró que, en septiembre de 2019, las autoridades estatales cancelaran el eje vial.
Hacia el reconocimiento indígena
Pese al triunfo, los habitantes continuaron su estrategia jurídica. Revisaron la Ley de Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas de Querétaro y confirmaron que podían solicitar el reconocimiento como barrio indígena incluso sin hablar una lengua originaria. Enviaron una carta al entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, acudieron al Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas y al Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), y elaboraron un expediente territorial que incluía firmas, mapas, registros de negocios desaparecidos, mesas concheras desplazadas y casas abandonadas.
En 2021, el INAH emitió un dictamen que reconocía la condición indígena del barrio. Con ese documento, en abril de 2023 el Ayuntamiento de Querétaro reconoció oficialmente a San Francisquito como barrio indígena urbano, el primero y único en la entidad. El paso siguiente era obtener la declaratoria del Congreso del estado.
Del rechazo legislativo a la aceptación federal
Mientras la Confederación Indígena fortalecía la vida comunitaria con talleres de huertos urbanos, actividades culturales y producción artística —incluyendo murales, grabado, grafiti, serigrafía y rap freestyle— el Congreso estatal se mostró desinteresado. Tras múltiples reuniones y entrega de documentación, la LX Legislatura decidió en julio de 2024 negarles el reconocimiento.
El rechazo provocó indignación y una nueva oleada de movilización vecinal. Pero en agosto de 2024 llegó un giro decisivo: a través de Alma Pájaro, los vecinos recibieron una llamada informando que el Gobierno federal había decidido incluir al barrio en el Catálogo Nacional de Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas. Representantes viajaron a la Ciudad de México para confirmar la noticia.
La tarde del 30 de agosto de 2024, cientos de concheros celebraron el logro con una gran danza que recorrió San Francisquito, el Palacio de Gobierno y el templo de la Santa Cruz. Gritaron “¡Él es Dios!” mientras la lluvia ligera acompañaba la celebración, antes de regresar al barrio para seguir danzando.
Esta historia corresponde a la versión escrita del pódcast “Querétaro: San Francisquito, el barrio indígena urbano que no se vende”, parte de la serie “Periodismo de lo Posible: Historias desde los territorios”, un proyecto de Quinto Elemento Lab, Redes A. C., Ojo de Agua Comunicación y La Sandía Digital.
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