Ciudad de México, 20/05/25 (Más).- En tan solo cinco meses, la sobrepoblación en las cárceles mexicanas se ha duplicado. De acuerdo con el más reciente Cuaderno Mensual de Información Estadística Penitenciaria Nacional, el sistema penitenciario del país alberga actualmente a 235 mil 197 personas privadas de la libertad, lo que representa un excedente de 20 mil 212 reclusos respecto a la capacidad instalada, frente a los 10 mil 157 que se registraban en diciembre pasado.
La cifra de centros penitenciarios saturados también creció, pasando de 118 a 133 cárceles con exceso de internos. El aumento en la población penitenciaria responde, en gran medida, a un incremento significativo en los ingresos mensuales, mientras que el número de egresos permanece estancado. En diciembre de 2024 se reportaron 12 mil 739 ingresos, cifra que rebasó los 16 mil en febrero y marzo de 2025, ensanchando así la brecha entre personas que entran y salen del sistema.
El Estado de México encabeza la lista de entidades con mayor sobrecupo, con 22 mil 48 internos por encima de la capacidad carcelaria. Le siguen Sonora, con 4 mil 588, y Durango, con 2 mil 348. En contraste, las cárceles con mayor disponibilidad de espacio se encuentran en la Ciudad de México y Baja California.
Organizaciones civiles como AsíLegal han advertido sobre las consecuencias de este fenómeno. Su director, José Luis Gutiérrez, señala que el hacinamiento ha provocado un aumento en riñas, motines, fugas y muertes dentro de prisión. “Al no tener la capacidad, ni las instalaciones, ni el personal suficiente, se alientan fenómenos como el autogobierno. Vemos con mucha preocupación este tema”, declaró.
Gutiérrez denuncia que no hay suficientes alimentos ni medicamentos, y que los internos carecen de acceso adecuado a agua potable o a servicios médicos básicos. “Las filas para las consultas son cada vez más largas. Recibimos solicitudes para intervenir en casos de personas que necesitan diálisis urgente. No hay espacio ni personal para atenderlos”, añadió.
En las últimas semanas, varios episodios de crisis penitenciaria han evidenciado el colapso del sistema. El pasado 4 de mayo se fugó del reclusorio de Hermosillo Sául Francisco Hernández, líder del grupo criminal Los Salazar, apenas 39 días después de su detención. También se reportó la muerte del presunto feminicida serial Miguel Cortés en el Reclusorio Oriente de la capital, y una fuga y doble homicidio en una prisión de Oaxaca, hechos que derivaron en la detención del subdirector del Centro Penitenciario de Tanivet y de tres custodios.
Respecto a las causas del incremento de la población penitenciaria, Gutiérrez destaca dos factores principales. El primero es la ampliación del catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, que desde inicios de año incluye la extorsión, emisión de comprobantes fiscales falsos y delitos relacionados con fentanilo, pese a una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que ordenaba eliminar esta figura.
El segundo factor, apunta Gutiérrez, es el contexto electoral del Poder Judicial, inmerso en campañas para la elección judicial del 1 de junio. Según explicó, jueces, fiscales y defensores públicos están distraídos en sus candidaturas y no atienden con normalidad los casos, lo que ha provocado una parálisis procesal. “Salen menos personas de prisión porque los procesos están estancados. Este problema está sumamente exacerbado por la inoperatividad del sistema de justicia”, afirmó.
El panorama actual confirma que el sistema penitenciario en México se encuentra al borde del colapso, arrastrado por fallas estructurales, decisiones legislativas controversiales y una administración de justicia debilitada, lo que compromete tanto los derechos humanos de los internos como la seguridad dentro y fuera de los centros penitenciarios.
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