Se cierran campañas; empieza veda

Por primera vez en la historia de México, la ciudadanía elegirá directamente el domingo a jueces, magistrados y ministros

Ciudad de México, 29 may (EFE).- Los 3,422 candidatos a jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) concluyeron el miércoles una campaña de 60 días, en la antesala de la inédita elección del 1 de junio, cuando casi 100 millones de mexicanos elegirán 881 cargos del Poder Judicial.

En su conferencia matutina, la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, llamó este miércoles a una participación masiva en la elección y defendió el proceso como una forma más democrática de designación, en contraste con el modelo anterior, donde los nombramientos se acordaban entre el Ejecutivo y el Senado.

“Las personas que vayan a votar van a decidir quién va a ser el Poder Judicial, y quienes resulten triunfadores en esta elección, que resulten elegidos por el pueblo, elegidas, pues van a responder al pueblo. Esa es la gran diferencia”, subrayó Sheinbaum.

La jornada marcará la primera vez que la ciudadanía elige directamente a integrantes del máximo tribunal, del nuevo Tribunal de Disciplina Judicial y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), en un proceso que ha generado tanta expectativa como polémica por su alcance sin precedentes.

Durante la campaña, iniciada el pasado 30 de marzo, los aspirantes intentaron darse a conocer a un electorado diverso y poco familiarizado con sus perfiles.

Entre los cargos en juego se encuentran nueve puestos en la SCJN, dos en la Sala Superior del TEPJF, 15 en salas regionales, cinco en el Tribunal de Disciplina Judicial, 464 magistraturas y 386 juzgados.

A esto se suma la renovación de los sistemas judiciales locales en 19 estados, lo que eleva a 1,787 los cargos adicionales en disputa, lo que da como resultado un total de 3,422 candidaturas registradas en este proceso.

Sheinbaum negó que esta elección sea un intento de control del Poder Judicial por el oficialismo, como han acusado figuras de la oposición y los exconsejeros electorales Ciro Murayama y Lorenzo Córdova, quienes han llamado a no votar como forma de protesta ante lo que consideran un retroceso democrático.

En ese sentido, el líder del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno, aseguró que no ejercerá su derecho al voto al considerar las elecciones como la farsa más grande que se ha hecho en este país.

Desinformación, baja participación y polémica 

Encuestas recientes estiman que entre 5% y 20% del electorado acudirá a las urnas, mientras que el Instituto Nacional Electoral (INE) ha estimado una participación de entre 13% y 20% de forma extraoficial, similar a la última consulta de revocación de mandato de 2022, cuando se ratificó el mandato de Andrés Manuel López Obrador.

El ente organizador de las elecciones aclaró que los datos oficiales se darán a conocer en la noche del domingo 1 de junio al finalizar los comicios con un ejercicio muestral 1,644 casillas. No obstante, precisó que el porcentaje estimado es solo una aproximación debido a la complejidad de las boletas, la cantidad de cargos y el desconocimiento generalizado sobre los candidatos.

Organismos como las Naciones Unidas (ONU) y asociaciones civiles han advertido sobre posibles riesgos de injerencia del crimen organizado en estas elecciones, que se realizan en un contexto de violencia generalizada y ataques a actores judiciales en algunos estados, así como la posible vulnerabilidad de la independencia judicial.

La veda y sus restricciones

La suspensión de toda actividad proselitista comenzó al finalizar las campañas el miércoles 28 de mayo, conforme lo establece el calendario del Instituto Nacional Electoral (INE). Este periodo, también denominado como veda electoral o periodo de reflexión, busca garantizar que la ciudadanía cuente con tiempo para considerar su voto sin presiones externas.

Según explicó el profesor Benito Nacif, de la División de Estudios Políticos del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), aunque la ley fija la veda electoral en los días 29, 30 y 31 de mayo, las restricciones se extienden hasta la jornada electoral del domingo. Durante este lapso, los candidatos y candidatas a cargos judiciales están obligados a abstenerse de realizar cualquier acto de promoción personal.

En esta elección extraordinaria se definirán 881 cargos del Poder Judicial federal. Además, en 19 entidades federativas se elegirán también cargos judiciales a nivel local. La veda se aplica exclusivamente a los aspirantes, ya que los partidos políticos no participan directamente en este proceso, de acuerdo con lo señalado por José Luis López Chavarría, director del seminario de derecho electoral en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Durante la veda, los candidatos tienen prohibido realizar actos de proselitismo, participar en eventos de campaña, difundir propaganda en redes sociales, asistir a entrevistas con fines electorales, manifestarse públicamente a favor o en contra de alguna candidatura, y efectuar recorridos promocionales. Estas restricciones también alcanzan a los medios de comunicación y a simpatizantes que difundan propaganda relacionada con la elección judicial.

La Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE) establece que en los tres días previos a la elección, así como durante la jornada electoral y hasta el cierre de las casillas en las zonas con husos horarios más occidentales, está prohibida la publicación o difusión de encuestas o sondeos de opinión sobre preferencias electorales. El horario de cierre de casillas en el país más occidental corresponde a las 19:00 horas del centro de México.

Además, toda propaganda electoral debe haber cesado su difusión antes del inicio de la veda. En este proceso, los candidatos y candidatas solo podían emplear recursos propios para gastos de campaña, como traslados, hospedaje y viáticos. La legislación prohíbe expresamente recibir financiamiento de terceros o el uso de recursos públicos. Asimismo, los funcionarios públicos y partidos políticos tienen prohibido pronunciarse públicamente a favor de cualquier candidatura, prohibición que se mantiene durante la veda.

El incumplimiento de las disposiciones de la veda puede derivar en sanciones legales. La Ley General en Materia de Delitos Electorales contempla penas de seis meses a tres años de prisión, así como multas económicas de entre 50 y 100 Unidades de Medida y Actualización (UMAs), es decir, de entre 5 mil 657 y 11 mil 314 pesos, a quienes publiquen encuestas o sondeos durante los días prohibidos. Gabriel Espinoza Ibarra, maestro en derecho por la UNAM, recordó que todas las alusiones al salario mínimo en la legislación deben entenderse como UMAs, tras la reforma que desindexó ese indicador.

El próximo domingo, 99.9 millones de personas mayores de 18 años que integran la Lista Nominal de Electores estarán habilitadas para votar en alguna de las 84 mil 12 casillas que serán instaladas por el INE en todo el país. Cada votante recibirá al menos seis boletas electorales para sufragar en los comicios federales, además de papeletas adicionales en caso de vivir en alguno de los estados con elecciones locales concurrentes.

El INE recordó que el objetivo principal del periodo de veda es brindar a la ciudadanía un espacio para reflexionar sobre las propuestas de las candidaturas, con el fin de ejercer un voto libre, razonado y secreto el día de la jornada electoral.