Por Leslie Zamora
Saltillo, Coahuila 19/06/2025 (Más).- Aunque la llamada “Ley Silla” fue promovida como una medida a favor de la salud de los trabajadores, su implementación ha comenzado con el pie izquierdo debido a la escasez de sillas.
Así lo señaló el diputado Jericó Abramo Masso, quien advirtió que la logística para cumplir con esta obligación legal se ha complicado, principalmente por la alta demanda y la limitada disponibilidad de mobiliario ergonómico.
“La ley viene a beneficiar porque ayuda a que todos los trabajadores en las áreas de cooperativas, de supervisión, líneas de producción tengan la posibilidad de sentarse y descansar para poder pelear su salud y para que no se dañe su espalda baja y su espina dorsal”, dijo.
Sin embargo, lejos de celebrarse como un avance inmediato en materia laboral, la aplicación de la ley ha generado confusión, compras urgentes y quejas de empresarios ante la dificultad para cumplir a tiempo.
“No es un tema de presupuesto, las empresas van a tener que absorber el costo, que a la larga será un beneficio para ellas”, dijo Abramo Masso. Aunque evitó dar cifras exactas sobre el costo de una silla ergonómica, reconoció que las variaciones en precio y disponibilidad han entorpecido el cumplimiento del nuevo mandato.
“Sé que la bronca ahorita es que se agotaron muchas sillas, pero siguen llegando poco a poco”, comentó, intentando restarle peso a la problemática.
La Ley Silla es una reforma de la Ley Federal del Trabajo, aprobada en diciembre de 2024, que busca garantizar condiciones laborales dignas al obligar a los empleadores a proporcionar sillas con respaldo, para que los trabajadores –especialmente quienes permanecen largos períodos de pie en sectores como comercio, servicios y atención al público– puedan descansar durante su jornada. El objetivo es prevenir problemas de salud como fatiga muscular, várices y lesiones articulares.
Entró en vigor el 17 de junio de 2025, tras un periodo de transición de 180 días desde su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
El cumplimiento es supervisado por la STPS y, en caso de incumplimiento, se establecen multas de 250 a 2 500 veces la UMA, así como posibles suspensiones en casos reincidentes.
A pesar de que la intención de la ley es garantizar condiciones laborales más dignas, lo cierto es que la improvisación y la falta de una estrategia clara para implementarla han generado más dudas que certezas. Por ahora, muchas empresas enfrentan retrasos en la adquisición del mobiliario, mientras que los trabajadores siguen esperando el derecho prometido de poder sentarse durante sus jornadas laborales.
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