SE ACUMULAN CASOS DE CORRUPCIÓN EN COAHUILA

Por Miguel Villarello

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Se acumulan en la Fiscalía Especializada en Delitos por Hechos de Corrupción del Estado de Coahuila las carpetas de investigación por delitos como peculado, observaciones al ejercicio fiscal, quebranto, desvío de recursos y ejercicio de atribuciones indebidas principalmente de municipios y dependencias estatales, mientras que los ayuntamientos se preparan para entregar sus administraciones a quienes asumirán funciones en enero del 2022.

Aquí dos problemas, el acumulado de carpetas para unos cuantos ministerios públicos e investigadores de la Fiscalía Anticorrupción del Estado, los analistas de cuentas públicas de la Auditoría Superior del Estado, la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas y los municipios que entrarán en funciones pues, por ejemplo sólo en este rubro, hay ayuntamientos que van de salida y se niegan a entregar documentación y hasta equipos de software donde tienen resguardada la información de su actuar financiero pasado, por ejemplo Múzquiz, Acuña, Torreón, Zaragoza y Parras, entre otros.

El delito supuesto o de que se sospecha, principalmente, es el desvío de recursos mediante una elaborada telaraña de tráfico de influencias entre funcionarios, empresas fantasmas o “fachada” y ciudadanos, de ahí la tardanza en las conclusiones de procedimientos judiciales que lleva la fiscalía anticorrupción.

Para muestra están las más de 300 carpetas de investigación acumuladas en dicha dependencia, de las cuales el 75%, dato conservador, llega a un acuerdo reparatorio, el cual está contemplado en la ley, y la inhabilitación cuando se trata de algún funcionario por varios años en el ejercicio de la función pública; esta circunstancia es denominada como “reparación del daño” a las arcas municipales o públicas y se concluye el proceso judicial.

Mientras que el 25% se judicializa y después de un proceso largo, que pudiera tardar 4 años en promedio, se aplica la sanción, pago de multa, reparación del daño e inhabilitación definitiva de la persona si es funcionario público, y la baja del sistema de proveedores de los organismos gubernamentales si se trata de una empresa particular la involucrada o cárcel, reparación del daño y multa también si se trata de ciudadanos.

Este acumulado abarca carpetas principalmente de 2013 y administraciones municipales que iniciaron en 2014 y terminaron en 2017, mientras que sólo en lo que va del año 2021, de acuerdo con información aportada por la Fiscalía Anticorrupción, hay alrededor de 47 carpetas judicializadas y son en contra de los 38 municipios de la entidad.

RETROCESO DE 18 LUGARES

Al enterarse de que México retrocedió 18 lugares en el ranking de corrupción, Jesús Homero Flores Mier, titular de la Fiscalía Especializada en Delitos por Hechos de Corrupción del Estado de Coahuila (FEDHC), dijo que eso es resultado de una encuesta de percepción: “donde, si bien es cierto hemos avanzado algunos lugares en materia de corrupción en el índice global, seguimos siendo el país número 37 de los 37 países que forman la OCDE; sin embargo, lo que estamos haciendo es trabajar”.

“Esto va a tardar, la corrupción tiene décadas en el país y en el mundo, entonces son mecanismos que estamos luchando, son estructuras muy complejas, un monstruo de mil cabezas o mil manos que se va haciendo cada vez más grande -previó-, que se tardaría algunos años en que ya podamos mejorar en el barómetro global”, expuso.

Sin embargo, aseguró, hay resultados en Coahuila en los 4 años que tiene la Fiscalía Anticorrupción, ya hemos obtenido sentencias favorables, de acuerdos reparatorios y se ha sancionado a mucha gente, hemos judicializado más de 40 asuntos en el estado y es algo que nunca en la historia se había visto; hay cambios.

Tocó el caso del alcalde de Parras y comentó que sigue un proceso: “no sé a cuál exalcalde te refieras, pues tenemos ahí varias denuncias, son 24 carpetas de investigación del municipio de Parras y estamos llevando a cabo las indagatorias e integramos las carpetas”.

“La mayoría es por abuso de funciones, peculado y contratación ilícita, son cuatro administraciones las que se investigan solamente de Parras”, dio a conocer; entre ellas hay varias carpetas de la administración actual, inclusive el alcalde Ramiro Pérez Arciniega, de origen morenista ha comparecido en una ocasión por algunas imputaciones dentro de una carpeta de investigación ante la Fiscalía, fue a mediados del 2021.

“Este alcalde tiene varias carpetas, más de 4, de investigación, por irregularidades administrativas detectadas por la ASE, coincidió Flores Mier.

Y habló del acumulado: “Históricamente teníamos 312 carpetas de investigación que se han abierto, a la fecha hay alrededor de 237 carpetas de investigación en contra de municipios y mismas que se han estado integrando”.

Recalcó que algunas no son competencia de la Fiscalía Anticorrupción, sin embargo, han estado trabajando y dándole el debido trámite o procedimiento a cada una.

Por lo que respecta a la región Laguna, sostuvo, del total de carpetas corresponderían 60 y se hablaría de los últimos pues vienen de administraciones de 2014 a la fecha.

Para darle celeridad a las investigaciones pues algunos ediles terminan sus administraciones y no se les fincan las responsabilidades o quedan en el olvido sus investigaciones, se le comenta, y explica que: “el tema es que estamos en una situación en la que no se trata de un delito común como el robo a casa habitación o robo a persona, los indicios quedan ahí”.

“Nosotros traemos carpetas de investigación de 2014, 2015 y 2016 donde tenemos que viajar en una, digamos, ‘máquina del tiempo’ para ver qué legislación estaba vigente, dónde están los documentos, recabar la información, testimonios que probablemente ya no están trabajando dentro del servicio público y eso nos hace más complejo este tipo de delitos.

Ahora, en contraparte, ya se están poniendo más abuzados y hacen otras estrategias, como empresas factureras o el lavado de dinero donde es más difícil acreditar este tipo de delitos”, declaró.

Flores Mier explica las “empresas factureras”: “Son empresas fachada, que en realidad no prestan los servicios que ofrecen”.

Y ejemplificó que alguien integra una sociedad anónima con un capital diferente a un objeto, por ejemplo, para venta de mariscos, sin embargo, está construyendo una obra en un municipio o dependencia, entonces carece de un domicilio legal y la capacidad económica para poder hacer frente a las obligaciones que pudieran generarse de algunos vicios ocultos en la obra o alguna irregularidad.

“En pocas palabras, son las que no están de acuerdo con los requisitos que establece la ley o inclusive que no están en un padrón de proveedores que debe tener cada uno de los municipios”, afirmó.

Por ello reconoce que: “sin embargo, estamos trabajando, nos ha retrasado el flujo de información la Pandemia pues hubo dependencias federales de las que recabamos información como Hacienda, Comisión Bancaria de Valores y dependencias y sindicatos que estaban en modo no presencial, eso nos retrasa en la búsqueda del delito para encuadrarlo en el hecho cometido y buscamos la reparación del daño”.

Y entonces advierte que no se trata: “ya en estos tiempos de una corrupción improvisada, sino de una corrupción sistémica que está bien estructurada de una forma profesional en la cual nuestros agentes del ministerio público nos debemos certificar más para poder implementar acciones disuasivas de la corrupción y también de perseguirlas”.

FEDHC

En su página electrónico la FEDHC http://www.fehc.gob.mx/ dice que es un órgano de procuración de justicia que está dotada de autonomía técnica y operativa para la investigación y persecución de los delitos relacionados con hechos de corrupción del fuero común.

“Surgimos como parte integrante de los Sistemas Nacional y Estatal Anticorrupción, atendiendo a la necesidad de la ciudadanía de combatir la corrupción e impunidad, uniendo esfuerzos entre autoridades a fin de prevenir, detectar e investigar hechos de corrupción previstos en la ley como delitos y conforme a lo establecido en la reforma a la Constitución Mexicana desde 2015.

La dependencia cuenta con agentes del Ministerio Público especializados en la materia, personal directivo, administrativo y auxiliar capacitados para el cumplimiento de las funciones conferidas, con el objetivo de brindar la atención, certeza y procuración de justicia”, sentenció.

AUTONOMÍA

En noviembre se reunieron en Coahuila 19 fiscales anticorrupción, entre ellos el de Coahuila, de igual número de estados mexicanos, y la titular de la fiscalía anticorrupción de la Fiscalía General de la República para realizar la Convención Nacional de Fiscales Anticorrupción III Cumbre Coahuila.

A través de mesas de trabajo analizaron temas como el fortalecimiento de la comunicación y la coordinación entre las fiscalías, definición de tipos diversos de delitos, cómo le pega la corrupción a los sectores gubernamental y social, el impulso a mayor autonomía a las fiscalías anticorrupción, la utilización de criterios de oportunidad que ayuden a testigos e imputados a obtener beneficios a cambio de información, algo así como los testigos protegidos, para facilitar las investigaciones que desarrollan las fiscalías.

De igual modo evaluaron la homologación de tipos penales en el país ya que en cada estado son diferentes delitos, además del análisis de la dificultad en la medición de la eficiencia de las fiscalías anticorrupción y elevarlas como propuestas ante las cámaras de Diputados y Senadores.

Con referencia a hechos de corrupción con el uso de la figura del testigo protegido Jesús Homero Flores Mier mencionó que actualmente hay criterios que se manejan en el Código Penal: “pero no hay reglas claras para poder ir utilizando este tipo de mecanismos que hemos visto que en otros países funcionan de manera óptima, por eso la idea es ir analizándolo para ponerlo en práctica en el país mediante una reforma a nivel nacional”.

Vertió luego su opinión respecto de un caso de supuesta corrupción municipal en Ramos Arizpe, en el caso de Ramón Oceguera implicado en una investigación por peculado por alrededor de 150 millones de pesos, se informó que se resarciría el daño, ello a raíz de un acercamiento de sus abogados para tratar de llegar a un acuerdo reparatorio.

Por lo que el funcionario dijo que: “la fiscalía anticorrupción no tiene conocimiento de esa carpeta ya que se lleva a cabo por la Fiscalía General del Estado, sin embargo, sí existen mecanismos donde puedan llegar a acuerdo reparatorios o suspensiones condicionales a procesos; en el caso de que haya una reparación y que la víctima esté conforme de esta reparación que se haga”.

Se habla del caso del ayuntamiento de Ramos Arizpe, consideró, y le tocaría en este caso el otorgamiento o consentimiento para la reparación del daño ante una sede judicial y que la víctima o afectado es el propio ayuntamiento.

A Flores Mier se le pregunta con relación a los bonos de salida que muchas administraciones municipales entregan por terminar su período en diciembre del 2021 en el sentido de que si la Fiscalía Anticorrupción ha recibido denuncias por esta prestación fuera de la ley.

Comenta que hasta el momento no se han recibido quejas o denuncias de este tipo, pero: “estamos atentos, hemos visto algunas notas de medios y hemos recibido alguna información de forma indirecta, estaremos atentos a que no se lleve a cabo este tipo de acciones”.

“Hemos visto las declaraciones del Auditor Superior del Estado donde les invita a las administraciones a no llevarla a cabo ya que no está permitido este tipo de otorgamiento de estas prestaciones, pero estaremos atentos para llevar a cabo la investigación correspondiente en su caso”, añade.

INDICADORES

Después suelta las cifras de medición de las que habló al principio, los famosos indicadores, una vez que escuchase la pregunta: Respecto al trabajo de la fiscalía en este año ¿cuántas carpetas de investigación tienen y cuántas han sido judicializadas y las que hay en proceso?

Da a conocer que, a la fecha: “hay alrededor de 47 carpetas judicializadas de 323 carpetas que tenemos activas dentro de la fiscalía”.

En cuanto a las que están en proceso, comenta que están judicializadas: “no te tengo el dato de cuántas personas están dentro de las carpetas, no es una por carpeta, hay carpetas donde intervienen más de tres o cuatro funcionarios, exfuncionarios o ciudadanos, es decir, se trata de redes de corrupción, es así como lo vamos nosotros manejando”.

“Y contra qué dependencias del estado, si son municipales o estatales, tenemos en contra de los 38 municipios de Coahuila y tenemos denuncias en contra de prácticamente, no sé, son institutos, secretarías, en general de dependencias y organismos municipales y estatales, pero son entre otras, no en específico, de las más de 300 carpetas que llevamos.

Corresponden a períodos de 2013 a la fecha, ahorita las más nuevas que tenemos son de ejercicios fiscales 2019 y 2020 que ha presentado la Auditoría Superior del Estado de algunos municipios como Parras, Torreón, San Pedro, Zaragoza, entre otros”, concluye.

POSIBLE CORRUPCIÓN

También a mediados de noviembre trascendió el caso del senador Armando Guadiana Tijerina, a quien en una investigación mediática se le vinculó con un supuesto acto de corrupción clasificado como abuso de poder público en el ejercicio de sus funciones, concretamente se sospechaba que el político realizaba actividades de tráfico de influencias aprovechando su cargo como senador para conseguir la condonación de impuestos ante el SAT.

Hecho que, de comprobarse si se abriera una investigación por parte de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de la FGR, encuadraría como ejercicio indebido de la función pública de acuerdo con la Ley General de Responsabilidades de la Administración Pública.

El Senador coahuilense por MORENA se defendió y salió a declarar públicamente que: “hasta la fecha jamás he pedido una condonación de impuestos ni en lo personal ni para ninguna empresa en la que tenga que ver, me parece una vacilada”.

En rueda de prensa en la sede del Senado de la República en la Ciudad de México insistió en que: “para mí esto es una vacilada del Quinto Elemento LAB, porque afirma que es derivada de una nueva investigación y yo no le veo ninguna investigación”.

Él mismo informó a los reporteros que ese medio de comunicación hablaba de que: “condonaron algo así como 2.5 millones de pesos de impuestos, algo fiscal, yo creo que es tendenciosa y tratan de dañar a mi persona, pero realmente a mí ni me quita el sueño todo ese tipo de cosas, lo que sí les pediría a los elementos de Quinto Elemento LAB que tengan más cuidado en eso”.

Esa condonación, explicó: “se refiere a tres empresas, dos de ellas sí tengo intereses en ellas, no las manejo personalmente, y en otra soy socio, entonces a lo que se refieren es a la condonación de multas y optó por excusarse en que el SAT tiene la atribución de condonar impuestos”.

Guadiana Tijerina se refirió a hechos de corrupción y señaló que, con 50 años como empresario: “no nací ayer al calor de la actividad pública como muchas empresas nacen, se enriquecen con el poder público, es muy diferente”.

El hecho en concreto derivó de una: “nueva investigación: Las empresas del senador Armando Guadiana obtuvieron con la 4T tres condonaciones de adeudos fiscales por un valor de 2.6 millones de pesos; los perdones ocurrieron cuando el empresario ya era legislador” que dio a conocer Quinto Elemento Lab en su cuenta de twitter @quintoelab.

Ello, por supuesto motivó a que el Senador coahuilense insistiera en que no se ha beneficiado de la cuestión pública para establecer alguna de sus empresas.

CORRUPCIÓN EN COAHUILA

Relacionado a este embrollo, hechos de corrupción de algunos municipios o entidades federativas, hasta funcionarios o servidores públicos federales, estatales o municipales, la fiscalía especializada federal sólo tiene casos en los que participan en materia de corrupción servidores públicos federales o que haya recursos federales involucrados.

Así lo precisó la Fiscal Especializada en Materia de Combate a la Corrupción de la Fiscalía General de la República, María de la Luz Mijangos Borja, quien reconoció que: “en el tema de Coahuila se coadyuva en una investigación en un caso a la fecha”, aunque por el estatus de la investigación se reservó el aportar datos más específicos.

Se trata de casos en los que por materia le corresponden, advirtió: “y más bien la coordinación con las fiscalías estatales es el compartir experiencias y cuando ellos tienen un caso federal nosotros lo atraemos, pues la política que nos ha marcado el Fiscal General de la República es que cada una de las dependencias se haga cargo de sus propias dependencias”.

Antes y en cuanto al número de casos que ha atraído esta fiscalía por encuadrarse como delitos de corrupción federal, dijo que eran muy pocos, pero que de Coahuila ninguno; sin embargo, a pregunta expresa de si la fiscalía anticorrupción federal estaría coadyuvando con Coahuila en alguna investigación relacionada a hechos de corrupción contestó brevemente que: “sí tenemos una investigación en la que coadyuvamos”.

“Son muy pocos de otros estados pues de lo que se trata es que cada fiscalía se fortalezca y sean ellos quienes puedan llevar sus propios casos, pero las instancias federales sí les proveen de información, por ejemplo, la Comisión Nacional Bancaria o el Instituto Nacional Electoral en situaciones que se solicitan direcciones que se tienen registradas, todo ello con control judicial en cuanto a la protección de los datos personales”.

Inclusive habló de la eficacia en la conclusión de temas de investigación: “no necesariamente las sentencias condenatorias es el reflejo de una eficiencia, porque hay mecanismos alternativos de solución como la reparación del daño u otros mecanismos”.

“También hay que ver que, de por sí el propio sistema acusatorio tiene una temporalidad que rebasa los tres años, es decir, hay que esperar que madure esta institución para que se puedan tener casos que puedan señalarse y hay muchos mecanismos de defensa de derechos humanos como es el amparo.

Entonces una vez que se hace la apertura al juicio oral generalmente los imputados presentan un amparo por alguna situación que ellos consideran irregular y eso suspende el inicio del proceso, así hemos estado; por ello no se ha podido ver el esfuerzo que se hace en cuanto al combate a la corrupción”, expuso.

Después de que se reservó el derecho de mencionar el número de casos en que los imputados hayan interpuesto un amparo para interrumpir sus procesos judiciales, Mijangos Borja comentó que: “lo que sí te puedo decir es que en casos relevantes en los que tenemos a servidores públicos relevantes vinculados con narcotráfico, por ejemplo, no hemos podido llegar a la etapa de juicio oral por este impedimento de amparo”.

“Pero también tenemos muchos otros casos que están en etapa inicial, en audiencia de vinculación y esos casos irán madurando, entonces hay que esperar”, exhortó.

ENTREGA DE BONOS

Armando Plata Sandoval, Auditor Superior del Estado, habla sobre uno de los tantos aspectos que abarca la corrupción, es en cuanto a los “bonos” que entregan las administraciones salientes a las esposas de alcaldes por haber ocupado el puesto de directora del DIF municipal a pesar de ser un cargo honorífico y que reciben sueldo.

“De entrada, por ser honorífico y tratándose de las directoras del DIF por ser esposas de los alcaldes, el pago no es aplicable y cada año que se ha revisado recientemente la cuenta pública son observados”, explicó.

Afortunadamente va desmereciendo este tipo de prácticas, asegura y refrenda: “seguiremos revisando de manera en tiempo real, de manera trimestral, hasta el 2020 se han identificado estas prácticas”; aunque no precisa cuales ayuntamientos incurrieron en dicho supuesto ilegal, pero que se pueden encontrar en el informe analítico de resultados de la ASE.

Derivado de ello explica que para saber si algún ayuntamiento ha incurrido en prácticas dudosas, se obtiene con procedimientos universales: “a través de un buzón digital en donde las entidades fiscalizadas que presentan cuenta pública depositan sus comprobantes fiscales, la ASE cruza la información de los prestatarios o proveedores de servicios registrados en el estado y el SAT para saber cuáles están boletinados como empresas fantasmas”.

“U otro tipo de irregularidades, por ejemplo, comprobantes fiscales digitales cancelados y que tienen una aplicación contable que se dio”, dijo.

Son muchas cosas, añade, cruzamos esta información varias veces para validar mediante otros procedimientos, esa es la primera etapa, comprobación, y la segunda etapa es justificación.

“Es decir, no basta que me digas que le pagaste tanto a este proveedor y que este proveedor está al corriente de sus contribuciones, debemos ver en qué se gastó, cómo se gastó y qué relación tiene con la autoridad municipal de desarrollo, a qué programa se refiere y otras cosas.

Entonces se trata de un proceso muy amplio el que tiene la ASE y se denomina auditoría de cumplimiento, hay otras auditorías al desempeño y financieras, que tienen otro tipo de objetivos”, reiteró.

Entre las que no hayan cumplido con este tipo de requisitos en cuanto a las revisiones trimestrales Plata Sandoval asegura que: “no se ha detectado ninguna, pero las que se identifican se reportan dentro de los informes de la ASE y el auditor está obligado a investigar ante el SAT el porqué se está en esa situación, pero muchas veces se superan estas limitaciones que son comprensibles dentro de los bancos de datos del SAT”.

Destaca asimismo que: “lo que más está vigente reiterativamente en prensa son la exigencia de liquidaciones, los bonos de marcha, las compensaciones de fin de administración, entre otras”.

Y expresa que: “primero, las administraciones municipales tienen trabajadores temporales desde regidores hasta directores de área que son designados y son eventuales de acuerdo con la Ley General del Trabajo, pero la Constitución prevé que no se hagan este tipo de erogaciones puesto que tienen que estar debidamente presupuestadas, que estén devengadas, entonces en lo general no hay motivo para que se hagan este tipo de pagos extraordinarios, ninguna razón”.

E insiste en que los códigos municipales, la Constitución, restringen este tipo de acciones: “pero quien incurre en eso, quien lo reciba y quien lo pague incurren en responsabilidad y la ASE tendría que construir un expediente para promover esas cosas si es que no los promueve alguna persona mediante denuncia antes”.

Por lo que respecta a la presentación de las cuentas públicas trimestrales ante la ASE, el auditor superior precisa que las 150 entidades públicas presentan su cuenta pública, dependencias estatales, municipales y organismos públicos autónomos, que: “esos informes de avance de gestión financiera trimestrales son revisados y presentados a tiempo ante la ASE gracias al sistema de auditoría armonizado que se tiene”.

La excepción reconoce, sin embargo: “es que alguno se atrasara, pero este año ninguno lo ha presentado de manera extemporánea, todos han cumplido”.

Y advierte que en caso de incumplimiento se promueve una sanción administrativa: “y en este sentido ya con los parámetros que nos da la Ley de Responsabilidades Administrativas, ya en caso de incumplimiento reiterativo puede promoverse una sanción grave”.

Las sanciones administrativas no son económicas, van desde un “manazo” para que te portes bien hasta la inhabilitación, prevé Armando Plata.

“Ningún organismo ha incurrido en este tipo de atrasos, podrá haber alguno que se le colgó porque era domingo y la mañana del lunes lo están presentando, extemporáneo, claro, pero no hay necesidad de requerirlos”, aclaró.

No obstante que reconoce que sí ha habido dependencias que han sido sancionadas: “pero hay otras que han sido sancionadas económicamente por incumplimiento del requerimiento de la ASE y esas son sanciones que van desde los 20 mil Unidades de Medidas de Actualización (UMA) hasta alrededor de 60 mil UMAs”.

MENOS DE 300

Avanzada la segunda quincena de noviembre hay nuevos datos de parte de la FEDHC cuando da a conocer a los medios que cada uno de los siete agentes de ministerio público que tiene manejan mediante proceso 40 carpetas de investigación, lo que significa que la dependencia tiene 280 documentos indagatorios.

Aquí Jesús Homero Flores Mier explica que no todas llegan a concluir con una sanción pues la ley prevé la reparación del daño de las cuales en 30 carpetas se ha llegado a este final con una recuperación de alrededor de 15 millones de pesos, por lo que no todas se judicializan.

Además de que es sabido que en otras entidades federativas hasta 600 carpetas se llegan a acumular en total en cuanto a corrupción, la Fiscalía Especializada en Delitos por Hechos de Corrupción del Estado cuenta con siete agentes del Ministerio público y cada uno tiene a su cargo un forense contable y por lo menos tres policías investigadores.

“Todas se judicializan sin excepción y hay indagatorias en las que están involucrados funcionarios o exfuncionarios públicos del estado, municipales o jueces a quienes se les ha otorgado la inhabilitación, la prisión preventiva, un brazalete de localización previendo se sustraigan a la acción de la justicia”, concluye.

FALLAS EN ENTREGA

Otro punto de vista es el de la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas, tema que está muy relacionado con la posible comisión de un hecho considerado como delito de corrupción y es la entrega-recepción de las cuentas públicas entre los ayuntamientos que culminan en diciembre de este año y los que inician funciones en enero del 2022.

Después de asegurar que se lleva un 80% de avance en los procesos de entrega-recepción administrativa municipal, Teresa Guajardo Berlanga revela que los que más abajo andan en el cumplimiento de su actualización son los de la región Laguna: Torreón, Francisco I. Madero, Viesca, San Pedro y Matamoros.

Otro dato que emite es que: “36 de ellos están utilizando el sistema certificado de la SEFIRC, otro utiliza un sistema de contraloría propio y otro más con diferente sistema”.

No obstante, la sospecha de que el atraso pudiera extenderse hasta finales de diciembre, la titular del ramo está en el conocimiento de que algunas alcaldías se niegan a entregar información en el proceso de entrega-recepción y que se trata de alcaldes de partidos diferentes a los que entrarán en funciones como Frontera, Múzquiz, Parras y Torreón.

Por lo que establece que la SEFIRC trabaja: “coordinando y coadyuvando con todos los alcaldes a efecto de que el proceso se haga de una manera responsable, tranquila, con transparencia pues para eso les facilitamos el sistema que cumple con los requisitos que la ley establece”.

“Al inicio de los trabajos traían un cumplimiento menor al 50 por ciento, pero se aplicaron y hoy están al 88 por ciento en cumplimiento, esto significa que van avanzando en este procedimiento, no obstante que todavía queda pendientes y restan los meses de noviembre y diciembre para que actualicen la información restante”, mencionó.

E incide en el tema de la renuencia: “No sólo se busca que actualicen la información, se busca también que se encuentre de manera física, por eso participa personal del órgano de transparencia y del Archivo del Estado a efecto de que organicen esa documentación”.

En cuanto a las sanciones para los que no cumplan con la fecha indicada o no proporcionen la información debidamente, la funcionaria explica que una vez que inicien actividad los funcionarios públicos, en 2022: “tienen 10 días para llevar a cabo el acto protocolario de entrega-recepción, posterior a ello quienes reciben tienen 30 días para revisar minuciosamente la información”.

Es decir, advierte, que sepan exactamente lo que están recibiendo y si observan alguna irregularidad se la hagan saber al funcionario saliente a efecto de que se las aclare, ya que dentro de la entrega-recepción participan los contralores municipales que son quienes tienen la facultad para dar seguimiento a algún tema de observación de información y aclaraciones o sanciones.

Con referencia a los alcaldes que pudiesen recibir un pasivo, Guajardo Berlanga comenta que tendrán que tomar las medidas pertinentes: “por eso se hace el ejercicio de entrega-recepción para que con tiempo vayan revisando cómo va a ser la forma en que van a recibir cada municipio y cuáles son las estrategias que están llevando a cabo”.

Aunque prefiere no declarar sobre los casos de posible corrupción de los ayuntamientos de Parras, Torreón y Múzquiz por supuestas observaciones y falta de documentación de sus proyectos en su entrega-recepción asegura finalmente que la dependencia estatal sigue trabajando con las 38 presidencias municipales.

INVESTIGA

Por su parte el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de Coahuila, Jorge Luis Morán, habla de las investigaciones por delitos financieros en lo general y donde pudiese encuadrarse algún acto de corrupción en el ejercicio de la función pública.

Sostiene que se encuentra la dependencia en etapas de análisis: “tienes que darle seguimiento, no nadamas apretando un botón saldrá la información, tienes que comprobar, documentar, son etapas de análisis de investigación y de seguimiento y de confirmación de los datos y luego integrar jurídicamente ese expediente y después pasarlo a su procedimiento conducente”.

En la UIFC estamos trabajando, asegura escuetamente: “va a ser útil para Coahuila, creo que la visión del Gobernador de crear esta unidad es definitivamente el cerrar la pinza en el tema de seguridad para terminar de blindar a Coahuila de estas actividades ilícitas”.

Y respecto de si hay cuentas en investigación y la cantidad que se investiga, señala no poder decir el dato, “pero definitivamente ya tenemos investigaciones abiertas”.

Todo ello acontece mientras que la Fiscalía Anticorrupción del Estado, la Auditoría Superior del Estado, la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas y los ayuntamientos que entrarán en funciones a partir de 2022 batallan con sus expedientes ante la sospecha de eventualidades de corrupción.

Por ejemplo, Múzquiz, Frontera, Acuña, Torreón, Zaragoza y Parras arrastran varias observaciones e investigaciones cada uno por peculado, desvío de recursos y uso indebido de funciones públicas.

Sólo por citar un dato: la FEDHC acumula más de 300 investigaciones contra dependencias estatales, organismos autónomos y los 38 municipios, al tiempo, en el seno del Congreso del Estado se analizan las cuentas públicas referentes a las leyes de ingresos y presupuestos de egresos para aprobar los recursos financieros con que los ayuntamientos trabajarán a partir de enero del 2022.

Mientras las más de 300 investigaciones seguirán su tortuoso y lento curso para imputar responsabilidades por posibles hechos de corrupción.