Washington, D. C., 23/07/26 (Más).- La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (OFAC) sancionó a más de 50 personas y empresas mexicanas presuntamente vinculadas con el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), en la que calificó como la mayor acción realizada hasta ahora contra la estructura criminal, sus células de narcotráfico y sus redes financieras.
De acuerdo con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, la medida pretende afectar simultáneamente a dirigentes, familiares, jefes de plaza, operadores violentos, traficantes de fentanilo y cocaína, lavadores de dinero y negocios que supuestamente sirven para resguardar o movilizar los recursos del grupo. La ofensiva fue coordinada con agencias estadounidenses y con la Unidad de Inteligencia Financiera de México.
Entre las personas sancionadas se encuentra Juan Carlos González, alias “Pelón” y también identificado como Juan Carlos Valencia González, ciudadano mexicano y estadounidense a quien las autoridades de Estados Unidos señalan como nuevo dirigente del CJNG después de la muerte de su padrastro, Rubén Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, ocurrida durante una operación del Gobierno mexicano en febrero de 2026.
González enfrenta cargos por narcotráfico ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Columbia. El Departamento de Estado ofrece una recompensa de hasta cinco millones de dólares por información que permita su arresto o condena y lo identifica como un integrante veterano que, antes de ascender a la dirección, estuvo al frente de un brazo armado relacionado con hechos violentos.
“El presidente Trump ha dejado claro que los cárteles terroristas serán desmantelados”, declaró el secretario del Tesoro, Scott Bessent. “La medida de hoy afecta a la cúpula, los financistas y las redes criminales del Cártel de Jalisco Nueva Generación, privándolo de los recursos que utiliza para traficar fentanilo, aterrorizar a las comunidades y amenazar la vida de los estadounidenses”.
Las sanciones se aplicaron con fundamento en la orden ejecutiva 14059, relacionada con la proliferación internacional de drogas ilícitas y sus medios de producción, así como en la orden ejecutiva 13224, modificada para perseguir a organizaciones terroristas, sus integrantes y quienes les proporcionan apoyo financiero, material o tecnológico.
El organigrama elaborado por la OFAC divide a los sancionados en diferentes estructuras: la red de Audias Flores Silva, alias “Jardinero”; la red familiar de Gerardo Botello Rozález, alias “El Cachas”; operadores violentos; traficantes de fentanilo y cocaína, y una red externa de lavado de dinero. La gráfica también relaciona a familiares y asociados con gasolineras, compañías agrícolas, transportistas, firmas de seguridad privada, negocios de ropa y calzado, una licorería y empresas vinculadas con el tequila y el agave.
Aunque “Jardinero” fue detenido por autoridades mexicanas el 27 de abril de 2026, el Tesoro estadounidense sostiene que la red formada bajo su mando continúa operando en Jalisco, Nayarit, Michoacán, Guerrero y Zacatecas. Dentro de esa estructura aparece César Alejandro Villaseñor Olivares, alias “El Güero Conta”, señalado como responsable de supervisar empresas, familiares y personas utilizadas para ocultar activos obtenidos originalmente con recursos ilícitos.
La autoridad estadounidense vinculó a Flores Silva con Petrocoda, empresa relacionada con estaciones de servicio y presuntamente administrada mediante su prima Areli Isis Medina Flores y su subordinado Gabriel Serrano Magaña. También identificó a Karely Lizbeth Ramírez Bañales, esposa de “Jardinero”, como propietaria de El Almacén Licorería, y relacionó a ambas mujeres con Stella Servicios Comerciales y Empresariales, dedicada al comercio mayorista de ropa.
En el mismo núcleo se encuentran los jefes de plaza José Octaviano García Martínez, Uriel Hernández Morales y Cuauhtémoc Rivera Zepeda. Según el documento, estos operadores habrían participado en la producción de fentanilo, cocaína y metanfetamina en laboratorios clandestinos ubicados en Jalisco y Zacatecas, además de sostener redes para transportar los narcóticos hacia ciudades estadounidenses.
La OFAC agregó a otros asociados de la red, entre ellos Roberto Jiménez Arias, Martha Alicia Alvarado Rodríguez, Joana Domínguez Aguilera, Efraín Corona Pimentel, Ángel Gabriel López Larios, Fidel Damián Moreno López y José Jesús Gutiérrez Valdez. A este último le atribuyó la supervisión de laboratorios de metanfetamina en Zacatecas.
Los negocios ligados a ese grupo incluyen Casa Tequilera El Origen del Tequila, Hurrari Kash Promotora de Inversión, Agropecuaria Amateq del Valle y Productores Vagu. El Departamento del Tesoro sostiene que algunas de estas compañías eran manejadas por los propios integrantes de la red o por sus familiares y asociados para ocultar la propiedad o el control de activos.
Otra de las estructuras alcanzadas por la medida es la encabezada por Gerardo Botello Rozález, alias “El Cachas”, identificado como miembro de alto rango del CJNG. El informe lo vincula con actividades de narcotráfico, robo de combustible y con el Rancho Izaguirre, señalado como un centro en el que el cártel habría reclutado personas mediante procedimientos violentos y coercitivos.
La red familiar de “El Cachas” incluye a sus sobrinos Gustavo Botello Rodríguez y William Geovanni Botello Rodríguez, así como a Miguel Ángel Ayala Botello. También fueron designados Liliana Cisneros Tapia y los hijos de Botello Rozález: Jesús David, Edgar Gerardo y Ricardo Botello Ortiz, debido a su participación en las estructuras corporativas asociadas con la familia.
Entre las compañías vinculadas con ese núcleo aparecen Bubux Baby Shoes, dedicada a la venta de calzado infantil; Green Agropacific, empresa agrícola con sede en Nayarit; Corporativo de Seguridad Privada Alfa y Gama, con operaciones en Michoacán y Jalisco y autorización estatal para portar armas, y Rancho San Miguel Los Tres Hermanos, relacionado con la producción de tequila y agave.
La acción también alcanzó a Feliciano Ledezma Ramírez, alias “Chano Limones”, acusado por las autoridades estadounidenses de traficar fentanilo hacia Estados Unidos y participar en hechos violentos en las zonas de Nueva Italia y Múgica, Michoacán. En ese mismo apartado aparecen Alma Laura Mena Alvarado y José Mora León, relacionados con una empresa de logística presuntamente utilizada para desviar fentanilo líquido.
Mena Alvarado también fue señalada por supuestamente participar en la extracción y el robo de gasolina dentro de una zona controlada por el CJNG. Ella y Mora León aparecen vinculados con Strong Energy, dedicada a la extracción de petróleo y gas natural, y con Transic Logistic, empresa de servicios de logística.
En el tráfico de cocaína fueron identificados los hermanos Marcial Apolinar y Pedro Marcial Díaz Robles, originarios de Guadalajara. El Tesoro afirmó que aprovecharon sus relaciones con integrantes del círculo cercano del CJNG para facilitar cargamentos desde Sudamérica hacia México y posteriormente a Estados Unidos y Europa.
Jorge Zepeda Rodríguez fue señalado como empresario, traficante de cocaína y lavador de dinero que habría pagado millones de dólares a los hermanos Díaz Robles para obtener acceso y contactos en puertos mexicanos. Dentro del grupo de operadores violentos también aparecen Rodolfo Alejandro Loza García, alias “El 26”, y Francisco Noé González Ramírez, alias “El F1”, a quienes se atribuyen actividades delictivas en Jalisco y Zacatecas.
La OFAC identificó además una red profesional de lavado con operaciones en Zapopan y Guadalajara, integrada por Salvador Israel Rodríguez Flores, Jorge Villa Sánchez, Adolfo Gabriel Medina Chavira, Jorge Fernando Cruz Cabrera, Julio César Castellanos Ceja, Luis Mario Mendoza García y Hugo Alejandro Sánchez Tamayo.
Según la investigación, estas personas recogían dinero procedente del narcotráfico en diversas ciudades de Estados Unidos, lo transferían a México mediante distintos instrumentos financieros y posteriormente lo entregaban a los dirigentes del cártel. La red habría lavado decenas de millones de dólares anuales desde al menos 2023, reteniendo una parte de los recursos como comisión.
La gráfica incorporada al expediente muestra que Adolfo Gabriel Medina Chavira también fue relacionado con Mundo Fit Suplementos y Medin Products, mientras que Jorge Zepeda Rodríguez aparece asociado con Optic Private Transportation. El esquema visual expone cómo la OFAC agrupó los vínculos personales, familiares y comerciales para presentar las sanciones como una acción contra redes completas y no solamente contra individuos aislados.
Como consecuencia de las designaciones, todos los bienes e intereses patrimoniales de las personas sancionadas que se encuentren en Estados Unidos o bajo control de ciudadanos y empresas estadounidenses quedan bloqueados. También son alcanzadas las compañías que pertenezcan directa o indirectamente, en 50 por ciento o más, a una o varias personas incluidas en la lista.
Salvo que exista una autorización de la OFAC, las personas estadounidenses tienen prohibido efectuar operaciones que involucren bienes, fondos o servicios de los sancionados. Las instituciones financieras extranjeras que faciliten transacciones significativas también pueden enfrentar sanciones secundarias o restricciones para mantener cuentas corresponsales en Estados Unidos.
El Departamento del Tesoro indicó que, desde abril de 2015, ha sancionado a más de 250 personas y entidades vinculadas con el CJNG, entre ellas dirigentes, familiares, prestanombres, abogados, contadores y funcionarios señalados por corrupción. La nueva acción amplía ese registro y busca limitar los recursos utilizados por el grupo para financiar el tráfico de drogas, la violencia, el contrabando de combustibles y otras actividades ilícitas.
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