Grupo Salinas se queda sin recursos jurídicos para librarse de la deuda fiscal que supera los 50 mil millones de pesos. La deuda amenaza con afectar gravemente a la empresa y su valor
Ciudad de México, 14/11/25 (Más).- La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha cerrado prácticamente todas las salidas legales para Ricardo Salinas Pliego, quien deberá cubrir un adeudo fiscal firme por más de 50 mil millones de pesos, derivado de juicios perdidos relacionados con ejercicios fiscales que van de 2008 a 2013.
Con el fallo emitido este jueves por el Alto Tribunal, el empresario ha agotado sus últimas opciones dentro del sistema jurídico mexicano.
Según El País, la resolución de la Corte implica la pérdida de siete amparos interpuestos por el equipo legal del magnate, lo que deja vigente una deuda que originalmente era de poco menos de 36 mil millones de pesos, pero que, tras recargos por el retraso en el pago y litigios prolongados, se ha elevado sustancialmente.
El impacto para el Grupo Salinas podría ser devastador, no solo en términos financieros inmediatos, sino en la valoración futura de sus activos.
El cerco judicial se reforzó tras la reforma al recurso de amparo aprobada por el Congreso el mes pasado, la cual eliminó la posibilidad de impugnar actos administrativos relacionados con créditos fiscales firmes. Además, dicha reforma incluyó una cláusula de retroactividad parcial, lo que permitió aplicarla a casos que, aunque iniciados previamente, entraron recientemente en nuevas etapas procesales.
Con estos cambios, el empresario enfrenta un procedimiento más rápido y restrictivo: solo puede presentar un último recurso antes del remate de bienes, y cada tribunal tiene un máximo de 90 días naturales para resolver.
Según expertos como Jaime Cárdenas, investigador de la UNAM, se trata de que ya es a punto de que el señor Salinas pierda todo. Por su parte, Patricia López, especialista fiscal, sostuvo que las vías que le quedaban fueron clausuradas por la reforma de octubre.
Frente a este panorama, Salinas Pliego ha anunciado su intención de acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, aunque dicha vía internacional presenta serias limitaciones para un caso de índole fiscal. Antes de llegar a la Corte, tendría que pasar por la Comisión Interamericana, y el proceso podría extenderse hasta por una década, sin que ninguna resolución supranacional pueda detener la ejecución del cobro en México.
El exconsejero de la CNBV, José Antonio Quesada, advirtió que el efecto en las empresas del grupo será inmenso y no se limitará al monto del adeudo, sino a la pérdida de valor en sus activos y a la falta de perspectivas de mediano y largo plazo.
El caso de Salinas Pliego refleja la acción coordinada de los tres Poderes del Estado: el Ejecutivo, a través del SAT, persiguiendo el cobro; el Legislativo, reformando el marco legal para cerrar resquicios, y el Judicial, resolviendo expedita y firmemente litigios que llevaban más de una década abiertos.
Con una fortuna estimada en 7 mil 440 millones de dólares, equivalentes a unos 136 mil millones de pesos, el empresario enfrenta ahora un dilema irreversible: pagar o enfrentar el embargo de sus bienes.
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