Astillero
Julio Hernández López
Lo puede ni debe eludirse el contexto: la aprehensión del ex gobernador panista Ernesto Ruffo Appel se produce en medio de la creciente crisis de la gobernadora morenista Marina del Pilar Ávila Olmeda (con el agregado del otro ex, Jaime Bonilla) y su disposición a colaborar con autoridades extranjeras y, abriendo más el lente, en el plano general de las investigaciones, mexicanas y estadunidenses, relacionadas con el huachicol fiscal y sus múltiples implicaciones en aparatos de poder económico y político.
Hay, además, un mensaje simbólico contra el Partido Acción Nacional (PAN) y una advertencia al naciente partido Somos México (SoMex), cuya denominación definitiva está en litigio. Podría suponerse que también hay una pretensión de “distribuir” la etiquetación de narcopartido hacia las dos organizaciones mencionadas, que hasta ahora han sostenido su discurso político en ese señalamiento de colusión entre grupos del crimen organizado, el partido Morena y sus gobiernos y representantes populares.
Mensaje al PAN, porque Ruffo Appel fue el primer opositor al régimen priísta en llegar a una gubernatura, en 1989, como producto del pacto que para “legitimar de facto” al gobierno de Carlos Salinas de Gortari realizaron el dizque “jefe” Diego Fernández de Cevallos y el chihuahuense Luis H. Álvarez como negociadores.
Ruffo tomó posesión del gobierno de Baja California un mes después del presunto accidente carretero en que murió el implacable candidato panista contra Salinas de Gortari, Manuel Clouthier, apodado Maquío. Esta cesión abrió la puerta a otras durante el salinismo “legitimado”: en Guanajuato, el priísta electo, Ramón Aguirre (del equipo de Miguel de la Madrid), fue presionado para no tomar posesión y así dar paso al panista Carlos Medina Plascencia luego del fraude que argumentaba Vicente Fox Quesada, y en Chihuahua, Francisco Barrio Terrazas en segundo intento alcanzó la gubernatura, luego de señalamientos de fraude electoral del priísta Fernando Baeza en la primera candidatura
Tales acuerdos entre Salinas de Gortari y Acción Nacional significaron el desmoronamiento de la etapa doctrinal del PAN y la dominancia del ala extremadamente pragmática, constituida por empresarios como Ruffo Appel (los “bárbaros del norte”, se les llamaba a esos neopanistas).
El empresario Ruffo Appel se distanció del panismo y ahora forma parte del consejo consultivo de Somos México, el partido que aglutina a membretes relacionados con la rosácea defensa del Instituto Nacional Electoral. El encarcelamiento de Ruffo podría extender las etiquetas de narcopartido a Acción Nacional (que aún sigue presumiendo en sus anales al empresario como ejemplo de victorias democráticas), al igual que al área consultiva del nuevo partido que dirige el ex perredista y ex Chucho Guadalupe Acosta Naranjo.
Desde luego, lo primero que se necesita es la confirmación puntual de las acusaciones hechas por la Fiscalía General de la República. Según el comunicado oficial, al ex gobernador norteño se le responsabiliza de delincuencia organizada y contrabando (en específico, lo relacionado con lo que se denomina huachicol fiscal), todo ello como “resultado de una investigación de alta complejidad relacionada con grandes operaciones de contrabando de combustible”.
La FGR y, ha de decirse, la llamada Cuarta Transformación, deben precisar y demostrar estas acusaciones para que no sean señaladas como maniobras políticas de corte partidista y, sobre todo, de distracción respecto a la difícil situación de la morenista Marina del Pilar Ávila Olmeda, entrampada en audios que la muestran dispuesta a colaborar con gobiernos extranjeros y en el choque con el antecesor, Jaime Bonilla, de antecedentes políticos igualmente criticables.
Y, en especial, que la FGR muestre la misma energía, acuciosidad y “alta complejidad” para actuar contra personajes de la 4T señalados también como partícipes relevantes en casos de huachicol fiscal. ¡Hasta el próximo lunes!
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