Por Zitamar Arellano Trueba
Saltillo, Coahuila 22/07/26 (Más).- El caso de Rocky, el perro arrastrado y atropellado con una camioneta por una mujer en Saltillo, es tan solo el episodio más reciente de una larga cadena de violencia contra animales documentada en Coahuila por autoridades, organizaciones protectoras y ciudadanos, pero cuya verdadera dimensión permanece oculta debido a la falta de estadísticas oficiales claras.
Los datos más amplios provienen de la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de Coahuila, que contabilizó 182 reportes relacionados con violencia o crueldad animal entre 2020 y 2025. De ese total, 110 correspondieron a Saltillo, 18 a Torreón, nueve a Piedras Negras, nueve a Ramos Arizpe y siete a Monclova.
Detrás de esos números existe una sucesión de casos concretos en los que los animales fueron encontrados quemados, colgados, envenenados, abusados sexualmente, abandonados o desaparecidos después de ser entregados en adopción.
Uno de los primeros hechos que alcanzaron repercusión estatal después de la reforma legal que declara a los animales como seres sintientes y penaliza su maltrato o abuso, ocurrió el 7 de agosto de 2024 en Torreón. Una perrita posteriormente llamada Mily fue encontrada agonizando frente al Museo del Algodón, con gran parte de la piel desprendida y graves daños internos.
El Hospital Veterinario Municipal intentó salvarla, pero el animal murió después de sufrir tres paros cardiacos. Defensoría Animalista solicitó revisar las cámaras de seguridad de los negocios cercanos para establecer qué había ocurrido. Aunque las imágenes provocaron indignación y posteriormente una movilización ciudadana, nunca se determinó públicamente si Mily había sido atacada deliberadamente o atropellada.
Durante ese mismo año, habitantes de los ejidos Chulavista y Laguna del Rey, en Ocampo, reportaron la muerte de por lo menos 17 perros presuntamente envenenados. Vecinos señalaron que camionetas del Gobierno municipal habrían recorrido las comunidades arrojando salchichas contaminadas, acusación de la que el Ayuntamiento se deslindó.
El patrón volvió a denunciarse el 13 de julio de 2025. Valeria Rodríguez, habitante de Ocampo, aseguró haber observado una camioneta con logotipos municipales desde la que eran arrojados embutidos con una sustancia desconocida.
Horas después encontró agonizando a Princesa, una perra que murió y dejó ocho cachorros recién nacidos. No se conoce una resolución penal que haya establecido responsabilidades por ninguno de los dos episodios.
El 6 de mayo de 2025, la fiscalía Estatal y representantes de la Defensoría Animalista intervinieron en el ejido El Tajito para rescatar a un caballo de aproximadamente ocho años que presentaba desnutrición y señales de abandono. El ejemplar fue puesto bajo resguardo para recibir alimento y atención veterinaria.
Menos de una semana después ocurrió uno de los casos más graves y uno de los pocos que terminaron en sentencia. El 12 de mayo, Giovanni “N” provocó un incendio en un tejabán de la colonia Las Palmas, en Saltillo, donde se encontraban seis cachorros.
Cuatro perros murieron quemados y dos resultaron lesionados. La Fiscalía llevó el expediente mediante un procedimiento abreviado en el que el imputado aceptó su responsabilidad. El 19 de junio de 2025 recibió una sentencia de dos años y dos meses de prisión, además del pago de 10 mil pesos como reparación del daño, destinados a la compra de alimento para animales.
Otro caso que alcanzó los tribunales fue el de Jasper, un perro asesinado en Arteaga. De acuerdo con los testimonios reunidos en la investigación, Roxman “N” golpeó al animal después de que mordiera a su hijo y posteriormente lo colgó de un árbol.
La agresión fue captada en video y movilizó a ciudadanos y colectivos protectores. Tras la presentación de una denuncia, la Fiscalía abrió una carpeta y el 11 de julio de 2025 un juez vinculó al imputado a proceso. Le impuso la obligación de acudir periódicamente ante la autoridad y la prohibición de acercarse a la familia que tenía al perro bajo su cuidado.
En septiembre de ese año, un caballo fue introducido al bar Oklahoma, en Saltillo, donde varias personas lo obligaron a ingerir bebidas alcohólicas en medio del ruido y de un establecimiento lleno.
El video se difundió en redes sociales y la PROPAEC abrió un procedimiento administrativo. La dependencia impuso al establecimiento una multa de 10 mil Unidades de Medida y Actualización, equivalente entonces a aproximadamente 1.13 millones de pesos. Fue una de las dos sanciones administrativas más altas aplicadas por la autoridad ambiental por situaciones de maltrato animal.
La segunda multa de esa magnitud fue dirigida al Ayuntamiento de Piedras Negras, después de que trabajadores municipales fueron grabados mientras arrojaban cadáveres de perros en un tiradero.
La Fiscalía Regional Norte I abrió una investigación para determinar si la disposición de los cuerpos formaba parte de un procedimiento autorizado o si existían responsabilidades por maltrato, crueldad u omisiones de servidores públicos. Aunque en las imágenes no aparecía algún animal con vida, la forma en que fueron tratados los restos provocó la intervención de la Fiscalía y la PROPAEC.
En esa misma ciudad, hacia finales de 2025, fue encontrado un perro con gran parte de la piel arrancada y abandonado en condiciones de sufrimiento irreversible. El animal tuvo que ser sometido a eutanasia. La titular de la PROPAEC mencionó el caso como uno de los ejemplos más extremos de crueldad conocidos por la dependencia.
La cadena continuó en abril de 2026, cuando la PROPAEC clausuró en Arteaga un establecimiento conocido como El Ranchito Safari, que funcionaba como zoológico clandestino.
La autoridad informó que carecía de permisos y que los animales permanecían en condiciones de maltrato, por lo que los ejemplares fueron asegurados y se dio intervención a otras dependencias ambientales.
El 2 de mayo, en la colonia Petrolera de Monclova, una vecina sorprendió a un hombre de más de 80 años presuntamente abusando sexualmente de una perrita llamada Bonita. El animal presentaba lesiones y quedó bajo resguardo.
Con el acompañamiento de la Defensoría Animalista, el caso fue llevado ante el Centro de Justicia Penal de Frontera. Juan “N” fue vinculado a proceso por zoofilia el 14 de mayo y quedó bajo arresto domiciliario durante el desarrollo de la investigación complementaria.
A principios de julio surgió en Saltillo uno de los expedientes potencialmente más amplios. Rescatistas denunciaron la desaparición de dos perros que habían entregado en adopción a León “N”, pero conforme el caso comenzó a difundirse aparecieron más personas que afirmaron haber vivido situaciones semejantes.
Dignidad Animal, Proyecto Génesis y Lomitos al Rescate reunieron testimonios de más de 20 ciudadanos que dijeron haber confiado perros al mismo hombre sin volver a conocer su paradero. Las asociaciones entregaron a la Fiscalía conversaciones, fotografías, videos y otros indicios para incorporarlos a la carpeta.
La Fiscalía cateó un domicilio relacionado con el investigado y confirmó que no encontró animales en el inmueble. Posteriormente obtuvo una orden de aprehensión y detuvo a León “N” el 9 de julio en Guadalajara.
La cifra de 23 perros desaparecidos, los presuntos rastros de sangre y las identificaciones supuestamente utilizadas para recibir animales proceden de las organizaciones que acompañan el expediente y aún no han sido confirmados en una sentencia.
Apenas unos días después apareció el caso de Rocky. Un video grabado en el fraccionamiento Villas de San Miguel mostró al perro siendo arrastrado y atropellado con una camioneta. Las imágenes fueron difundidas por vecinos y por Dignidad Animal, que presentó una denuncia y entregó elementos para integrar una nueva carpeta de investigación.
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