Astillero
Por Julio Hernández López
La tardanza en designar a quien supla a Rubén Rocha Moya en la gubernatura de Sinaloa da cuenta de los conflictos entre bloques gobernantes: por un lado el estatal, que mantiene al rochismo en control de instancias decisorias, entre ellas ni más ni menos que el Congreso local, y por otra parte el poder nacional que teóricamente puede dar línea partidista desde la Ciudad de México a los legisladores locales color guinda.
La sesión del Congreso estatal que resolvería la sucesión sinaloense fue anunciada originalmente para desahogarse a las 11 de la mañana. Luego, en un movimiento con tufo a madruguete y no sólo por la hora, se anunció que se efectuaría a las 8 horas. Ni una ni otra se realizó. A la hora de redactar la presente columna nada se movía, ni citatorio ni información alguna, todo tras bambalinas, las élites en afanosa búsqueda de llegar a un acuerdo aceptable.
La presidenta de México había hecho algunas puntualizaciones en la mañana del lunes, en la que reapareció luego de un receso por razones de salud, según ella misma informó en redes el viernes en que estalló la aventura del llanero presuntamente solitario que pretendió volver por sus fueros. Ya sin tapabocas, la presidenta Sheinbaum zampó al sinaloense “rebelde” una condena política al desierto, prohibido cualquier intento de volver a las andadas licenciosas, es decir, las correspondientes a algún superviniente anhelo de tener fuero mediante un retiro de la segunda licencia que hubo de presentar a 34 horas de su fallido experimento de retoma del poder.
El diseño del futuro sinaloense pareció definirse con claridad en una primera parte: Rocha Moya no habrá de regresar y quien quede en el interinato lo hará hasta la hora de bajar la cortina sexenal, en octubre de 2027. Pero la segunda parte continuaba anoche en atoro: la mayoría en el Congreso sinaloense podría calificarse de rochista y, por tanto, buscaría continuidad de esa corriente, mientras desde la capital del país se impulsaba un perfil más cercano a lo técnico que a lo meramente político.
Según diversas versiones que se hicieron circular en redes, Jesús Ibarra Ramos sería la carta propuesta desde la capital del país para recibir la aprobación de la mayoría 4T en el Congreso local. Economista egresado del Tec de Monterrey, fue diputado local a nombre del Partido Nueva Alianza (el Panal fundado por Elba Esther Gordillo) y en 2018 pasó a Morena, desde donde también fue diputado local y actualmente es diputado federal.
Frente a los aspirantes a la sucesión que en mayor o menor grado están alineados con el poder local dominante hasta hace días, el de Rocha Moya, la característica de Ibarra Ramos es justamente lo contrario. No es rochista explícito y su perfil ofrecería a la oposición partidista y a la sociedad sinaloense un guiño diríase que promisorio de ir intentando superar los años complicados de la administración del gobernador nuevamente con licencia. Ya se verá si el claudismo puede imponer una figura novedosa o se sostiene el dominante armado de complicidades locales.
Pregunta flotante entre la legalidad y el pragmatismo: dado que la segunda solicitud de licencia de Rocha Moya es “indefinida” y no “definitiva”, es decir, que puede ser retirada por segunda vez en cualquier momento del periodo constitucional para el que fue electo, ¿por qué la presidenta Sheinbaum la ha dado como definitiva y ha expresado que el nuevo interino debe “llevar el ejercicio del gobierno desde este momento hasta el momento del cambio de gobernador (…) tiene que garantizar la gobernabilidad de Sinaloa, que se lleven a cabo de manera adecuada las elecciones en paz (…) Cerrar el gobierno, el sexenio”. Conforme a la ley, Rocha Moya será gobernador con licencia hasta el final de su periodo, en octubre de 2027, o antes si hubiera causa grave declarada formalmente. Pero, tal cual se escribió al inicio de la presente parrafada, todo esto son preguntas flotantes entre la legalidad y el pragmatismo. ¡Hasta mañana!
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