Por Zitamar Arellano Trueba
Saltillo, Coahuila, 20/07/26 (Más).- El robo y despojo de las tarjetas de la Pensión para el Bienestar se ha convertido en una forma creciente de abuso contra las personas adultas mayores, ejercida principalmente por familiares que aprovechan su dependencia física, problemas de salud o dificultades para realizar personalmente el cobro de sus recursos.
Tan sólo en el municipio de Frontera, la Dirección del Adulto Mayor y Personas con Discapacidad detectó recientemente 22 casos en los que beneficiarios fueron privados de sus pensiones, de acuerdo con una proposición presentada este lunes ante la Diputación Permanente del Congreso de Coahuila.
El documento advierte que muchas personas mayores deben entregar sus tarjetas o números de identificación personal a hijos, nietos u otros familiares porque ya no pueden trasladarse por sí mismas, tienen movilidad limitada o presentan alguna condición de salud que les impide acudir al banco.
Esta dependencia coloca a los beneficiarios en una situación de especial vulnerabilidad, pues las personas encargadas de ayudarlos pueden retener la tarjeta, retirar el dinero y apropiarse total o parcialmente de los recursos.
La diputada Edith Hernández Sillas señaló que, después de abordar el problema por primera vez en la sesión del 23 de junio, recibió reportes y solicitudes de información de ciudadanos que conocen casos en los que familiares se quedan indebidamente con el dinero entregado mediante la Pensión para el Bienestar.
Aunque estas conductas pueden configurar delitos como robo, fraude o abuso de confianza, una de las principales dificultades es que las víctimas y las personas que intentan auxiliarlas desconocen ante qué autoridad deben acudir, cómo bloquear la tarjeta y cuáles son los pasos necesarios para presentar una denuncia.
El planteamiento legislativo reconoce que no basta con advertir a los adultos mayores sobre el riesgo. Las víctimas requieren procedimientos sencillos, asesoría jurídica, formatos accesibles y respuestas inmediatas que permitan cancelar la tarjeta sustraída, recuperar el control de sus apoyos y obtener medidas de protección frente a los responsables.
El problema adquiere una dimensión particularmente delicada porque los responsables suelen pertenecer al círculo más cercano de la víctima, lo que puede desalentar las denuncias, provocar temor a represalias o dejar al adulto mayor sin la asistencia cotidiana de la que depende para alimentarse, desplazarse o atender sus necesidades médicas.
Además del daño económico, el despojo puede dejar a los beneficiarios sin recursos para adquirir medicamentos, alimentos o cubrir servicios básicos durante el periodo correspondiente al apoyo federal.
Ante esta situación, Hernández Sillas y los integrantes del grupo parlamentario Alianza Coahuila, del PAN, presentaron una proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Bienestar del Gobierno federal a coordinarse con estados y municipios.
La solicitud plantea implementar un programa de información y orientación dirigido a las personas adultas mayores y a sus familiares, con asesoría para prevenir, reportar y denunciar eficientemente el robo o despojo de las tarjetas mediante las cuales reciben sus apoyos económicos.
La propuesta fue aprobada este martes como punto de acuerdo en la sesión de la Diputación Permanente del Congreso estatal dirigido a la Secretaría del Bienestar.
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