Debido a la falta de diligencias recientes, una jueza negó imponer prisión preventiva a Gilda Lozoya Austin. Evidencian el largo periodo en que el caso Agronitrogenados ha permanecido sin avances
Ciudad de México, 13/07/26 (Más).- Después de que el expediente permaneciera sin avances durante más de tres años, la Fiscalía General de la República (FGR) reactivó la investigación relacionada con el caso Agronitrogenados en contra de Gilda Susana Lozoya Austin, hermana de Emilio Lozoya Austin, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex).
La falta de actuaciones recientes quedó exhibida durante una audiencia judicial y fue uno de los elementos que impidieron que la autoridad obtuviera la prisión preventiva justificada solicitada contra la imputada.
De acuerdo con información publicada por Animal Político, la jueza federal Nora Ileana García Peralta concluyó que la prolongada inactividad del Ministerio Público debilitó los argumentos de la FGR para sostener que Gilda Susana Lozoya Austin representaba un riesgo de fuga, por lo que determinó mantenerla en libertad provisional con diversas medidas cautelares mientras continúa el proceso penal.
Durante la audiencia realizada en el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, los representantes de la Fiscalía argumentaron que habían intentado localizar a la acusada en cinco domicilios distintos de la Ciudad de México sin obtener resultados favorables. Con ello pretendían acreditar la existencia de un peligro de sustracción de la justicia y justificar una medida cautelar más severa.
No obstante, la defensa evidenció que las diligencias utilizadas por la Fiscalía correspondían a los primeros días de julio de 2023, poco después de que la orden de aprehensión fuera emitida el 23 de junio de ese mismo año, y que desde entonces no existían nuevas actuaciones para ubicar a la imputada. Esta circunstancia llevó a la juzgadora a cuestionar la ausencia de investigaciones recientes por parte de las autoridades.
Durante la audiencia, la jueza expresó: “Ya han pasado tres años y no he visto que se hayan realizado diligencias recientes porque las mismas diligencias son de 2023, cuando se giró la orden de aprehensión; es decir, tampoco existen recientes”.
Posteriormente agregó: “Sí me llama la atención porque esta falta de actualización durante más de tres años no me da para decir que existe un peligro de sustracción de la justicia”, al considerar que la falta de actividad del Estado no podía utilizarse para restringir la libertad de la acusada.
Además de señalar la ausencia de investigaciones actualizadas, durante el proceso también quedó expuesto que la FGR no contaba con un análisis de riesgo procesal vigente para respaldar su solicitud; esa deficiencia fue considerada por la autoridad judicial al momento de valorar la necesidad de imponer una medida cautelar de prisión preventiva.
La investigación volvió a cobrar movimiento el 24 de junio de 2026, alrededor de las 23:20 horas, cuando una agente del Ministerio Público recibió una notificación del Instituto Nacional de Migración, dependiente de la Secretaría de Gobernación, informando que Gilda Susana Lozoya Austin había abordado un vuelo con destino a París, Francia.
A partir de ese aviso, la Fiscalía solicitó la emisión de una ficha roja de Interpol para facilitar su localización y eventual detención en cualquiera de los 196 países integrantes de ese organismo internacional.
Sin embargo, la imputada fue detenida hasta el 1 de julio de 2026 en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, cuando regresó al país. La jueza tomó en cuenta que el viaje se realizó utilizando documentación oficial y los controles migratorios correspondientes, además de que la acusada regresó voluntariamente a territorio nacional.
También valoró que desde hace años reside en el mismo domicilio que sus padres, Emilio Lozoya Thalmann y Gilda Margarita Austin y Solís, esta última bajo prisión domiciliaria y con vigilancia permanente por el mismo caso.
Con esos elementos, la impartidora de justicia resolvió mantener a Gilda Susana Lozoya Austin en libertad provisional, con el uso de un brazalete electrónico y otras restricciones, al tiempo que dejó en evidencia la inactividad de la FGR durante más de 36 meses en uno de los expedientes de corrupción más relevantes vinculados con la compra de Agronitrogenados.
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