Ciudad de México, nov 28. Raúl Rocha Cantú, empresario regiomontano y copropietario de Miss Universo, habría operado una estructura compleja para traficar armas desde Guatemala hacia México ocultándolas en cargamentos comerciales, según indagatorias de la Fiscalía General de la República (FGR). La investigación señala que las armas viajaban escondidas en autobuses que transportaban pacas de ropa y fayuca, que posteriormente eran descargadas en la zona de Pino Suárez, a unos metros de Palacio Nacional, donde operadores se encargaban de distribuir el material a diversos grupos criminales.
De acuerdo con información publicada por Infobae México, la carpeta FED/FEMDO/FEITATA-MEX/0000928/2024 describe que la red, también vinculada al narcotráfico y al tráfico de hidrocarburos robados, utilizaba esta ruta para abastecer a organizaciones como el Cártel Jalisco Nueva Generación, La Unión Tepito, La Chokiza y el Grupo Sombra de Veracruz. Las ventas se realizaban en persona y también mediante canales digitales, siendo “Kevin” el encargado principal de las operaciones en la capital, cuyo perfil de WhatsApp funcionaba como punto clave de transacciones.
Las investigaciones también revelan cómo operaban mecanismos de corrupción que permitían a la red tener acceso privilegiado a información institucional. Testimonios, registros bancarios y vigilancia física indican que Rocha y sus operadores pagaban sumas que iban desde los 120 mil hasta dos millones de pesos a funcionarios de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada para obtener copias de expedientes, alertas anticipadas de cateos y actualizaciones de investigaciones en curso.
Entre los funcionarios señalados se encuentran Mari Carmen Ramírez Rodríguez, apodada “La Fiscal”, ya detenida y vinculada a proceso, y Diego Adrián Mendoza Pérez, quienes presuntamente entregaban documentos y datos judiciales que ayudaban a la red a evadir acciones legales. El intermediario encargado de repartir los sobornos era Jacobo Reyes León, identificado como pieza clave en la logística criminal y enlace institucional.
La estructura interna de la organización estaba conformada por perfiles diversos que operaban en áreas técnicas, financieras, operativas y de protección. Rocha Cantú figuraba como el principal financista, aportando capital para la importación de armas y de hidrocarburos robados, mientras otros socios, como Jorge Enrique Alberts Ponce, presuntamente usaban empresas de seguridad y energía —entre ellas Acurgen S.A. de C.V., Seicsa y Valvón Servicios Integrales— como fachadas para contratos públicos y operaciones de lavado de dinero.
El grupo también contaba con operadores como Daniel Roldán Morales, Sergio Hurtado Perea, Alejandro Jacob Álvarez Arriaga y Paul Manrique Miranda, además de colaboradores auxiliares encargados de logística, almacenamiento, escolta y flujo financiero. Incluso se señala la participación de la jueza federal Elizabeth Muzquiz Pineda, quien habría intervenido de manera favorable para la red.
Los documentos de la FGR describen la existencia de patios logísticos, centros de distribución de huachicol y puntos de resguardo como “La Espuela”, en Querétaro, además de estaciones de servicio aparentemente controladas por la organización. Entre armamento, combustible robado, corrupción institucional y empresas fachada, la red habría logrado consolidar una estructura criminal con alcance binacional.
Las órdenes de aprehensión giradas el 15 de noviembre de 2025 incluyeron a trece personas; sin embargo, únicamente una funcionaria ha sido detenida hasta ahora. Raúl Rocha Cantú sigue libre, pues se acogió a un criterio de oportunidad y figura como testigo colaborador.