Por Francisco Padilla
Saltillo, 27/12/2024 (Más).- En los últimos días, se han reportado diversas denuncias en redes sociales sobre la situación que enfrentan compradores de autos «chocolate» y personas que realizaron el trámite de legalización a través de “coyotes”.
El decreto presidencial formalizado en marzo de 2022 tenía como objetivo regularizar los vehículos de procedencia extranjera, especialmente en ciudades fronterizas con Estados Unidos. La intención era brindar seguridad tanto al propietario del vehículo como a las autoridades mexicanas, asegurando el registro de dichas unidades.
A pesar de los esfuerzos por blindar el proceso y evitar que se convirtiera en un negocio ilícito, los “coyotes” encontraron lagunas legales para expandir su actividad en la compra-venta y la gestoría de trámites.
Uno de los principales requisitos era que el título del vehículo debía ser azul y no contener leyendas que indicaran que la unidad había sufrido un accidente mayor. Además, el documento debía haber sido emitido antes del 19 de octubre de 2021. Sin embargo, el decreto también establecía que, en ausencia del título, el propietario podía presentar una carta notariada que explicara que el vehículo era de su propiedad y que el título había sido extraviado.
Este último punto se convirtió en el principal detonante para que los “coyotes” evadieran la ley. Suplantaron títulos con fechas posteriores o de vehículos marcados como destruidos (rosas o cafés) utilizando la carta notariada. Como resultado, muchos vehículos actualmente en circulación fueron legalizados de esta manera.
El principal filtro en el proceso de regularización era el Registro Público Vehicular (Repuve). Este organismo revisaba los documentos, aprobaba o rechazaba los trámites y registraba los vehículos en el sistema nacional para que pudieran ser emplacados.
Sin embargo, a mediados de 2024, la Fiscalía implementó un sistema llamado CARFAX, el cual arrojó datos precisos sobre miles de autos que fueron legalizados de forma irregular. A estos vehículos se les colocó un “candado” que impide realizar futuros trámites, como el cambio de propietario o la renovación de placas.
Hasta ahora, no está claro qué sucederá con las miles de personas que, al confiar en intermediarios, adquirieron autos legalizados mediante métodos irregulares. Tampoco se ha definido el destino de quienes pagaron a “coyotes” precios inflados, en algunos casos el doble del costo de un trámite legal, para regularizar sus vehículos bajo el decreto presidencial.
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