Ciudad de México, 30/07/25 (Más).- Alejandro Moreno Cárdenas, presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), informó que este miércoles presentó denuncias penales ante la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de varias figuras prominentes de la llamada Cuarta Transformación, incluyendo al expresidente Andrés Manuel López Obrador.
El anuncio fue realizado durante una conferencia de prensa convocada en la sede del Senado de la República, donde estuvo acompañado por integrantes del grupo parlamentario del PRI en la Comisión Permanente del Congreso.
Durante su intervención, Moreno Cárdenas señaló que las denuncias buscan que se investiguen y esclarezcan hechos relacionados con presuntos vínculos entre actores políticos y el crimen organizado.
“Hemos presentado denuncias formales y penales en la Fiscalía General de la República para que se investigue y se esclarezcan estos hechos. En las denuncias también hemos incluido al expresidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, por los señalamientos que hay, aquí y a nivel internacional, de la protección y los presuntos vínculos del crimen organizado”, declaró el dirigente priista.
Entre los nombres incluidos en las denuncias figuran gobernadores y exgobernadores pertenecientes a Morena o vinculados con el proyecto político del expresidente López Obrador. De acuerdo con la información proporcionada por Moreno Cárdenas, fueron denunciados Américo Villarreal, actual gobernador de Tamaulipas; Alfonso Durazo, de Sonora; Rubén Rocha Moya, de Sinaloa; Rutilio Escandón, de Chiapas, y Adán Augusto López Hernández, de Tabasco. También mencionó a Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente y actual secretario de Organización del partido Morena, así como a Layda Sansores, gobernadora de Campeche.
El político campechano agregó señalamientos específicos en contra de Adán Augusto López Hernández, a quien responsabilizó por omisiones en el combate al crimen durante su periodo como secretario de Gobernación.
“Tabasco vivió un infierno y como secretario (de Gobernación) no pudo dar respuesta a la atención al crimen organizado. Adán Augusto López Hernández y Hernán Bermúdez Requena tienen más de 30 años de relación”, sostuvo Moreno.
La acción legal promovida por Alejandro Moreno Cárdenas ocurre pocos días después de que la fiscalía del estado de Campeche reactivó la solicitud de desafuero en su contra, proceso que ha sido interpretado por el PRI como una represalia política. En ese contexto, la dirigencia tricolor sostuvo que no se quedará callada frente a lo que califica como persecución selectiva, y afirmó que responderá a través de los canales institucionales.
En el anuncio, Moreno Cárdenas evitó dar detalles sobre las pruebas presentadas en la denuncia interpuesta ante la FGR, y tampoco se especificaron los delitos concretos por los que se acusa a los funcionarios y exfuncionarios señalados. No obstante, el dirigente aseguró que la documentación entregada a las autoridades incluye elementos que justifican la apertura de investigaciones formales.
La inclusión del expresidente López Obrador en la denuncia representa una escalada en el enfrentamiento político entre el PRI y el movimiento fundado por el exmandatario. Aunque hasta el momento no ha habido respuesta pública de los señalados, el caso ha comenzado a generar reacciones en medios de comunicación y redes sociales. La denuncia también abarca al actual dirigente estatal de Morena en funciones de gobierno, como es el caso de Layda Sansores, quien ha mantenido enfrentamientos políticos con Moreno desde que asumió la gubernatura de Campeche.
La acción anunciada por Alejandro Moreno Cárdenas se produce en un contexto de crecientes tensiones entre partidos políticos de oposición y actores vinculados al oficialismo, y en un escenario preelectoral marcado por acusaciones cruzadas, denuncias penales y señalamientos de uso político de las instituciones judiciales.
En su comparecencia, el dirigente priista insistió en que su partido no será rehén de intimidaciones y que mantendrá una postura firme frente a lo que considera actos de encubrimiento y protección de intereses ajenos a la legalidad.
Hasta el cierre de esta nota, ni la Fiscalía General de la República ni las personas denunciadas han emitido comunicados oficiales sobre el caso.
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