A pesar de que México clasificó los documentos principales sobre la búsqueda del general revolucionario Catarino Garza, casi todos estos pudieron conseguirse en Panamá por medio del Ministerio de Cultura de ese país.
REDACCIÓN MÁS / IA
El gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha mantenido un estricto hermetismo en torno a la búsqueda de los restos del personaje histórico Catarino Erasmo Garza. Los detalles sobre los acuerdos firmados entre México y Panamá, las metodologías empleadas y el rol de los funcionarios involucrados en esta encomienda presidencial, así como las cuentas del gasto público destinado a la recuperación de los restos de Garza, quien se presume murió en 1895 en Isla Colón, han sido ocultados. Así lo reportó la agencia Animal Político.
La Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) se negaron a proporcionar datos de interés público y reservaron los archivos relacionados con este caso por cinco años, desde 2024 hasta 2029.
Se les solicitó a ambas instituciones copias de los acuerdos firmados con Panamá, la metodología del proyecto de rescate, los planos del sitio exacto de intervención en el panteón viejo de Isla Colón, fotografías de los trabajos de prospección, información de las exhumaciones realizadas en Panamá, y una lista de las muestras óseas trasladadas de Bocas del Toro a la Ciudad de México para análisis, junto con los resultados obtenidos.

La CNB también recibió una solicitud para proporcionar el cargo, nombre y tareas de sus funcionarios involucrados en este encargo presidencial. La dependencia alegó que divulgar esta información pondría en riesgo a los funcionarios, similar al peligro que enfrentan las familias de víctimas de desapariciones y asesinatos en México.
“La identificación de quienes participan en acciones de búsqueda es de interés para grupos delincuenciales. Divulgar sus actividades podría poner en riesgo a estas personas”, respondió la CNB a la solicitud de información. La comisión equiparó el posible daño en el caso Garza con el que viven los familiares y funcionarios de comisiones de búsqueda en México. Citó, por ejemplo, el asesinato de Rosario Lilián Rodríguez en Sinaloa, de María Carmela en Guanajuato, y las amenazas a otras madres de hijos desaparecidos, como Ceci Flores, una figura destacada en los colectivos de Sonora.
La CNB mencionó las intimidaciones a la Brigada Nacional de Búsqueda en Morelos y las exigencias del grupo de desaparición forzada de la ONU para garantizar la seguridad de las familias buscadoras de desaparecidos. También señaló el caso de Javier Barajas Piña, funcionario de la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas en Guanajuato, quien fue asesinado.
Como prueba de daño, la CNB argumentó que la divulgación de información podría complicar y poner en peligro las acciones de búsqueda e identificación de restos humanos en la Isla Colón, en la provincia panameña de Bocas del Toro.
Animal Político interpuso un recurso de revisión tras la negativa: ¿a qué grupos delincuenciales se refiere la CNB y qué tipo de criminales podrían estar interesados en la ubicación del cuerpo de Garza, asesinado hace más de 100 años en otro país?

La opacidad en la misión de encontrar a Garza también se extendió al Ejército y la Marina. El Ejército se negó a desglosar el gasto de los 20 elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional que viajaron en el buque Huasteco entre febrero y abril pasados, acompañando a 60 marinos, 11 especialistas de la CNB y dos funcionarios de Relaciones Exteriores. La Marina, por su parte, en una primera petición no respondió a todas las preguntas sobre el gasto de operación del buque, las actividades en la Isla Colón y una copia de la bitácora del vuelo del helicóptero en el Huasteco, respondiendo a algunas cuestiones solo tras un recurso de revisión.
A pesar de que México clasificó los documentos principales, muchos de estos se obtuvieron en Panamá a través del Ministerio de Cultura, que maneja temas de arqueología y patrimonio. Estos documentos sirvieron para el reportaje «El desaparecido más importante para AMLO: más de 9.5 mdp para buscar al general Catarino en Panamá».
El Ministerio de Cultura panameño entregó datos clave, aunque no el inventario de las 155 muestras óseas tomadas de 29 personas exhumadas en el Cementerio Municipal de Isla Colón y exportadas a México. El columnista panameño Alexis Eliseo Sánchez obtuvo y compartió este archivo con Animal Político.
La SRE fue solicitada para proporcionar «El Arreglo de Cooperación Complementario del Convenio de Cooperación Educativa y Cultural entre el Gobierno de Panamá y el Gobierno de México para la Búsqueda, Exhumación y Repatriación de los Restos Mortales de Catarino Erasmo Garza Rodríguez», así como una copia de la propuesta arqueológica presentada por la CNB, señalando que, de acuerdo con la ley panameña, el Patrimonio Cultural debería evaluarla según la resolución No. 0194-2023.
Cancillería turnó la solicitud a varias dependencias, incluyendo la Subsecretaría para América Latina y el Caribe (SSALC), la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID), la Embajada de México en Chile (EMBAMEX CHILE), y la Embajada de México en Panamá (EMBAMEX PANAMÁ), sin obtener respuesta.
La embajada de México en Panamá clasificó la información sobre el arreglo de cooperación como reservada por un periodo de cinco años, argumentando que su divulgación afectaría la confianza mutua entre ambos gobiernos y comprometería la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional.
Con información de Animal Político
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Puro pan Y circo para distraer a los chairos E ignorantes de la friega económica que El País está sufriendo.
Debe legislarse ya para que nada, absolutamente nada de información que involucre recursos públicos, se reserve.
Viola el derecho de los mexicanos a conocer en qué se gasta el dinero del pueblo bueno.