Ciudad de México, 30/01/2025 (Más / IA).- Colectivos de familiares de personas desaparecidas reprocharon la falta de atención del gobierno de Claudia Sheinbaum, quien en octubre de 2024 prometió reforzar el contacto con las madres buscadoras.
A pesar de que enviaron una carta a la Presidencia y a la Secretaría de Gobernación para solicitar una reunión, hasta el momento no han recibido respuesta ni se ha informado sobre nuevas políticas públicas para la búsqueda e identificación de desaparecidos, de acuerdo con un balance ciudadano presentado por Red Lupa.
Uno de los principales hallazgos del informe es la falta de fiscalías especializadas en desapariciones en varios estados. Actualmente, Durango, Sonora, Oaxaca y Yucatán no cuentan con una, mientras que la distribución de estas fiscalías en el resto del país es desigual.
“En algunos estados como Jalisco, Nuevo León y Veracruz se han consolidado estructuras más robustas, mientras que en el sur y sureste del país aún hay entidades sin fiscalías especializadas o con fiscalías debilitadas por la falta de recursos y personal capacitado”, señala el documento.
Incluso en las entidades donde existen estos órganos, el balance advierte que muchas fiscalías enfrentan problemas de falta de personal, escasez de recursos y capacitación deficiente en derechos humanos, perspectiva de género y manejo de víctimas.
Además de la ineficiencia en las fiscalías, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas aún no cuenta con una política clara de atención y reparación para víctimas de desaparición, ni siquiera para quienes fueron afectadas durante la llamada “guerra sucia”. Según la Red Lupa, este organismo solo ofrece asesoría jurídica limitada a las víctimas de desaparición, sin garantizar reparaciones integrales.
Por otro lado, la Comisión Nacional de Búsqueda no ha cumplido con su compromiso de mejorar el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, lo que impide contar con datos de calidad sobre la magnitud del problema. Tampoco se ha generado un Programa Nacional de Búsqueda y Localización, el cual debió publicarse desde 2018.
A nivel forense, el Centro Nacional de Identificación Humana fue creado jurídicamente, pero no opera en la práctica, y la Fiscalía General de la República no ha implementado el Banco Nacional de Datos Forenses, a pesar de haber anunciado el inicio de sus funciones. Asimismo, no se ha presentado un Programa Nacional de Exhumaciones e Identificación Forense, lo que mantiene en la incertidumbre a miles de familias que buscan a sus seres queridos.
El balance ciudadano también destaca que solo la mitad de los estados del país cuentan con consejos ciudadanos de búsqueda, y menos de un tercio han establecido panteones forenses y centros de identificación humana.
Además, ocho entidades todavía no cuentan con una ley estatal en materia de desaparición de personas: Campeche, Chihuahua, Colima, Durango, Guerrero, Michoacán, Quintana Roo y Tamaulipas. Aunque todas las entidades han aprobado una Ley de Víctimas, solo 19 de los 32 estados han promulgado una ley para la declaración especial de ausencia de personas desaparecidas.
“Aunque ha habido avances, persisten vacíos normativos y operativos que dificultan la garantía de los derechos de las víctimas. Es fundamental que los estados no solo promulguen leyes, sino que las implementen efectivamente”, subraya el informe.
Entre los problemas más graves detectados por la Red Lupa están: falta de información confiable sobre el número total de personas desaparecidas; deficiencia en los datos sobre fragmentos humanos que necesitan ser identificados; capacidad insuficiente para la identificación humana y atención de casos de “larga data”, y ausencia de planes estratégicos para articular acciones de búsqueda e identificación.
Además, el balance indica que no existe una política clara del Gobierno Federal en materia de desaparición de personas, lo que se traduce en debilidades en la capacitación del personal, la investigación de casos, la asistencia a víctimas y la administración de justicia.
Otro punto crítico es el alto nivel de impunidad, que permite que los perpetradores de desapariciones continúen operando sin consecuencias y utilicen este crimen como herramienta de control territorial para el desarrollo de actividades criminales.
Finalmente, el informe señala que los familiares de personas desaparecidas enfrentan obstáculos para incidir en las políticas públicas y recibir atención adecuada. Según la Red Lupa, los espacios de participación siguen siendo limitados, lo que agrava la sensación de abandono e impunidad.
A pesar de estos pendientes, el presupuesto 2025 contempla recortes en programas de búsqueda, atención a víctimas y protección de derechos humanos, lo que ha generado preocupación entre los colectivos que han exigido a la administración de Claudia Sheinbaum una respuesta inmediata y efectiva a la crisis de desapariciones en el país.
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