Por Zitamar Arellano Trueba
Saltillo, Coahuila, 10/6/25 (Más).- El Congreso de Coahuila aprobó este mediodía un par de reformas estructurales en la Secretaría de Seguridad Pública y la Fiscalía General del Estado, que por un lado crean nuevas oficinas de Inteligencia y Antinarcóticos, entre otras, y por otra parte buscan optimizar el trabajo de investigación y persecución de delitos.
La nueva Ley Orgánica de la Secretaría de Seguridad Pública crea nuevas unidades administrativas y operativas, orientadas a la prevención del delito, proximidad social e inteligencia, una novedad en la legislación coahuilense que permitirá prevenir delitos cibernéticos y fraudes digitales y que abre la puerta a futuras reformas a la legislación penal para incorporar delitos de esta materia.
Con la nueva ley, la Secretaría de Seguridad Pública se reorganiza, incorporando también áreas especializadas como la Policía Violeta para atender violencia de género, y la División Antinarcóticos para combatir el tráfico de drogas. Además, se refuerzan mecanismos de colaboración interinstitucional con entidades federales y estatales, con el fin de, se suponer, mejorar la seguridad ciudadana.
La nueva ley hace énfasis en la prevención y proximidad social, estableciendo la Subsecretaría de Proximidad Social y Prevención, que busca fortalecer la relación entre policías y la ciudadanía. Asimismo, la ley incluye la implementación de una Unidad de Justicia Cívica, promoviendo la resolución de conflictos mediante mecanismos alternativos.
Se contempla la actualización de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado, alineándola con nuevos modelos de operación y estrategias de inteligencia. Adicionalmente, la legislación adopta el lenguaje inclusivo, asegurando que se respete la equidad de género en el marco normativo.
En el ámbito penitenciario, se refuerza la Unidad del Sistema Estatal Penitenciario, encargada de la administración de los centros de reclusión y la reinserción social de las personas privadas de su libertad. También se optimiza la gestión del Centro de Comunicaciones, Cómputo, Control, Comando e Inteligencia para el manejo de información estratégica.
Finalmente, la ley establece disposiciones para la capacitación continua de los elementos de seguridad, incentivos laborales y mejoras en su bienestar, asegurando una policía más profesionalizada y cercana a la ciudadanía.
Por otra parte, la reforma a la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado tiene el objetivo de dar mayor independencia, imparcialidad y autonomía técnica y operativa a la Fiscalía Especializada en la Investigación de Delitos de Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. Esta iniciativa responde a disposiciones federales que obligan a los estados a crear fiscalías especializadas en la materia y busca fortalecer su estabilidad institucional.
La reforma plantea modificaciones donde se establece que el Fiscal General tendrá facultades para nombrar y remover a los fiscales especializados, excepto al Fiscal de la nueva fiscalía, cuya remoción deberá realizarse conforme a un procedimiento especial previsto en la Constitución del Estado. En el artículo 20, se refuerzan los principios de independencia y autonomía, asegurando que el titular de la Fiscalía Especializada pueda desempeñar su labor sin interferencias externas.
El decreto surge tras la revisión de normas vinculadas a la separación de cargos y la transparencia institucional en la Fiscalía General del Estado. Su propósito es evitar retrasos en la investigación de delitos de tortura y garantizar que la fiscalía especializada pueda operar con estabilidad y eficacia. La propuesta también busca mejorar la percepción pública sobre el sistema de procuración de justicia, asegurando que los mecanismos de nombramiento y remoción sean claros y justificados.
La reforma fue dictaminada por la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, quienes respaldaron los ajustes a los artículos 18 y 20, asegurando que la reforma no altera la estructura operativa de la Fiscalía General, sino que fortalece la independencia de la unidad especializada.
La diputada Guadalupe Oyervides, presidenta de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, que participó en ambos dictámenes, dijo que con estas reformas se espera que la incidencia delictiva en Coahuila baje aún más.
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