Culiacán, Sinaloa, 06/05/26 (Más).- El vicefiscal de Sinaloa, Dámaso Castro Zaavedra, presentó una licencia sin goce de sueldo mientras enfrenta serias acusaciones por presuntos vínculos con el crimen organizado, derivadas de una investigación de Estados Unidos. La medida busca garantizar que su situación jurídica se atienda sin que interfiera en el desempeño de la Fiscalía General del Estado.
La solicitud de licencia se entregó con fecha del 5 de mayo de 2026 y se sustenta en disposiciones constitucionales federales y locales, así como en la Ley Orgánica de la Fiscalía.
En el documento, Castro Zaavedra manifestó su disposición para atender cualquier requerimiento institucional “por las vías legales correspondientes y en estricto apego al marco jurídico”.
La licencia ocurre después de que la fiscal estatal, Claudia Zulema Sánchez Kondo, informara que se analizaba la posible separación temporal del vicefiscal para que el proceso se desarrollara sin interferencias.
“Él ahorita continúa activo; sin embargo, se analiza la posibilidad de una separación en lo que la investigación continúe su curso, para atender el debido proceso”, declaró la funcionaria antes de que se hiciera pública la licencia.
Sánchez Kondo reiteró la importancia de respetar el principio de presunción de inocencia, aun ante la gravedad de los señalamientos.
“Hay un principio de presunción de inocencia para todas las personas. Hasta este momento, la investigación está en su curso y estamos atentos a lo que se resuelve”, señaló, subrayando que el proceso debe desarrollarse conforme a la ley.
Dámaso Castro Zaavedra enfrenta acusaciones presentadas el 29 de abril por el fiscal federal del Distrito Sur de Nueva York, Jay Clayton, en conjunto con la DEA.
Según el documento estadounidense, se le identifica con el alias de Culiacán Regio y se le atribuye haber recibido aproximadamente 200 mil pesos mensuales entre 2021 y septiembre de 2024 por presuntamente proteger a integrantes del Cártel de Sinaloa, especialmente a la facción conocida como Los Chapitos.
La investigación estadounidense sostiene que el vicefiscal habría intervenido para evitar detenciones y proporcionar información operativa a miembros del grupo criminal.
Entre los cargos que se le imputan se encuentran conspiración para la importación de narcóticos; posesión de ametralladoras y artefactos explosivos; y conspiración para poseer dicho armamento, delitos que podrían acarrear penas de cadena perpetua en caso de ser hallado culpable.
En México, la Fiscalía General de la República informó el 1 de mayo que, por el momento, no procedía la detención provisional con fines de extradición solicitada por Estados Unidos, debido a que no se cumplían los requisitos legales.
La dependencia también indicó que solicitaría a la Secretaría de Relaciones Exteriores requerir a las autoridades estadounidenses las pruebas del caso para fijar una postura institucional.
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