Talleres Gráficos de México (TGM) tendrá nueva directora, una Junta de Gobierno ampliada y mayores controles sobre sus contratos como parte de una renovación que busca aumentar su capacidad para producir documentos oficiales y materiales electorales, transparentar el uso de recursos y reducir los costos de las elecciones.
La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, presentó durante la conferencia matutina el decreto para fortalecer al organismo, cuya publicación en el Diario Oficial de la Federación anunció para la tarde de este miércoles. Explicó que TGM tendrá el mandato expreso de producir documentación y materiales electorales para el Instituto Nacional Electoral (INE) y los organismos electorales estatales.
La presidenta Claudia Sheinbaum designó a Viridiana Gabriela Yáñez Rivas como nueva directora general. Al mismo tiempo, se anunció que la Junta de Gobierno pasará de cuatro a siete integrantes, con la incorporación de tres consejeros independientes designados por instituciones de educación superior, quienes tendrán voz y voto en las decisiones.
Los nuevos consejeros son Ángel Eustorgio Rivera González, por el Instituto Politécnico Nacional (IPN); Raúl Juan Contreras Bustamante, por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y Josefina Cortés Campos, por el Tecnológico de Monterrey. Los otros cuatro lugares corresponderán a representantes de Gobernación, la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.
Uno de los principales cambios será un padrón público de contratistas y proveedores, con evaluaciones de su capacidad técnica, material, operativa, administrativa y financiera. También habrá un registro de datos abiertos para consultar contratos, convenios, órdenes de producción y avances de ejecución.
Rodríguez sostuvo que las contrataciones deberán ajustarse a la normatividad y realizarse mediante licitaciones públicas, nacionales o internacionales. El plan prevé excluir a empresas sancionadas, con impedimentos legales o sin capacidad para cumplir los servicios; también contempla restricciones a las observadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) o emplazadas por la Comisión Nacional Antimonopolio.
La vigilancia incluirá una solicitud voluntaria de auditoría anual ante la ASF, además de las revisiones adicionales que resulten necesarias, incluso en tiempo real. Con ello se busca abrir al escrutinio tanto la asignación de los contratos como su cumplimiento.
Para prevenir conflictos de interés, quien ocupe la Dirección General no deberá haber sido representante, socio o empleado de proveedores de documentación y materiales electorales durante los cinco años anteriores a su nombramiento. Las tarifas deberán ser autorizadas por la Junta de Gobierno y se buscará homologar los precios aplicados al INE y a los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE).
La transformación tendrá dos etapas. La primera comenzará con la entrada en vigor del decreto y llegará hasta junio de 2027; estará concentrada en la reorganización administrativa, los controles sobre proveedores, la transparencia y la rendición de cuentas. Durante esta fase, Talleres Gráficos mantendrá su sectorización en la Secretaría de Gobernación.
La segunda etapa abarcará de julio de 2027 a 2030 y contempla convertir al organismo en una Imprenta Nacional con mayor capacidad de producción. Para ello se prevé modernizar instalaciones, infraestructura y equipo destinados a documentos electorales y de seguridad, además de operar con mecanismos de compras abiertas.
En julio de 2027 se plantea presentar una nueva Ley de la Imprenta Nacional de México, con un mandato exclusivo para producir documentación y materiales electorales, así como documentos de seguridad. Esta parte del proyecto dependerá de cambios legales posteriores.
También se propondrán modificaciones a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales para que la documentación y los materiales electorales sean producidos por entes públicos, bajo las especificaciones y el control de calidad del INE. Rodríguez explicó que esa producción pública ya ocurre, pero actualmente no es obligatoria, por lo que se buscará presentar la iniciativa ante la Cámara de Diputados.
El esquema incluirá compras consolidadas para el INE y los OPLE mediante un catálogo único, así como un almacén nacional para recuperar, rehabilitar y reutilizar materiales electorales. La secretaria sostuvo que, además de transparentar las operaciones y rendir cuentas, se pretende lograr un ahorro sustancial ante el elevado costo de las elecciones en México.
Yáñez Rivas, quien encabezará esta reorganización, es licenciada en Sociología, maestra en Gobierno y Asuntos Públicos y doctora en Políticas Públicas por el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE). Antes de asumir la dirección ya trabajaba en TGM como gerente de Cotizaciones y Servicios Técnicos. También ocupó una dirección en el entonces Conahcyt, hoy Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, donde adquirió experiencia en planeación y evaluación de políticas públicas.
Rivera González, representante del IPN en la Junta de Gobierno, es profesor investigador de tiempo completo en la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería y Ciencias Sociales y Administrativas (UPIICSA) y coordinador de la Red de Desarrollo Económico. Es ingeniero industrial, maestro en Ciencias con especialidad en Sistemas de Calidad y Productividad y doctor en Filosofía en Administración.
Su trayectoria comprende sistemas de calidad, gestión organizacional y administración del conocimiento, con investigaciones sobre estrategias para fortalecer los procesos institucionales. Es integrante del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores (SNII), nivel 1.
Contreras Bustamante es académico de la Facultad de Derecho de la UNAM, con casi 38 años de trayectoria. Tiene dos doctorados en Derecho, uno por esa universidad y otro por la Universidad de Salamanca, España, además de dos doctorados honoris causa. Pertenece al SNII, nivel III, y dirigió la Facultad de Derecho durante dos periodos consecutivos, de 2016 a 2024. Su experiencia reúne docencia, investigación jurídica y gestión universitaria.
Cortés Campos es profesora de Derecho e investigadora de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del Tecnológico de Monterrey, campus Ciudad de México. Estudió Derecho en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y obtuvo un doctorado en Derecho por la Universidad Carlos III de Madrid, España.
Su trabajo se relaciona con el derecho administrativo, la regulación económica, los servicios públicos y el sector energético. Fue directora general de Privatizaciones y Concesiones de la entonces Comisión Federal de Competencia y pertenece al Sistema Nacional de Investigadores, nivel 2.
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