Ciudad de México, 21/10/25 (Más).- En un giro trascendental para la política energética nacional, Petróleos Mexicanos (Pemex) ha oficializado un nuevo modelo operativo que abre sus actividades a la inversión privada, con el objetivo de frenar la caída de la producción de hidrocarburos líquidos y evitar una crisis energética durante el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.
Esta estrategia se basa en la implementación de contratos mixtos, que permitirán a empresas privadas aportar el capital y asumir parte de los riesgos de producción, mientras Pemex mantiene la administración de los recursos y el dominio sobre los hidrocarburos, en apego al marco constitucional.
De acuerdo con información publicada por Animal Político, la petrolera estatal enfrenta un escenario crítico: una combinación de declive productivo, desinversión, alta deuda y deficiencias logísticas que comprometen su sostenibilidad financiera en los próximos años.
El Plan Estratégico 2025-2035, presentado el 5 de agosto, advierte que sin la participación privada, México podría enfrentar una crisis petrolera estructural que abarcaría no solo el sexenio actual, sino los primeros cinco años de la siguiente administración federal.
El nuevo esquema prioriza los llamados desarrollos mixtos en campos ya descubiertos y en explotación, donde las empresas privadas asumirán el 100% del gasto operativo e inversión, a cambio de una contraprestación garantizada por un fideicomiso que asegura el pago en un plazo de 24 horas, una vez que se certifique el volumen y valor comercial del hidrocarburo extraído. Este modelo, similar al que impulsó la reforma energética del sexenio de Enrique Peña Nieto, busca sostener una plataforma de producción de 1.8 millones de barriles diarios entre 2027 y 2035.
La participación del sector privado no solo busca rescatar la producción, sino también enfrentar la situación financiera de Pemex, que al segundo semestre de 2025 mantiene una deuda reconocida con proveedores cercana a los 23 mil millones de dólares y otros 20 mil millones en trabajos no validados formalmente.
Analistas como Gonzalo Monroy y Luis Miguel Labardini-Deveaux coinciden en que sin capital externo, ni los mecanismos fiscales ni la emisión de bonos por más de 25 mil millones de dólares serían suficientes para evitar un colapso operativo.
A pesar de esta apertura, la estrategia energética mantiene el control del Estado sobre los recursos, conforme al artículo 27 constitucional. La Secretaría de Energía, en su Programa Sectorial de Energía 2025-2030 (Prosener), destaca que los contratos con particulares no representan una privatización, sino un esquema colaborativo para asegurar la viabilidad del sector.
Según el plan estratégico, los desarrollos mixtos podrían aportar hasta 450 mil barriles diarios de petróleo en 2033, es decir, el 25% de la producción nacional estimada. Entre las empresas que han mostrado interés en participar destacan Carso Energy, Harbour Energy, Sinopec, Chame, Diavaz y Cheiron, entre otras.
No obstante, expertos señalan que este modelo no está exento de riesgos. Por un lado, se privilegia el pago puntual a los nuevos participantes, mientras que miles de proveedores nacionales siguen enfrentando pagos rezagados. Por otro, existe una desalineación operativa: gran parte del crudo ligero que se producirá con estos contratos no es compatible con las refinerías del país, especialmente Dos Bocas, diseñada para procesar crudo pesado.
En cuanto a los recursos prospectivos, el plan detalla que entre 2019 y 2024 se ejercieron solo 58 mil millones de los 87 mil millones programados para exploración, y apenas 15 mil millones de los 56 mil proyectados para extracción. Esta baja inversión explica, en parte, la caída en la producción y el agotamiento de campos maduros como Ayatsil y Maloob.
El director general de Pemex, Víctor Rodríguez Padilla, subrayó en su Informe Anual 2024 que los contratos mixtos permitirán estabilizar las reservas, elevar la eficiencia operativa y fortalecer la seguridad energética. Según las proyecciones, estos esquemas generarán ingresos anuales promedio de 1,977 billones de pesos, contribuciones fiscales por más de un billón y una producción de 613 mil barriles diarios de gasolinas, con una participación del 87% de producción propia.
Finalmente, los contratos mixtos representan una redefinición del papel de Pemex: ya no como un monopolio de Estado, sino como un operador estratégico que busca aliarse con el sector privado para superar su crisis estructural sin ceder el control soberano sobre los hidrocarburos del país. La clave será la transparencia, la rendición de cuentas y la ejecución efectiva de este modelo en un entorno energético global en constante transformación.
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