Ciudad de México, 03/04/25 (Más).- Mario Marín, exgobernador de Puebla, regresó a la prisión federal del Altiplano el miércoles por la noche, luego de que un tribunal de apelación revocara la medida de prisión domiciliaria que le había sido concedida en agosto de 2024 por una jueza de Quintana Roo.
La decisión, ampliamente criticada por organizaciones civiles y por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, ha sido revertida tras una apelación del Ministerio Público, que calificó la resolución como carente de fundamentos y omisa respecto a los riesgos procesales y de fuga, así como a la gravedad de los delitos imputados.
Según informó el diario El País, Marín fue detenido nuevamente en una operación conjunta entre la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), y trasladado al penal de máxima seguridad desde donde había seguido su proceso durante tres años y medio antes de recibir el beneficio de la prisión en casa. Durante los últimos siete meses, el exmandatario priista se encontraba recluido en su domicilio bajo supervisión electrónica, sin pasaporte y sujeto a vigilancia directa.
El exgobernador enfrenta un proceso penal por ordenar en 2005 la detención ilegal y tortura de la periodista Lydia Cacho, quien había denunciado en su libro ‘Los demonios del edén’ una red de explotación sexual infantil que involucraba a los empresarios Jean Succar Kuri y Kamel Nacif. La acusación señala que Marín actuó en complicidad con Nacif, quien en una llamada telefónica grabada y filtrada a la prensa se refería a darle “un coscorrón” a la periodista. Tras su detención en Quintana Roo, Cacho fue trasladada a Puebla y en el trayecto fue torturada y amenazada de muerte por agentes judiciales.
Cacho celebró el retorno de Marín a prisión mediante un video difundido en sus redes sociales, el cual fue retomado por la organización Artículo 19. “Hemos ganado y vamos a seguir dando la batalla 20 años después”, declaró. También advirtió sobre los riesgos de que el exmandatario permaneciera en libertad: “Debemos recordar que en la cárcel de Cancún creó una red de corrupción al interior y por eso tuvieron que llevárselo al penal de alta seguridad. Imaginen lo que está haciendo hoy en su casa de Puebla”, afirmó, mientras que Artículo 19 señaló que el arraigo domiciliario le permitía tener contacto con diversas personas, como quedó documentado públicamente.
El caso permaneció impune durante más de una década hasta que, en 2019, la Organización de las Naciones Unidas exigió al Gobierno de México que se juzgara a los responsables de la tortura. La Fiscalía General de la República inició entonces la persecución penal contra quienes participaron en la detención, entre ellos el exjefe de la Policía Judicial de Puebla, Adolfo Karam, y logró la detención de Marín en Acapulco, Guerrero, en 2021.
El Ministerio Público subrayó la relevancia de este caso no solo por el delito de tortura, sino también porque representa un ataque contra una periodista en el ejercicio de su libertad de expresión, cometido mediante el uso ilegítimo de las instituciones del Estado. La revocación de la prisión domiciliaria y el reingreso del exgobernador a una cárcel federal refuerzan, según la Fiscalía, la importancia de garantizar justicia en crímenes cometidos contra la libertad de prensa.
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