La presidenta reitera que México no detendrá a Rubén Rocha Moya porque EU no ha presentado evidencias. Afirma que no hay plazo definido pues no se trata de juicio formal de extradición
Ciudad de México, 16/06/26 (Más).- La presidenta Claudia Sheinbaum reiteró que el gobierno de Estados Unidos no ha presentado pruebas que sustenten la solicitud de detención urgente con fines de extradición contra Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa, por lo que México mantiene su postura de no proceder con una captura mientras no existan elementos suficientes que la justifiquen.
Durante su conferencia matutina de este martes, la mandataria volvió a colocar en el centro del debate la necesidad de que las autoridades estadounidenses aporten evidencias concretas para respaldar la petición realizada por una oficina del Departamento de Justicia.
La información fue dada a conocer en reportes difundidos por diversos medios nacionales e internacionales, entre ellos EFE e Infobae.
Sheinbaum explicó que el procedimiento planteado por las autoridades estadounidenses no corresponde a un juicio formal de extradición, sino a una solicitud de detención urgente con fines de extradición, mecanismo que permite solicitar el aseguramiento provisional de una persona mientras se desarrolla posteriormente un proceso formal.
La presidenta precisó que, debido a la naturaleza de esta figura jurídica, actualmente no existe un plazo establecido para que México ejecute una captura ni para que Estados Unidos entregue la documentación requerida.
“No hay plazo. Habría plazo si fuera un juicio formal de extradición”, sostuvo durante la conferencia.
Asimismo, enfatizó que la posición del gobierno federal permanece sin cambios desde que se recibió la petición relacionada con Rocha Moya.
“Nosotros hemos dicho que no hay pruebas para la detención urgente y no se han entregado ningunas pruebas”, afirmó la titular del Ejecutivo al referirse a la solicitud promovida desde territorio estadounidense.
La mandataria detalló que la Secretaría de Relaciones Exteriores realizó una revisión inicial de la documentación remitida por la oficina estadounidense y concluyó que los elementos aportados eran insuficientes para justificar una detención. Posteriormente, explicó, se solicitó la opinión de la Fiscalía General de la República, que llegó a la misma conclusión respecto a la falta de evidencias.
No obstante, Sheinbaum aclaró que la Fiscalía mantiene abiertas sus propias líneas de investigación relacionadas con el caso y continúa desarrollando las indagatorias correspondientes de manera independiente al procedimiento impulsado desde Estados Unidos.
El caso cobró relevancia luego de que, el pasado 29 de abril, la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York hiciera pública una acusación contra Rubén Rocha Moya y otros nueve funcionarios mexicanos, a quienes señala de presuntamente mantener vínculos con integrantes del Cártel de Sinaloa para facilitar el tráfico de narcóticos hacia territorio estadounidense a cambio de apoyo político y sobornos.
Tras darse a conocer esas acusaciones, las autoridades estadounidenses solicitaron la detención urgente de los involucrados con fines de extradición. Sin embargo, el gobierno mexicano respondió que no podía atender la petición debido a la ausencia de pruebas suficientes que respaldaran las imputaciones formuladas.
Sheinbaum subrayó que, incluso si la solicitud de detención urgente fuera rechazada definitivamente, el Departamento de Justicia conserva la posibilidad de iniciar un procedimiento distinto mediante la presentación de una solicitud formal de extradición. En ese escenario, explicó, se abriría una nueva etapa jurídica con requisitos y plazos específicos contemplados en los acuerdos de cooperación bilateral.
La presidenta también recordó que la exigencia de pruebas no constituye una medida extraordinaria, sino una práctica habitual en la relación judicial entre ambos países. Señaló que en ocasiones anteriores autoridades estadounidenses han requerido información adicional cuando México ha promovido solicitudes similares, por lo que consideró que el actual proceso debe conducirse bajo los mismos criterios legales y de reciprocidad institucional.
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