Reforma Judicial, el campo la batalla política

La discusión sobre los cambios al sistema de impartición de justicia en México se ha polarizado entre quienes están a favor y quienes están en contra, con ambas partes lanzando expresiones para intentar desacreditar a sus adversarios sin espacio para la búsqueda de acuerdos

Por Miguel Villarello

Saltillo, Coahuila, MÁS.- La iniciativa de reforma al Poder Judicial Federal se ha reducido a un enfrentamiento político en el que ambas partes desacreditan a sus adversarios, dejando de lado un análisis profundo de los verdaderos alcances de la propuesta.

Ambos lados centran su discurso en aspectos superficiales de la reforma, enfocándose más en la dimensión política del debate que en el contenido sustantivo de la propuesta. En lugar de discutir los detalles específicos que la reforma podría implicar, el debate se ha convertido en un campo de batalla entre la Presidencia de la República, a través de Morena, y los partidos de oposición, como el PRI, PAN y PRD.

En junio pasado, el Partido Acción Nacional (PAN) calificó como inviable la propuesta de reforma al Poder Judicial.

Gerardo Aguado Gómez, diputado y secretario general del PAN en Coahuila, sostuvo que el gobierno de López Obrador es antidemocrático porque busca volver al régimen de partido único y mayorías absolutas para “hacer y deshacer”.

Resaltó que, por esa razón, los contrapesos y los organismos autónomos incomodan al gobierno.

“Por eso, la reforma del Plan C del Gobierno Federal es totalmente inviable”, expresó.

Aguado también argumentó que someter a votación la selección de los juzgadores resultaría en un escándalo.

“Estos cargos no deben depender ni del voto popular ni de compromisos con la ciudadanía”, afirmó. Según el diputado, las decisiones de los jueces deben basarse en la ley y la Constitución, no en función de un específico sector de la población, como ocurre con los legisladores.

En contraste, Antonio Attolini Murra, diputado local por Morena, explicó que no se planea la elección de funcionarios del Poder Judicial mediante una candidatura abierta a la ciudadanía.

“Se trata de que los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial podrán presentar candidaturas que estarán sujetas a una revisión y reglamentación, similar a la que se aplica cuando se presentan consejeros del Instituto Nacional de Transparencia o del Instituto Nacional Electoral”, dijo.

Attolini aseguró que la reforma establece requisitos claros, como que los aspirantes a cargos de juez o magistrado deberán contar con una licenciatura en derecho y experiencia en el servicio público judicial.

Por su parte, Jericó Abramo Masso, diputado federal por el PRI, precisó que la justicia debe servir para hacer justicia y no para hacer política.

“Si hoy se busca la justicia para hacer política, es muy peligroso para el balance democrático que necesita el país”, expuso.

Además, criticó que la reforma judicial que propone Morena es una iniciativa parcial, ya que solo busca modificar la elección de magistrados y jueces. No obstante, reconoció que el Poder Judicial necesita actualizarse y mejorar, con menos ministros y más personal en áreas de administración de justicia.

El Poder Judicial de Coahuila también está a la expectativa de la evolución de la reforma judicial. Su titular, Miguel Felipe Mery Ayup, señaló que la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos (Conatrib) se reunirá para analizar las propuestas y emitir una postura.

Mery Ayup reconoció que el debate continúa entre los poderes judiciales locales y el federal, especialmente en aspectos como el método de selección de magistrados y jueces, ya que la propuesta contempla un proceso de elección mediante votación por parte de la ciudadanía.

La semana pasada, legisladores de Morena celebraron en Coahuila la novena etapa de los Diálogos Nacionales de la Reforma al Poder Judicial Federal. Las sesiones se realizaron con restricciones de acceso, mientras que en el exterior se llevó a cabo una manifestación de la base trabajadora del Poder Judicial federal del Noreste del país.

Más de mil personas de los distritos judiciales federales de Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y Zacatecas marcharon para ser escuchados en los diálogos. Inicialmente, no fueron admitidos, pero después de varias horas lograron acceder al foro, donde cinco personas expusieron sus puntos de vista.

La postura de los trabajadores del Poder Judicial incluye la oposición a la elección popular de jueces y magistrados, la no reducción de los recursos asignados al Poder Judicial Federal y la protección de sus derechos laborales.

Aldo Cruz, representante de los trabajadores del Poder Judicial federal en Saltillo, comentó que les sorprendió la cancelación de su participación en los foros y que se pretenda una reforma sin considerar a quienes participan en las actividades que se buscan modificar.

Para conocer los detalles de la propuesta de reforma, se realizó una consulta electrónica. Aunque la iniciativa es amplia, se destacan cuatro objetivos principales: una nueva integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, buscando mayor eficiencia, austeridad y transparencia; la elección popular de ministros, magistrados y jueces mediante un proceso legítimo y democrático; la sustitución del Consejo de la Judicatura Federal por órganos administrativos y disciplinarios independientes, y la creación de nuevas reglas procesales para una justicia expedita y equilibrio entre poderes.

Luego de no ser incluidos en los Diálogos Nacionales de la Reforma al Poder Judicial Federal, dos organismos del sector privado fijaron su postura sobre la iniciativa.

El Consejo Cívico de las Instituciones de Coahuila expresó su inconformidad con la reforma, cuestionando si realmente contribuirá a una mejor impartición de justicia.

A través de un comunicado, la presidenta del organismo, Sara Arizpe Ramos, subrayó que el sistema de justicia necesita cambios, pero que esta reforma no garantiza una mejora. Además, mencionó que solo Bolivia cuenta con una reforma similar en Latinoamérica, la cual ha arrojado resultados negativos, según informes de la Asociación The World Justice Project.

La Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra) también criticó la reforma, considerándola un despropósito que pone en riesgo el sistema judicial.

Eduardo Garza Martínez, presidente del organismo, afirmó que la mejora del Poder Judicial no pasa necesariamente por la elección de ministros, magistrados y jueces mediante voto popular. Además, advirtió que la reforma podría afectar el tratado de libre comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, en cuanto al estado de derecho y garantías a las inversiones.