La Suprema Corte de Justicia de la Nación señala que la propuesta del presidente López Obrador podría traer como consecuencia un mayor rezago judicial
REDACCIÓN MÁS / IA
La propuesta de reforma judicial del presidente Andrés Manuel López Obrador, que contempla la elección popular de jueces y otros funcionarios judiciales, podría interrumpir los procesos penales y retrasar la resolución de litigios en curso. Según un análisis del Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la falta de competencias técnicas de los nuevos juzgadores y la necesidad de capacitación serían factores críticos en estas demoras.
En el documento titulado “Análisis de la iniciativa de reforma al Poder Judicial de la Federación”, el Centro de Estudios Constitucionales de la SCJN destaca las consecuencias negativas para la continuidad de los casos y los derechos de las personas con la propuesta de reforma constitucional presidencial tal como se encuentra planteada. El informe señala que la suposición de que los nuevos jueces estarán inmediatamente capacitados para sus funciones es falsa y que el proceso de aprendizaje y adaptación provocará un mayor rezago judicial.
Animal Político reportó que, a pesar de los avances, el rezago judicial continuó en 41 mil 271 expedientes pendientes a nivel federal y 5 mil 773 a nivel estatal, afectando directamente a las personas.
En 2022, ingresaron un millón 256 mil 077 asuntos al Poder Judicial de la Federación y se resolvieron 1,214,806, lo que equivale a que cada juez federal resolvió un promedio de 762 asuntos. En el mismo año, ingresaron 2 millones 154 mil 768 asuntos a los poderes judiciales estatales, de los cuales se concluyeron un millón 320 mil 702 en primera instancia, con un promedio de 428 asuntos resueltos por juez.
El estudio subraya que la iniciativa de reforma va en sentido contrario a sus objetivos de garantizar un acceso justo y oportuno a la justicia. La elección popular de jueces podría interrumpir de manera inmediata y grave todos los procesos penales del país, perdiendo pruebas relevantes y afectando los derechos de las partes involucradas. Los nuevos jueces, sin experiencia previa, deberán conducir audiencias orales e interactuar con fiscales y abogados en casos desconocidos para ellos.
El pasado 27 de junio, las y los ministros de la Corte participaron en un foro organizado en la Cámara de Diputados sobre la reforma, donde expresaron preocupaciones por su implementación abrupta. La ministra presidenta Norma Piña advirtió que «el paso veloz ante modificaciones estructurales sólo puede dar entrada a problemas mayores».
La reforma judicial de López Obrador propone la elección popular de ministros y ministras, magistrados y magistradas de circuito, jueces y juezas de distrito, magistrados y magistradas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y consejeros y consejeras de la Judicatura. Establece criterios como ser ciudadano mexicano, tener un título de licenciatura en Derecho con antigüedad de cinco años, prácticas profesionales de cinco o diez años, buena reputación, sin condena penal, y residencia en el país.
En resumen, aunque la reforma judicial busca democratizar la elección de jueces, las implicaciones prácticas de esta propuesta podrían llevar a un mayor retraso en la resolución de litigios y afectar la calidad de la justicia en México.
Con información de Animal Político
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