Reforma a la Ley de Amparo frenará inversiones: IP

La Coparmex advirtió que se debilita la certidumbre jurídica y ahuyenta inversiones, afectando la competitividad del país. Alertan concentración del poder, sobrecarga al Poder Judicial y debilita la justicia independiente

Ciudad de México, 16/10/25 (Más).- La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) lanzó una dura advertencia sobre los efectos que traerá la reciente reforma a la Ley de Amparo, al considerar que su aprobación, impulsada por legisladores de Morena y sus aliados, debilita la certidumbre jurídica en el país y representa un obstáculo para la atracción de inversiones nacionales y extranjeras.

La organización empresarial advirtió que estas modificaciones no solo erosionan la confianza del sector privado, sino que también atentan contra uno de los pilares fundamentales del Estado de Derecho.

De acuerdo con información publicada por Forbes, Coparmex subrayó que México envía una señal preocupante a los mercados y al ecosistema empresarial, al permitir que las reglas del juego cambien sin consenso ni diálogo, mostrando un debilitamiento en la independencia de las instituciones y en la confiabilidad de la justicia. “Cuando la ley deja de proteger con certeza y legalidad, la inversión se retrasa, el empleo se estanca y la confianza se erosiona”, expresó la confederación en un comunicado oficial.

El organismo, presidido por Juan José Sierra Álvarez, afirmó que esta reforma debe analizarse como parte de un conjunto más amplio de transformaciones legales que el actual gobierno federal ha promovido en los ámbitos judicial y electoral, con el objetivo de concentrar el poder, limitar la autonomía del Poder Judicial y poner en riesgo la división de poderes en el país. “En un contexto donde México compite por aprovechar el potencial del TMEC y del ‘nearshoring’, (la reforma) debilita la certeza jurídica y la legalidad, y es, sencillamente, dar un paso atrás en competitividad”, apuntó el líder empresarial.

Uno de los elementos más controvertidos de la reforma es la restricción a la figura de la suspensión del acto reclamado en los juicios de amparo. Esta medida implica que, incluso en casos fiscales, una empresa podría enfrentar medidas como embargos, cancelaciones de sellos digitales o bloqueos de cuentas bancarias sin que exista una resolución judicial previa que determine si las autoridades actuaron conforme a derecho. Para Coparmex, esto representa una eliminación de facto de la posibilidad de defensa frente a actos arbitrarios, afectando directamente la operatividad, liquidez y estabilidad de los negocios.

Además, la organización alertó que esta reforma plantea un escenario de sobrecarga para el Poder Judicial, al exigir que cada persona física o moral promueva su propio juicio de amparo para defenderse de normas o actos inconstitucionales. Esta exigencia incrementará los costos legales para los ciudadanos y las empresas, y generará una saturación en los tribunales, lo que profundizará la desigualdad entre grandes corporativos con capacidad de sostener litigios largos y costosos, y las micro, pequeñas y medianas empresas que carecen de dichos recursos.

Coparmex también cuestionó la nueva definición restrictiva del interés legítimo contenida en la reforma, que limita la posibilidad de interponer amparos colectivos o representativos. Esto, subrayó, obstaculiza la defensa de derechos comunes por parte de cámaras empresariales, asociaciones civiles o colegios profesionales, debilitando mecanismos de participación ciudadana y dejando indefensos a amplios sectores de la población frente a leyes que puedan resultar inconstitucionales.

La confederación señaló que si una norma afecta de forma general a la sociedad, únicamente las personas que promuevan amparos individuales podrán obtener protección judicial, lo que deja abierta la posibilidad de que leyes violatorias de derechos fundamentales permanezcan vigentes y aplicables para la mayoría de la población que no pueda o no sepa cómo defenderse legalmente.

En ese sentido, Coparmex enfatizó que, lejos de fortalecer el marco jurídico, la reforma a la Ley de Amparo aprobada por el Congreso representa un debilitamiento grave del Estado de Derecho, ya que desincentiva la inversión, afecta la operación cotidiana de los negocios y pone en riesgo la confianza que requieren los mercados y el entorno económico para prosperar.

La organización concluyó su posicionamiento reiterando que México necesita instituciones sólidas, reglas claras y una justicia independiente para avanzar hacia un desarrollo sostenido. En lugar de limitar el acceso a la justicia, consideró que el país debe generar condiciones para ampliar los mecanismos de defensa de los derechos ciudadanos y de las garantías jurídicas que protegen tanto a las personas como a las empresas.