La FGR informa que obtuvo la devolución de $62.6 millones desviados mediante un complejo entramado en el que se perdieron $3,433 millones. A casi 10 años de los hechos, se evidencia la limitada eficacia del proceso judicial
Ciudad de México, 12/12/25 (Más).- A casi una década de que se diera a conocer la llamada Estafa Maestra, la Fiscalía General de la República (FGR) informó la recuperación de 62.8 millones de pesos como reparación del daño al Estado mexicano. La cifra equivale a apenas el 1.83% del total de recursos públicos desviados.
La recuperación se logró mediante una resolución judicial en contra de dos exfuncionarios implicados en la trama: Ricardo M, exservidor de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), y José M, exrector de la Universidad Intercultural del Estado de México (UIEM).
La información fue difundida este jueves por la agencia EFE, con base en un comunicado emitido por la FGR, ahora bajo la titularidad de Ernestina Godoy.
De acuerdo con la FGR, los dos acusados fueron señalados por el delito de uso indebido de atribuciones y facultades, al haber suscrito un convenio en el que se cometieron irregularidades que perjudicaron al erario.
Según la dependencia, dicho acuerdo permitió que la UIEM subcontratara la totalidad de los servicios pactados con Sedesol, a un costo inferior, lo que provocó un daño económico directamente atribuible a la negligencia de los funcionarios.
La cantidad recuperada, aunque significativa en términos individuales, representa una mínima parte del universo de recursos públicos que fueron desviados mediante este esquema de corrupción. El cálculo del 1.83% proviene de comparar los 62.8 millones recuperados contra los 3 mil 433 millones de pesos que, según la investigación original, fueron desviados sin justificación ni evidencia de los servicios supuestamente prestados. El resto, el 98.7%, sigue sin ser recuperado ni aclarado.
En el comunicado, la FGR también aclaró que los acusados podrán acceder a “sustitutivos legales”, es decir, beneficios establecidos en el Código Penal Federal, siempre y cuando garanticen o cubran en su totalidad el monto de la reparación del daño al Estado, lo cual forma parte de las posibilidades legales para quienes colaboren con el proceso judicial y resarzan el perjuicio económico.
La llamada Estafa Maestra fue una compleja red de desvío de recursos que operó principalmente entre 2013 y 2014, durante el sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto. El esquema consistía en la firma de convenios entre distintas dependencias federales y universidades públicas, que por ley podían recibir adjudicaciones directas sin licitación. Estas universidades, sin la infraestructura o capacidad para cumplir con los contratos, subcontrataban a empresas privadas, muchas de ellas inexistentes o fantasma, desviando los recursos sin que se ejecutaran los servicios convenidos.
El caso fue revelado en 2017 por una investigación periodística del portal Animal Político, en conjunto con Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad. La investigación documentó el uso sistemático de convenios para desviar fondos y evidenció cómo 11 dependencias federales, 8 universidades públicas y más de 50 empresas participaron en el entramado, haciendo posible uno de los escándalos de corrupción más graves en la historia reciente del país.
Del total de 7 mil 670 millones de pesos comprometidos en contratos se detectó que al menos 3 mil 433 millones fueron desviados sin evidencia comprobable. La cifra de 62.8 millones recuperados ahora por la FGR, aunque representa un avance judicial, subraya la magnitud de lo que aún sigue perdido.
El lento proceso de justicia y recuperación de recursos ha sido ampliamente criticado por organizaciones de la sociedad civil, que han señalado la falta de consecuencias reales para muchos de los responsables.
Una de las figuras más visibles del caso es Rosario Robles, extitular de la Sedesol y posteriormente de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), quien fue encarcelada de 2019 a 2022, acusada de omisión y responsabilidad política en el desvío de recursos públicos. Aunque su caso continúa en los tribunales, el avance en la investigación general ha sido fragmentado y desigual.
A pesar de la relevancia del caso, y de las implicaciones que tuvo para la confianza ciudadana en las instituciones públicas, la mayoría de los fondos desviados en la Estafa Maestra no han sido recuperados ni los responsables plenamente sancionados. Con esta reciente acción judicial, la FGR busca mostrar avances en la rendición de cuentas, aunque los resultados concretos siguen siendo muy limitados frente a la magnitud del desfalco.
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