León, Guanajuato, 24/09/26 (Más).- El aseguramiento de más de 59 millones de litros de combustible que inicialmente fue presentado como uno de los mayores golpes contra el huachicol en México dio un giro luego de que fuentes de la Fiscalía General de la República (FGR) señalaran que todo apunta a que el hidrocarburo no sería ilegal, mientras surgieron versiones sobre la salida de Juan Francisco Vera Ayala como delegado de la institución en Guanajuato.
El episodio abrió cuestionamientos sobre la ejecución del operativo y la verificación previa de la documentación de la empresa involucrada.
De acuerdo con Infobae, desde este miércoles trascendió que Vera Ayala habría dejado la representación de la FGR en Guanajuato, cargo que ocupó durante aproximadamente ocho meses, después de la polémica provocada por el aseguramiento realizado en una terminal de San José de Iturbide.
Reportes periodísticos señalaron a Norma Quevedo Vázquez como posible sustituta, aunque inicialmente la propia Fiscalía no había confirmado oficialmente ni el relevo ni las razones de la salida.
La controversia se originó después de que autoridades federales y estatales informaran el aseguramiento de 59 millones 036 mil 870 litros de hidrocarburos almacenados en instalaciones operadas por Gas Natural del Noroeste, filial de Grupo Simsa.
La cifra incluía alrededor de 33 millones 500 mil litros de gasolina regular, 7 millones 200 mil de premium y 18 millones 200 mil de diésel, por lo que el caso fue presentado inicialmente como un decomiso de dimensiones históricas.
Días después comenzaron a surgir dudas sobre la naturaleza ilegal del producto.
Grupo Simsa aseguró que la terminal contaba con los permisos correspondientes para almacenar hidrocarburos, que el combustible pertenecía a clientes de la compañía y que había entregado a las autoridades la documentación necesaria para acreditar las operaciones.
La FGR informó posteriormente que continuaba revisando la propiedad, procedencia y trazabilidad financiera y fiscal del combustible.
Fuentes de la propia Fiscalía citadas por La Jornada indicaron este 24 de septiembre que todo apunta a que los 59 millones de litros asegurados no serían huachicol fiscal. El mismo reporte sostuvo que Vera Ayala habría sido cesado a raíz del operativo y que Norma Quevedo Vázquez se perfilaba para asumir la representación federal en Guanajuato.
Sin embargo, las versiones sobre la salida del funcionario no han sido uniformes. Mientras algunas fuentes la describieron como un cese, Radio Fórmula reportó que Vera Ayala habría comunicado a un periodista que renunció y relacionó su salida con lo ocurrido en torno al operativo. A su vez, el área de comunicación de la FGR en Guanajuato había señalado horas antes que no contaba con información que confirmara su separación del cargo.
Otro elemento que incrementó las dudas fue la información de que la orden de cateo estaría relacionada con una empresa cuyo nombre no coincidiría con el de la compañía finalmente inspeccionada. De acuerdo con el reporte de La Jornada, la orden no habría estado dirigida contra Gas Natural del Noroeste, sino contra otra razón social de nombre semejante. Esta circunstancia se convirtió en uno de los aspectos bajo revisión después del despliegue.
La investigación se había iniciado desde el 3 de julio, cuando fue detenido el conductor de una pipa que descargaba aproximadamente 33 mil litros de diésel en una estación de servicio de San Luis de la Paz y, en ese momento, no habría podido acreditar la trazabilidad del combustible. Las diligencias posteriores llevaron a cateos en San Luis de la Paz y Dolores Hidalgo antes de llegar a las instalaciones de San José de Iturbide.
Tras anunciarse el aseguramiento, la investigación dejó de permanecer exclusivamente bajo responsabilidad de la representación estatal de la FGR y fue atraída por la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada.
La dependencia federal justificó la decisión por la complejidad del expediente y la necesidad de establecer con certeza quién era propietario del combustible, cuál era su procedencia y si existían irregularidades fiscales, aduaneras o financieras relacionadas con su comercialización.
Hasta este jueves, el caso combina hechos confirmados con versiones todavía encontradas: la FGR mantiene abierta la investigación para establecer la legalidad y procedencia de los hidrocarburos, mientras fuentes de la institución sostienen que probablemente no se trate de huachicol fiscal. Sobre Juan Francisco Vera Ayala, algunos reportes hablan de destitución y otros de renuncia, por lo que permanece pendiente una explicación institucional definitiva que precise las causas y condiciones de su salida, así como la responsabilidad por las fallas que pudieron ocurrir durante el llamado megadecomiso.
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