Ciudad de México, 23/09/25 (Más).- La Academia Mexicana de Ciencias Penales (AMCP) expresó un rechazo contundente a la iniciativa de reforma a la Ley de Amparo que envió la presidenta Claudia Sheinbaum al Senado de la República la semana pasada.
El organismo advirtió que las modificaciones planteadas desprotegen a las personas humanas y jurídicas frente al poder e instituciones del Estado y representan un retroceso en materia de derechos fundamentales.
La AMCP difundió un comunicado en el que subrayó que la propuesta resulta preocupante porque coloca en el centro de la norma a la autoridad y no a la ciudadanía, lo que, a su juicio, contradice el espíritu del Estado social y democrático de derecho. Asimismo, alertó que la iniciativa abre la puerta al incumplimiento de sentencias y vulnera compromisos internacionales adquiridos por México en materia de protección de derechos humanos.
El organismo puntualizó que los cambios planteados por el Ejecutivo federal establecen nuevos condicionamientos para la concesión de suspensiones, lo que debilita las garantías de los ciudadanos y deja a las personas en estado de indefensión frente a actos de autoridad. Además, señaló que el impacto sería mayor en el ámbito fiscal, pues la reforma también pone bajo escrutinio a las personas jurídicas, incrementando la posibilidad de abusos.
Ante ese panorama, la AMCP exhortó al Congreso de la Unión a abrir un parlamento abierto para la discusión de la reforma, en el que participen especialistas, académicos y sociedad civil. En particular, propuso analizar tres rubros esenciales: el cumplimiento de sentencias, la suspensión penal y el concepto de interés legítimo.
En el primer caso, el organismo resaltó que el respeto a las resoluciones judiciales es indispensable para la consolidación del Estado de derecho, por lo que no debe permitirse que la autoridad fiscal condicione, retrase o interprete de manera discrecional su cumplimiento. Sugirió además diseñar mecanismos que aseguren que las sentencias se ejecuten en los plazos establecidos y sin obstáculos administrativos que afecten a los gobernados.
En cuanto a la suspensión penal, la AMCP insistió en que debe existir una regulación clara para los casos fiscales, de manera que se eviten abusos o presiones indebidas. Planteó que la suspensión pueda otorgarse siempre que el contribuyente demuestre estar en proceso de regularización fiscal, garantizando el respeto al principio de presunción de inocencia hasta que el asunto sea resuelto en el fondo.
El tercer punto es el del interés legítimo, que, según la academia, requiere ser ampliado y precisado para fortalecer la defensa de los derechos de contribuyentes y profesionales vinculados a la materia fiscal. En este sentido, propuso reconocer el interés legítimo de los contadores públicos cuando su ejercicio profesional se vea afectado por disposiciones fiscales, permitir a los contribuyentes impugnar normas de aplicación general que los impacten, aunque no hayan sido aplicadas directamente, y fomentar una interpretación más abierta que facilite el acceso a la justicia fiscal.
La AMCP concluyó que la iniciativa presentada por el Ejecutivo no debe aprobarse en sus términos, pues facilita el incumplimiento de sentencias, vulnera tratados internacionales y deja en estado de indefensión a los gobernados frente a la autoridad. En ese sentido, llamó a que el debate legislativo se realice con seriedad y apertura, con el objetivo de que la Ley de Amparo continúe siendo un instrumento eficaz de control constitucional y de protección de los derechos humanos en México.
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