Ciudad de México, 13/01/2025 (Más/IA).- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) rechazó este lunes revocar el acuerdo del Comité de Evaluación del Poder Judicial de la Federación (PJF), que mantiene suspendidas sus actividades en acato a dos suspensiones definitivas otorgadas por jueces de Distrito en relación con amparos promovidos contra la reforma judicial.
La decisión complica el proceso para presentar candidatos a jueces, magistrados y ministros que serán elegidos por voto popular el próximo mes de junio.
En una sesión privada, seis ministros votaron en contra de las propuestas de las ministras Lenia Batres, Yasmín Esquivel, Loretta Ortiz, y del ministro Juan Luis González Alcántara, quienes solicitaron al Pleno de la SCJN ordenar al Comité de Evaluación reanudar sus actividades.
La ministra Esquivel defendió que la suspensión de actividades del Comité afecta tanto a los aspirantes como al derecho de los ciudadanos a votar por los seleccionados del Poder Judicial.
En una publicación en la red social X, Esquivel expresó: “En sesión privada, el Pleno de la SCJN rechazó revocar el acuerdo del Comité de Evaluación”.
Tanto Esquivel como sus colegas Batres y Ortiz argumentaron que la suspensión es improcedente, ya que la materia de las impugnaciones derivadas de la reforma constitucional del 15 de septiembre de 2024 es de carácter electoral, competencia exclusiva de la SCJN.
El Comité de Evaluación del Poder Judicial de la Federación suspendió sus actividades en cumplimiento de las medidas cautelares dictadas por dos jueces de Distrito, mientras se resuelven las demandas de garantías. Sin embargo, los comités de evaluación del Ejecutivo y Legislativo decidieron no acatar las suspensiones y continúan con el proceso. Esto ha generado un escenario de incertidumbre, ya que los comités tienen como plazo máximo el 31 de enero para concluir la lista de candidatos y presentarla el 7 de febrero.
La ministra Lenia Batres, además, solicitó la destitución de los cinco integrantes del Comité de Evaluación del Poder Judicial, argumentando que este excedió sus facultades al decretar unilateralmente la suspensión del proceso. Según Batres y Esquivel, las funciones del Comité están limitadas a cuestiones técnicas y administrativas, como recibir expedientes, evaluar requisitos constitucionales y legales, y proponer las listas de candidatos mejor evaluados. La suspensión de actividades del Comité de Evaluación del PJF pone en riesgo la organización del proceso electoral judicial. De no resolverse las demandas de garantías a tiempo, podría no completarse la selección de candidatos para los cargos del Poder Judicial, lo que comprometería la viabilidad de las elecciones programadas para junio próximo.
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