Ramírez Bedolla, un gobierno de lujos

En medio de una escalada de violencia en Michoacán, marcada por el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, el gobierno estatal enfrenta críticas no solo por la inseguridad, sino también por los bienes de alto valor que acumulan sus principales funcionarios. Una investigación reveló que el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla y miembros de su gabinete poseen propiedades, vehículos y activos cuyo valor excede con creces sus ingresos oficiales

Redacción Más

Mientras Michoacán enfrenta una de sus etapas más críticas en materia de seguridad, con el reciente asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, a manos de un adolescente presuntamente vinculado al crimen organizado, el gobierno encabezado por Alfredo Ramírez Bedolla se encuentra bajo el escrutinio público no sólo por la violencia, sino también por los lujos y propiedades millonarias que acumulan él y varios miembros de su gabinete.

Una investigación de Emeequis revela que, lejos de la austeridad promovida por la autodenominada Cuarta Transformación, el mandatario y sus colaboradores mantienen un estilo de vida difícil de justificar con sus ingresos públicos.

Ramírez Bedolla, quien asumió la gubernatura en 2021, declaró en 2025 la posesión de una casa de cuatro millones de pesos, adquirida mediante crédito en 2022, es decir, cuando ya era gobernador. La propiedad tiene una superficie de 212 metros cuadrados. Aunque el funcionario aseguró que fue un error suyo, la información forma parte de su declaración patrimonial oficial. Además, reporta un vehículo Honda Pilot modelo 2019 con un valor de 809 mil 900 pesos, arrendamiento de inmuebles por 264 mil pesos anuales y participación en una empresa llamada PRO ORIGEN, de la cual afirma no percibir ingresos. Su salario anual neto como gobernador asciende a 1 millón 115 mil pesos.

Pero quien más ha llamado la atención es César Augusto Ocegueda Robledo, consejero jurídico del Gobierno del Estado desde 2021. Su declaración patrimonial revela que posee una residencia con un valor de 200 millones de pesos, pagada al contado y adquirida en 2013 a la empresa Creación e Innovación de Espacios Sustentables. A ello se suma otro inmueble adquirido a crédito en 2024 por 10 millones de pesos, con una extensión de 990 metros cuadrados, además de varios vehículos, entre ellos un Mercedes Benz, un BMW y un Mini Cooper.

La riqueza de Ocegueda contrasta radicalmente con su carrera exclusivamente en el servicio público desde 2013. Su sueldo actual es de 2 millones 150 mil pesos anuales, por lo que le tomaría más de 90 años reunir el equivalente al valor del inmueble más costoso que reporta. En su historial figura también un paso fugaz por el gobierno de Silvano Aureoles en 2019, entonces encabezado por el hoy prófugo exgobernador de Michoacán.

Otro funcionario cercano al gobernador, Raúl Zepeda Villaseñor, encargado de la Secretaría de Gobierno, también ha hecho adquisiciones millonarias. En 2021 compró al contado una propiedad de más de 2 millones 300 mil pesos. A esto se suman otros tres inmuebles adquiridos entre 2018 y 2022 –dos de ellos por donación y uno más mediante crédito por 3 millones 500 mil pesos– así como una colección de arte valuada en 600 mil pesos. Todo esto, con un ingreso anual reportado de 1 millón 111 mil pesos, y una trayectoria en cargos públicos desde 2010.

Las revelaciones sobre el estilo de vida del gabinete de Ramírez Bedolla contrastan con la grave crisis de violencia que atraviesa el estado. Apenas el 1 de noviembre, el asesinato de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, generó indignación en la sociedad michoacana. Al día siguiente, el gobernador acudió al funeral, pero su presencia fue rechazada entre abucheos y reclamos por parte de los asistentes, que lo responsabilizan por la falta de garantías de seguridad.

La incongruencia entre el discurso de austeridad y la realidad patrimonial de los funcionarios estatales es evidente. Aunque la ley exige la presentación de declaraciones patrimoniales, los montos reportados –muchos de ellos pagados al contado– no coinciden con los salarios devengados, lo que alimenta sospechas sobre el origen de los recursos y las prácticas dentro de la administración estatal.

En contraste, el actual secretario de Seguridad Pública del estado, Juan Carlos Oseguera Cortés, mantiene un perfil más discreto. Acusado recientemente de obstaculizar el trabajo de una fotoperiodista durante las protestas por el asesinato de Manzo, Oseguera declaró únicamente un terreno de 425 mil pesos adquirido en 2023, antes de asumir el cargo.

Aunque posee una maestría en derechos humanos, su actuar ha sido cuestionado en el contexto de la creciente represión a la crítica social. Las revelaciones ponen en entredicho el compromiso del gobierno michoacano con los principios de transparencia y austeridad que defiende el movimiento político del que forma parte.

Mientras la población enfrenta una ola de inseguridad, desplazamiento y violencia, los altos funcionarios acumulan bienes que superan ampliamente sus posibilidades económicas. En Michoacán, los discursos de transformación parecen desvanecerse entre propiedades millonarias, autos de lujo y un aparato de gobierno más preocupado por el confort personal que por la solución de los problemas urgentes que aquejan a la entidad.