Ciudad de México, octubre 1. La gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García Muñoz Ledo, presentó ante el Congreso local una iniciativa que busca crear un Registro Público de Agresores Sexuales de Menores, con el propósito de fortalecer la protección de niñas, niños y adolescentes y evitar que los responsables de delitos sexuales queden en el anonimato.
De acuerdo con información de Infobae México, la propuesta coloca a la infancia en el centro de la agenda legislativa y representa un paso decisivo contra la impunidad. El registro concentrará los datos de quienes hayan recibido sentencia por delitos sexuales contra menores de edad, con el objetivo de prevenir futuras agresiones.
La mandataria explicó que este sistema funcionará como un instrumento de política pública que permitirá identificar a los responsables y garantizar que las consecuencias para los agresores sean proporcionales al daño irreversible que sufren las víctimas. “Una agresión sexual cometida contra nuestras niñas y niños no debe quedar en el olvido”, afirmó, al señalar que los responsables deberán permanecer en el registro público para evitar reincidencias.
Junto con la creación del registro, García Muñoz Ledo presentó un paquete de reformas legales que incluye modificaciones al Código Penal en materia de violencia familiar. En este punto, la gobernadora propuso incrementar las penas y eliminar los beneficios procesales que permiten a los agresores evitar la cárcel mediante mecanismos como la suspensión condicional del proceso. “La sanción penal no puede ser cambiada por ningún beneficio para el agresor”, puntualizó.
El paquete legislativo también contempla cambios a la Ley de Responsabilidades Administrativas, para que el acoso sexual cometido por servidores públicos sea considerado falta administrativa grave, independientemente de que exista subordinación o de que se trate de un hecho aislado. La propuesta responde a la necesidad de sanciones ejemplares, pues actualmente los despidos suelen justificarse por otras causas, lo que impide hacer justicia a las víctimas.
La gobernadora enfatizó que estas iniciativas buscan cerrar vacíos legales que han favorecido la impunidad y la reincidencia, así como consolidar la protección de los derechos de la infancia y de las mujeres, en un contexto donde la violencia sexual y la violencia familiar representan desafíos persistentes para la sociedad guanajuatense.
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