¿QUIÉN PAGA LOS RESCATES?

Por Horacio Cárdenas Zardoni

Cuando ocurrió la explosión en la Mina 8 de la Unidad Pasta de Conchos en aquel triste 19 de febrero del año 2006, el entonces gobernador del estado de Coahuila, Humberto Moreira Valdés, poco menos que se trasladó a vivir y despachar allá, en el municipio de San Juan de Sabinas, para estar al pendiente de todo lo que ocurriera en torno a lo que en las primeras horas y primeros días era la esperanza de todavía sacar a los mineros, en número de 65, que estaban en la explotación a la hora que ocurrió la explosión por acumulación de gas metano. 

El gobierno del estado montó un campamento al pie de la mina. Allí se trasladaron además del gobernador, varios secretarios del gabinete, subsecretarios y directores generales, a los que se les encargaron distintas tareas, relacionadas con el incidente, no tanto de lo que se estuviera haciendo rejas adentro de la empresa, que poco podía ser, sino en torno, con la población, con las familias, con los deudos. Para cuando el gobierno federal, tres semanas después, informó que daban por concluidos los esfuerzos de salvamento, pues habida cuenta del tiempo transcurrido, la falta de alimentos, agua y oxígeno, punto y aparte del detalle crítico, el de que por la magnitud de la acumulación de metano y la consiguiente explosión, de la que derivo el colapso de los túneles, hubiera sido un milagro que hubieran sobrevivido al momento inicial. Pero claro, no es que la esperanza muera al último, sino que el gobierno se cuida mucho de la manera en la que da a conocer las malas noticias, no sea que se venga una revuelta popular o peor aún, que les volteen la espalda en el  siguiente proceso electoral, por eso en Pasta de Conchos en el 2006 y en El Pinabete en este 2022, le dan largas a decir lo que estrictamente verdad: que no tienen capacidad técnica para llegar al último sitio en donde estaban los mineros, y que aun teniéndola, carecen del tiempo para remover tal cantidad de toneladas de tierra y mineral como para que el esfuerzo redunde en un salvamento de personas todavía vivas, por maltrechas que puedan estar. A nadie le gusta que le den malas noticias, y si del otro lado no les gusta darlas, pues estamos lucidos. 

Mencionábamos al principio que como si se tratara de una mudanza temporal, el gobierno de con toda su parafernalia se ubicó en San Juan de Sabinas en 2006, en este año se repitió la escena, no de forma tan espectacular, el gobernador Miguel Ángel Riquelme iba y venía, pero dejó de planta a por lo menos dos secretarios, el de gobierno y la del trabajo, pero muchos otros funcionarios sí tuvieron que permanecer allá de planta o intermitentemente, siendo sustituidos por otros, pues la idea tanto a principios del siglo como ahora fue que no podía dejarse la zona sin una sólida presencia de autoridades estatales, que repetimos, no es que agarraran ni por accidente una pala y un pico para ayudar a cavar, sino que atendiendo distintos puntos, desactivaran un conflicto social que pudiera tornarse violento o políticamente costoso, además que, como la responsabilidad de la supervisión de la actividad minera recae en el gobierno federal y no en el estatal, encima quedaban como los buenos, que superaban en número a los no tan buenos del gobierno federal, que a lo que menos querían exponerse era a reclamos y hasta golpes.

Todo esto cuesta dinero, mucho dinero. Sabemos que los funcionarios viajan constantemente, se alimentan, se hospedan y se movilizan, y todo eso representa una erogación calculada de recursos económicos, pero lo que equivale a un traslado temporal, de semanas o de meses, a otra sede, eso se cotiza por aparte.

Hablando de Pasta de Conchos, Humberto Moreira designó entre sus funcionarios de primer y segundo nivel, lo que fueron prácticamente tutores o acompañantes para cada una de las familias de los mineros atrapados en el subsuelo. ¿De qué se trataba?, que hubiera alguien permanentemente pendiente de cómo la iban llevando personas que en algún momento pudieran sufrir una crisis, que sería muy inconveniente políticamente que la gente, los medios de comunicación, la opinión pública, se enteran de que el gobierno no hacía nada por esas personas. Eso sí no lo sabemos, se había reuniones semanales, mensuales o semestrales, si se pasaban reportes o tarjetas, pero de que había control, lo había, nadie podría acusar al gobierno estatal de desentenderse de lo que no era su culpa, pero que había tomado como propia. Se otorgaron pensiones, se dieron becas, se concedieron apoyos, licencias para poner algún negocito, lo que fuera, con tal de mantener la Carbonífera en paz. 

Entre tanto la empresa se hizo rosca en torno al rescate de los cuerpos, entre tanto el gobierno federal se hizo igual en cuanto a presionar a la empresa que cumpliera con su responsabilidad. Eso hasta que tomó posesión Andrés Manuel López Obrador, quien desde su larguísima campaña y ya como presidente, prometió el rescate a como diera lugar, “cueste lo que cueste”, fueron las palabras que utilizó el mandatario, que casi se cae de espaldas cuando le pusieron enfrente un presupuesto de mil quinientos millones de pesos para rescatar 63 cuerpos, que hasta eso, nadie sabe ni dónde estén, ni en qué condiciones, otra vez pensando en la magnitud de la explosión subterránea. Fue entonces cuando dio la opción: memorial y una lana, o el rescate, las viudas y huérfanos respondieron que rescate, y ni modo, a morderse la lengua.

Los trabajos van lentos, por no decir lentísimos, se comenzó tarde, con ganas de no acabar, pero la promesa del presidente es de que terminen antes del 2024. La Comisión Federal de Electricidad tendrá que abonar los mil quinientos millones, más lo que se incremente el costo porque esas cosas son así, lo que nos lleva a pensar en lo otro, el otro compromiso de rescatar los cuerpos de la mina El Pinabete, que según los especialistas consultados por la secretaría federal del trabajo, se llevará entre seis y once meses, y de lo que curiosamente, nadie ha hablado de los costos…

¿Quién habla de minucias, del asqueroso dinero cuando se trata de paliar el dolor del pueblo?, pues un gobierno que se precia de austero como ninguno otro anterior, y al que le duele el codo con cada peso que tiene que erogar, esto le ha de estar calando en lo más hondo.

El gobierno de Moreira en su momento gastó mucho en Pasta de Conchos, el de Riquelme bastante en lo del Pinabete, en cuestiones de superficie, de gente viva, al federal le tocan los gastos de rescate, eso porque no ha querido o no ha podido hacer que las empresas se hagan cargo de sus errores y compromisos, entre tanto, esto nos está saliendo en un par de miles de millones de pesos, bajita la mano, a lo mejor una cifra no muy lejana de la productividad de toda la vida de las explotaciones carboneras involucradas. Pero no se le quite de la mente que al final, siempre es el pueblo el que lo termina pagando todo.