Ciudad de México, 01/05/26 (Más).- Un diagnóstico nacional sobre justicia digital revela desigualdades significativas en el uso de la tecnología por parte de las fiscalías estatales en México.
El estudio, realizado por México Evalúa, identificó que mientras algunas fiscalías cuentan con capacidades avanzadas, otras carecen de herramientas básicas, lo que impacta directamente en la eficiencia de las investigaciones y en el acceso a la justicia para las víctimas.
Herramientas clave como rastreo de direcciones IP, monitoreo de patrullas en tiempo real y reconocimiento facial aún son escasamente implementadas.
La información publicada por Mariana Campos, directora general de México Evalúa en X, indica que se enviaron cuestionarios de 16 preguntas a las 32 fiscalías estatales y a la Fiscalía General de la República (FGR), obteniendo respuesta de 29 entidades.
Se analizaron 14 herramientas digitales en cuatro dimensiones: gestión de casos, protección del personal, investigación forense y facilitación de procesos penales. Los resultados mostraron diferencias marcadas entre estados:
Baja California y Querétaro utilizan 13 herramientas; Guanajuato 12; Nuevo León 11; Durango 10; Sinaloa 9; Chihuahua, Hidalgo y Tlaxcala 8; Campeche, Coahuila, Ciudad de México, Estado de México, Michoacán, Quintana Roo, Tamaulipas y Veracruz 7; Colima, Guerrero, San Luis Potosí, Sonora y Tabasco 6; Baja California Sur, Chiapas, Oaxaca y Zacatecas 5; Yucatán 3; Jalisco 2 y Morelos solo 1.
Los resultados mostraron que 89.6% de las fiscalías tienen identificación dactilar, 86.2% cuentan con ADN, pero solo 26.92% utilizan reconocimiento facial; además, únicamente seis fiscalías reportan usar herramientas digitales para presentar pruebas en audiencias, y solo tres tienen capacidad para rastrear direcciones IP.
El diagnóstico subraya que, aunque existen avances, persiste un rezago estructural en la transformación digital de las fiscalías.
En muchos casos, la adopción tecnológica no ha implicado un cambio de paradigma: sigue predominando la lógica del expediente en papel, escaneado, pero sin integración real a sistemas de gestión de casos.
Esto genera desigualdades regionales, donde la capacidad de investigación y judicialización varía según el estado, afectando la efectividad de la justicia.
Entre las recomendaciones clave se incluyen pasar de la compra de tecnología a una gestión integral de capacidades, garantizar interoperabilidad real entre policías y fiscalías, capacitar de manera continua al personal y planear la adopción tecnológica con objetivos claros y mecanismos de evaluación.
El enfoque propone que la tecnología se integre a una estrategia de investigación criminal centrada en las personas operadoras, para lograr mayor efectividad y reducir la impunidad en el país.
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