Por Leopoldo Maldonado
El fin de semana pasado la Presidenta Sheinbaum acudió a Barcelona a un foro sobre democracia con gobiernos progresistas. Sin duda importante y necesario generar redes de apoyo ante la asfixia trumpista que se vive en política exterior. La pregunta es, frente a las tendencias regresivas en el país ¿qué tipo de democracia se defiende? ¿La de una sociedad de iguales? ¿O una donde convivan “unos más iguales que otros” en términos de acceso al poder y garantía de derechos?
Los datos de cuatro informes globales nos colocan frente a una realidad áspera. Según el Informe sobre la Democracia 2025 del Instituto V-Dem, el nivel de democracia disfrutado por el ciudadano promedio global ha retrocedido a niveles no vistos desde 1985. En este contexto de retroceso, denominado la “tercera ola de autocratización”, México figura como una advertencia sobre la rapidez con la que las instituciones pueden perder su esencia.
Lo que hoy vive nuestro país no es un tropiezo menor. El conocido reporte de V-Dem, de la Universidad de Gotenburgo en Suecia, califica la caída antidemocrática de México como “dramática” en los últimos tres años, situando al país en una preocupante “zona gris”. Clasificado ahora como una democracia electoral de “límite inferior” o cercana a las llamadas “autocracias electorales”, México se encuentra en un umbral de incertidumbre donde su estatus democrático es dudoso.
El síntoma más agudo de esta enfermedad institucional es el desmoronamiento de nuestras libertades civiles. Los datos del Índice de Democracia 2025 de la Economist Intelligence Unit (EIU) son demoledores. Según su reciente reporte México ocupa el primer lugar mundial en la lista de países con los mayores deterioros en este rubro durante el periodo 2011-2025. Este retroceso es más severo que el experimentado por naciones en crisis extremas, lo cual es una señal de alarma que no podemos ignorar. Para la EIU, las libertades civiles funcionan como un indicador directo del poder discrecional del ejecutivo; cuando estas se erosionan, el gobierno gana capacidad para actuar de forma arbitraria sobre la ciudadanía y las empresas.
Esta asfixia se vuelve palpable en el ejercicio libre de la palabra. El Índice Chapultepec de Libertad de Expresión y Prensa 2025, elaborado por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), ubica a México en la franja de “alta restricción”. Con una puntuación de apenas 34.90 sobre 100, el país ocupa el puesto 16 de 22 en la región. El dato más escalofriante de este informe es la calificación de 1.23 sobre 20 en la actuación del Estado contra la impunidad en crímenes contra periodistas, lo que refleja un abandono sistémico de quienes buscan informar a la sociedad. Según el mismo índice, el Poder Ejecutivo es el entorno que más desfavorablemente influye en la libertad de expresión hoy en día. Es fácil extrapolar los dos patrones a toda la esfera social.
La narrativa del declive se complementa con el desmantelamiento de los contrapesos institucionales. El reporte Freedom in the World 2026 de Freedom House destaca reformas que han herido de muerte a la transparencia, como la eliminación del INAI, dificultando la rendición de cuentas. Asimismo, señala que la sustitución del sistema de nombramiento de jueces por elecciones directas compromete la independencia judicial al someterla a una lógica partidista. Para Freedom House, México es uno de los países con mayores declives acumulados en las últimas dos décadas, con una pérdida neta de 21 puntos en su escala de libertad.
Incluso el rito de las elecciones se ha visto empañado. Tanto el Instituto V-Dem como la EIU coinciden en señalar que el proceso electoral de 2024 fue el más sangriento de nuestra historia reciente, con el asesinato de al menos 37 candidatos. Esta violencia arrebata vidas y permite que el crimen organizado dicte las reglas de nuestra participación política. Además, esta semana se consumó de captura del INE con la designación de tres nuevas personas consejeras por parte de la coalición gobernante.
Hoy, México se encuentra en un punto de inflexión. Mientras que en países como Chile o Uruguay los congresos mantienen una capacidad real de supervisar al Ejecutivo, en México nos acercamos peligrosamente al modelo de “legislativos cooptados” visto en otras latitudes.
La historia nos enseña que las democracias son capaces de corregir el rumbo mediante “giros en U», como se ha visto recientemente en Brasil o Polonia. Sin embargo, para México, el primer paso es reconocer la profundidad de la penumbra descrita por estas cuatro fuentes internacionales. La democracia se pierde lentamente cuando permitimos que la censura se normalice, que los contrapesos se vuelvan meros espectadores y que las organizaciones criminales socaven la participación social.
México no era una democracia plena ni consolidada. El estado de derecho, fue y es una quimera. Pero había una intención de construir instituciones y garantías para el avance hacia una sociedad plural y participativa. Incluso cuando el hoy oficialismo era oposición, muchos de los mecanismos de contrapesos y rendición de cuentas fueron diseñados con y por ellos y ellas. Hoy abjuran de dichos organismos y procesos en aras de lograr una nueva hegemonía política.
Lo más esperanzador es que hay vastos sectores de la sociedad actual entienden a la perfección que sin el aire de la libertades civiles y sus garantías institucionales, la aspiración de “una sociedad de iguales” termina por colapsar. Estamos a tiempo de que la erosión de la democracia sea difícilmente irreversible.
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