Ciudad de México, 13/06/25 (Más).- A un mes de que la Secretaría Anticorrupción asumiera oficialmente las funciones del desaparecido Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), diversos usuarios han reportado complicaciones técnicas y operativas en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), situación que ha generado críticas por parte de especialistas y periodistas dedicados a temas de rendición de cuentas.
Desde la entrega de funciones, la plataforma ha mostrado fallas para acceder a información pública, además de nuevas estructuras de navegación que dificultan el proceso de realizar solicitudes de acceso. Entre las principales quejas se encuentra la confusión provocada por la incorporación de nuevas “autoridades garantes” que deben seleccionarse antes de dirigir una solicitud, así como la imposibilidad de descargar historiales de solicitudes y la desactualización de múltiples indicadores clave.
Gabriel Espinoza, especialista en materia de Transparencia y Datos Personales, señaló que la plataforma actual es poco intuitiva y que incluso usuarios con experiencia tienen dificultades para dirigir correctamente sus solicitudes. “La forma en la cual se organiza la información no te orienta si estás dirigiendo de forma correcta las solicitudes”, explicó.
Uno de los cambios más significativos ha sido la obligación de elegir entre múltiples autoridades garantes, como “Transparencia para el Pueblo”, el órgano interno de control de la Cámara de Diputados o del Senado, dependiendo del sujeto obligado al que se dirija la solicitud. Antes, este paso era automático bajo la gestión del INAI.
Efraín Tzuc, periodista del colectivo Quinto Elemento Lab, indicó que este nuevo esquema también afecta el seguimiento de solicitudes y quejas, ya que el usuario debe seleccionar múltiples filtros que antes no existían. “Antes era en automático porque tenías una sola autoridad garante, un órgano, pues, que era el INAI o los institutos estatales”, apuntó.
Otra queja constante ha sido la falta de información actualizada. Al realizar búsquedas sobre contratos recientes o ingresos de obras prioritarias como el Tren Maya o empresas proveedoras como Laboratorios Pisa, la plataforma solo muestra datos hasta noviembre de 2024. Tampoco se muestran resultados en el buscador temático de ejercicio presupuestal ni en apartados de sueldos o directorios actualizados.
Espinoza y Tzuc coincidieron en que, pese a que la plataforma sigue siendo la misma en diseño, su desempeño técnico ha empeorado. “Tenemos la misma plataforma que antes. Eso no ha cambiado. Como está actualmente, no se ha logrado acercar el derecho a la transparencia a las personas”, declaró Tzuc.
A ello se suma el mantenimiento constante que ha recibido la PNT sin información pública sobre los cambios implementados, lo cual ha generado críticas por la falta de transparencia sobre los ajustes realizados.
Además de los obstáculos técnicos, la nueva legislación en materia de transparencia contempla causales más amplias para negar el acceso a la información. Ahora, las autoridades pueden reservar datos si consideran que su publicación compromete la paz social o afecta proyectos prioritarios.
En cuanto a la obligación de publicar información de manera trimestral, varias dependencias no han cumplido con lo establecido. Por ejemplo, los estados financieros del primer trimestre de 2025 de las paraestatales GAFSACOMM y Tren Maya no se encuentran disponibles en la plataforma. El Grupo Aeroportuario señaló que su información está en proceso de elaboración, mientras que Tren Maya informó que aún no dispone de un sistema para registrar operaciones, lo que ha generado un retraso en la emisión de los informes.
En contraste, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles sí ha publicado sus informes financieros y mantiene los hipervínculos activos. No ocurre lo mismo con la Secretaría de Gobernación ni con la Secretaría de la Defensa, cuyas secciones de contratos no muestran enlaces actualizados al contenido correspondiente.
La nueva estructura operativa de la transparencia pública en México, encabezada por la Secretaría Anticorrupción, ha enfrentado desde su inicio críticas por la complejidad en el acceso, la falta de actualizaciones y las nuevas limitaciones normativas. Especialistas han señalado que, lejos de facilitar el derecho ciudadano a la información, la plataforma actual representa un retroceso en la política nacional de transparencia.
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