Ciudad de México, 29/07/2025 (Más). – La reciente acusación del gobierno de Estados Unidos contra CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa por presuntamente facilitar operaciones de lavado de dinero vinculadas al narcotráfico ha generado una ola de incertidumbre en el sistema bancario mexicano, que responde ahora con una depuración masiva de sus carteras de clientes.
La medida, conocida en el ámbito financiero como de-risking, consiste en restringir o cancelar relaciones comerciales con clientes que representen un riesgo elevado, especialmente aquellos con perfiles poco claros o con actividad financiera que no cumple con los estándares internacionales de prevención de lavado de dinero.
Según José Antonio Quesada Palacios, exvicepresidente de Política Regulatoria de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) e integrante del Consejo Directivo del IMEF, el fenómeno ya está en marcha:
“El de-risking está pasando, sin duda. Lo he visto en por lo menos tres instituciones sistémicas, y no dudo que alcance a otros jugadores de otro tamaño”, advirtió en entrevista con Reforma.
El temor no es menor. Una investigación similar contra instituciones de gran tamaño como BBVA, Banorte, HSBC, Banamex o Inbursa podría no solo golpear la reputación del sistema bancario, sino también tener efectos sistémicos en la economía mexicana. En respuesta, los bancos han comenzado a reforzar sus controles internos, incluso más allá de lo que exige la legislación mexicana.
Estas acciones incluyen monitoreos más intensivos, análisis profundos de perfiles, y revisión detallada de transacciones sospechosas para detectar y eliminar a clientes con riesgo alto o medio. El objetivo es evitar cualquier posible nexo con flujos de recursos ilícitos, sobre todo tras la designación reciente de los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas por parte de Washington, lo que ha elevado el nivel de escrutinio internacional sobre las instituciones mexicanas.
Pese a la magnitud de las acusaciones, el presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM), Emilio Romano, descartó que exista por ahora un riesgo sistémico derivado de las sanciones a las tres instituciones señaladas.
Sin embargo, la respuesta del sistema bancario ha sido inmediata y preventiva. Quesada indicó que si bien las prácticas de depuración ya existían como parte del cumplimiento normativo, los eventos recientes han intensificado su aplicación.
“Se busca conocer a los clientes con mucha más profundidad y desactivar aquellos perfiles que puedan comprometer a la institución. Es una reacción de blindaje, natural, pero que también puede tener efectos colaterales”, explicó.
Aunque el de-risking es una estrategia aceptada a nivel global para mitigar riesgos financieros, también ha sido cuestionada por sus efectos excluyentes, al dejar fuera del sistema bancario a personas o empresas que, aunque no estén involucradas en actividades ilícitas, no logran cumplir con los altos estándares regulatorios, especialmente en sectores informales o de difícil trazabilidad.
Analistas del sector advierten que, si bien es crucial proteger la integridad del sistema financiero mexicano, estas medidas deben aplicarse con criterios técnicos y no punitivos, para evitar un entorno de desconfianza que aísle a actores legítimos y complique la inclusión financiera.
Por ahora, el mensaje desde los principales bancos del país es claro: no habrá tolerancia ante clientes que puedan representar un riesgo reputacional o legal, en un momento en que las miradas internacionales apuntan con más fuerza a las puertas del sistema financiero mexicano.
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