Tepotzotlán, 19/06/25 (Más).- La construcción del puente de incorporación vial a la autopista federal México-Querétaro, que conectará al municipio de Tepotzotlán, se encuentra bajo escrutinio tras revelarse que no existen permisos oficiales emitidos por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) para su desarrollo, a pesar de que se trata de una obra que supera los 400 millones de pesos en inversión pública.
La regidora Beti Sandoval Antonio denunció públicamente, a través de su cuenta personal de X (@BetiSand), que no hay claridad legal sobre el proyecto.
“No es claro lo que pasa en Tepotzotlán. Esta obra en la México-Querétaro se dice no tener permisos por @CAPUFE, ha costado más de 300 millones de pesos, lleva más de 6 años y siguen sin entregar las finanzas. Y ya hay inhabilitados por ello”, publicó.
Esta denuncia se fundamenta en un documento oficial emitido por el Centro SICT México, como respuesta a una solicitud de acceso a la información pública. En el oficio, la dependencia informó que, tras una búsqueda en los archivos físicos y digitales bajo resguardo de la Unidad General de Servicios Técnicos, no se encontró ningún documento con las características solicitadas por el peticionario.
La solicitud buscaba obtener copia de autorizaciones, convenios, permisos u oficios que permitieran la construcción y conexión vial del municipio a la autopista federal. La respuesta dejó en claro que no existe ningún registro que respalde legalmente la ejecución de la obra.
Este hecho ha generado preocupación entre la ciudadanía y diversos sectores políticos del municipio, al tratarse de una obra que no solo ha acumulado más de seis años de retrasos, sino que ha absorbido recursos millonarios sin que exista transparencia financiera ni certeza legal sobre su desarrollo.
Sandoval también mencionó que hay funcionarios públicos inhabilitados por su vinculación con el proyecto, incluyendo a la actual alcaldesa María de los Ángeles Zuppa Villegas, quien regresó al cargo pese a haber sido inhabilitada junto a su padre, Ángel Zuppa. Ambos han sido señalados por irregularidades durante la ejecución de la obra.
El tema fue retomado el pasado 4 de junio durante la conferencia de prensa de la presidenta Claudia Sheinbaum, donde se informó que el proyecto, iniciado en la administración de Ángel Zuppa (2018-2021), incrementó su costo de 180 a 400 millones de pesos, y presenta un avance físico del 20 por ciento.
Reportes periodísticos también han señalado que el proyecto se encuentra actualmente en una etapa incipiente, pese al gasto acumulado. El avance técnico ha sido calificado como mínimo, lo que ha elevado las críticas por la falta de supervisión y la opacidad en el manejo de los recursos.
El puente en cuestión tiene como objetivo principal mejorar la conectividad entre el municipio y la autopista México-Querétaro, considerada una de las más transitadas del país. Sin embargo, las condiciones actuales del proyecto han puesto en duda su viabilidad y legalidad.
Hasta el momento, ni la SICT ni otras autoridades federales han emitido declaraciones adicionales sobre el caso, ni han aclarado si existen investigaciones administrativas o penales en curso.
Ante la ausencia de documentos oficiales que autoricen la obra, ciudadanos han comenzado a exigir que se realice una auditoría integral al proyecto, así como la suspensión de trabajos hasta que se regularice su situación legal.
También se ha solicitado que se informe con precisión sobre el destino de los recursos públicos ejercidos y se determine la responsabilidad de los funcionarios implicados en posibles actos de omisión o irregularidades administrativas.
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